El PSC rechaza la oferta de financiación de Mas, pero prepara una contraoferta
· Acuerdo en en el capítulo judicial y en el 'blindaje' competencial

Si hace unas horas el ex presidente Pujol declaraba que "si el viernes no hay Estatut, yo dormiré muy tranquilo", tripartito y CiU han avanzado este jueves en el Parlament en un intento de llegar a un acuerdo para aprobar finalmente el Estatuto. Se ha aprobado el Título III y todos los grupos menos el PP catalán han defendido la técnica jurídica utilizada en el título de Competencias para "blindar" el autogobierno catalán, así como la ampliación del techo competencial. Sin embargo, el PSC ha rechazado la propuesta presentada por Artur Mas en financiación en sus aspectos de financiación local y el cálculo del dinero que se queda en Cataluña el primer año. Los socialistas van a plantear una contraoferta.

29/09/2005
Diariocrítico/Agencias/Madrid

Pese a los avances obtenidos en el Título III e incluso en parte del IV, el espinoso asunto de la financiación autonómica ha vuelto a hacer cundir el pesimismo en el Parlament. La ejecutiva del PSC ha decidido esta tarde rechazar la última oferta sobre financiación presentada por Artur Mas para desbloquear la reforma, ya que los socialistas la consideran "inconstitucional". Pero no todo está perdido, porque el PSC ha anunciado que presentará una contrapropuesta para la votación de esta misma tarde.

La financiación sigue siendo, pues, el gran handicap para sacar adelante la reforma, pero en la sesión de la mañana ha habido avances importantes: se ha aprobado el Título III y se ha avanzado en el IV, aunque la votación conjunta de este título ha quedado aplazada a la espera de una transacción del artículo 125, referente a la Educación, que resuelva el conflicto sobre la laicidad de la enseñanza pública, y a un acuerdo final sobre financiación.

Además, la solución de este artículo resolverá el último conflicto que mantenían los grupos en este título competencial, puesto que el artículo sobre régimen local -que también fue declarado inconstitucional por el dictamen del Consell Consultiu- se aprobara en el pleno con un artículo transaccionado por CiU; ERC e ICV-EUiA, en el que el PSC se ha abstenido, para reservar a la Generalitat "la determinación de las competencias" de los municipios y "la determinación de sus órganos de Gobierno" -a lo que se oponían los socialistas-.

En el debate del este título, el diputado de CiU Ramon Camp explicó que, en los últimos 25 años, "la lectura restrictiva del Estado" en el reparto de competencias ha convertido "en una caricatura" el techo competencial fijado por el vigente Estatut, y ha establecido en "la praxis" que "las decisiones se toman en Madrid". "Como no hay voluntad política, vamos a la seguridad jurídica", añadió Camp, en referencia a la extensión del título competencial y a su blindaje.

Camp denunció, a su vez, que las 47 enmiendas del PSC a este título, que finalmente fueron retiradas en congruencia con el dictamen del Consell Consultiu, "tenían la voluntad de seguir por la vía" de la lectura "restrictiva" del Gobierno central. El diputado de CiU criticó que se aluda siempre "a los 8 años de Gobierno del PP" para argumentar la necesidad de blindaje, y señaló que los años previos del PSOE "fueron los peores", palabras que levantaron protestas y abucheos en los escaños socialistas.

Por su parte, la diputada de PSC-CpC, Lidia Santos, aseguró que, pese a "acatar" el dictamen del Consultiu y "retirar" las 47 enmiendas de su grupo que denunciaban inconstitucionalidades en algunos artículos del título, los socialistas siguen "discrepando" en esos puntos y mantienen "alguna duda más que razonable sobre la constitucionalidad de alguno de los artículos de este título".

También anunció la retirada de las enmiendas socialista que pretendían "compactar" el redactado de cada artículo para "simplificar y ordenar" su contenido, reduciendo la extensión del título, y lamentó que el resto de grupos rechazasen esta propuesta.

Aun así, explicó que el PSC mantenía enmiendas para "acatar las recomendaciones del Consultiu sobre temas interpretativos" y también a artículos como el de régimen local, que fueron finalmente rechazadas.

Sin embargo, Santos defendió la globalidad del título como "una herramienta poderosa para efectuar las políticas que necesitan los ciudadanos" y para "aumentar las competencias catalana explorando los límites, pero siempre dentro de los límites, de la Constitución".

Reconoció que la "técnica legislativa" utilizada para el blindaje "incorpora un modelo totalmente distinto al habitual" en el ordenamiento jurídico español, "con la definición unilateral de la tipología de las competencias y abordando cada materia genérica para establecer en ellas y en sus submaterias el tipo de competencia que se asume".

La 'constitucionalidad del blindaje'

El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, defendió la "constitucionalidad" tanto de esta fórmula acordada por la ponencia redactora, así como del "contenido de las materias" que incluye este título, y recordó que ambas cosas fueron avaladas "en su conjunto" por el dictamen del Consell Consultiu. Ridao reconoció que para su partido "sería mejor modificar la Constitución", pero advirtió que "eso no invalida la opción constitucionalmente posible de modificar el Estatut" y llamó a "no demonizar" este tipo de reformas.

Ridao justificó también la necesidad de ampliar y blindar el techo competencial catalán en el nuevo Estatut por la "expansión abusiva de la legislación básica" del Estado, que en estos años de democracia ha llegado "hasta límites grotescos" y ha "desconstitucionalizado el sistema de reparto competencial", aseguró. Ridao defendió la legitimada de la técnica aplicada para el blindaje y de la amplia extensión del título señalando que ha sido utilizada ya por diversos países europeos.

Asimismo, respondió a las críticas del PP al artículo sobre competencias en en materia de cajas de ahorro cajas: capacidad de tutela en las fundaciones de cajas, cuy interés no es mercantilista, probablemente Rajoy no entendritó ía o no sabe lo que son las cajas de ahorro.

El portavoz parlamentario de ICV-EUiA, Joan Boada, aseguró que este título configura "un cambio radical en el Estado de las autonomías", con "una verdadera devolución del poder a las autonomías" y señaló que es esto precisamente "lo que no les gusta" a los que han expresado hasta hoy su oposición a este apartado.

Boada se congratuló de haber creado, con este título, "una estructura competencial garantista", que "amplía y garantiza el techo competencial catalán", tras "25 años de experiencia" en "lecturas restrictivas" de la Constitución y del Estatut vigente. Para el dirigente ecosocialista, el marco competencial creado con este nuevo Estatut "camina hacia un verdadero Estado federal, que será beneficioso para Cataluña y también para el resto del Estado".

Oposición rotunda del PP

La diputada del PP Maria Angels Olano acusó al resto de partidos catalanes de haber hecho "la Carta a los Reyes" en este capítulo "planteando un Estatut de confrontación" ya desde las promesas de sus campañas electorales, que se vieron ante el desafío de ser aplicadas tras la victoria del PSOE en los comicios generales. Según la diputada popular, en este título "se ha cogido la palabra" de José Luis Rodríguez Zapatero, "que dice que sí a todo el mundo", para "justificar posiciones de máximos, que comenzaban cuando se acababan los argumentos".

Olano aseguró que el PP catalán "también quiere más competencias", pero consideró que "el paquete competencial" establecido en el texto del nuevo Estatut crea "situaciones alejadas de la realidad" y que plantea en realidad "una reforma de la Constitución". La diputada del PP catalán defendió que "no es posible" establecer "desde el Estatut unas cláusulas para definir el límite de las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas", como hace el texto actual, "porque el ordenamiento jurídico del Estado no lo permite".

"El Estatut tiene un límite que no puede traspasar" y que es el que se estipula "en el bloque constitucional", que comprende tanto la Constitución y los Estatutos como "las leyes orgánicas del Estado", que este título del proyecto obliga a reformar en algunos casos, advirtió Olano.

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