El primer acusado en entrar en la Audiencia Nacional fue el ex miembro de la Mesa Nacional de HB y miembro de Xaki José María Olarra, quien se enfrenta a una pena de 15 años de cárcel por un delito de integración en la organización terrorista ETA. A continuación entraron los demás acusados y sus abogados, entre los que se encontraban los principales abogados que defienden a presos de ETA, y los letrados que ejercen la acusación en nombre de la Asociación Víctimas del Terrorismo.

Precisamente, los más madrugadores con diferencia fueron los miembros de esta asociación que asistieron como público. Entre las personas que se desplazaron a la Casa de Campo para asistir a la primera sesión del juicio del "caso Ekin" se encontraba el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, para acompañar al fiscal adscrito al caso, Enrique Molina.

Finalmente la vista oral comenzó pasadas las 10.25 horas, ya que debido al gran número de acusados, abogados y público que debía entrar en la Audiencia con las suficientes medidas de seguridad fue imposible empezar a la hora prevista.

Dos de los abogados defensores, Jone Goirizelaia e Iñigo Iruin, anunciaron que iban a solicitar al suspensión de la apertura del juicio oral. No obstante, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, les pidió que plantearan sus alegaciones después de que la secretaria judicial leyera un extracto del escrito de acusación del fiscal.


El comienzo

La Sección Tercera de lo Penal comenzó a celebrar a las 13.30 horas el macrojuicio, una vez que rechazó la suspensión solicitada por los abogados de la defensa por distintos motivos. Entre las cuestiones alegadas destacó la del letrado Iñigo Iruin, que consideró que la Sala debía haber resuelto un recurso de súplica interpuesto por las defensas el pasado viernes contra el rechazo por parte del tribunal de un incidente de recusación contra varios peritos que comparecerán en la vista a petición de las acusaciones.

Después de más de 50 minutos de deliberaciones, la presidenta de la Sección Tercera, Angela Murillo, hizo público el rechazo del tribunal a las alegaciones de la defensa que pedían la suspensión. En concreto, en lo relativo al incidente de recusación, Murillo explicó que contra el auto del pasado viernes, que consideró "extemporánea" la citada petición, no cabía recurso. Los abogados protestaron esta decisión a efectos de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Antes de la deliberación por parte de los miembros del tribunal, el fiscal adscrito al caso, Enrique Molina, afirmó desconocer el citado incidente de recusación y el consiguiente recurso de súplica interpuesto en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado viernes. Sin embargo, no se opuso a la suspensión de la vista hasta que el tribunal resolviera esta cuestión, lo que finalmente no sucedió. Afirmó que si la Sala acepta finalmente la recusación de los peritos, ello sería causa suficiente de suspensión.

Molina sí que se opuso al resto de argumentos expuestos por las defensas para pedir la suspensión. En sus alegaciones, Iruin recordó que el 27 de enero de este año es la fecha en la que se planteó por primera vez el incidente de recusación. Añadió que el pasado 3 de noviembre, los abogados defensores decidieron insistir en tal petición al no haber recibido contestación de la Sala sobre la misma.

El abogado defensor indicó que el pasado viernes, último día hábil antes del inicio del juicio, la Sala resolvió el incidente de recusación rechazándolo, lo que motivo que acudieran al juzgado de guardia de Plaza de Castilla a interponer un recurso de súplica. Al motivar su petición de suspensión, Iruin dijo que no se trataba de intentar dilatar el inicio de la vista de forma "gratuita", sino de que la Sala resolviera este incidente para poder iniciar la vista "en condiciones".

El abogado de la defensa José María Elosúa consideró que la dación de cuenta efectuada por la secretaria del tribunal, lo que significaba el comienzo del juicio, no fue completa y rigurosa según marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A su juicio, se tenía que haber informado del estado en que se encuentra las pruebas documentales propuestas por las partes así como las piezas de convicción, "imprescindibles" según el letrado para el interrogatorio de testigos.

Entre las pruebas documentales por las que se interesó Elosúa figura el sumario 75/89, que es, en su opinión, el origen del sumario 18/98 instruido por el juez Baltasar Garzón y que ha dado lugar a este juicio. Por su parte, la letrada Arantxa Zulueta se refirió a la incomparecencia de los procesados Unai Hernández Sistiaga, Francisco Aramburu Landa y Peio Jon Sánchez, a los que ella representa. Por este motivo pidió la suspensión de la vista, al entender que sólo se conoce el paradero del último, preso en Francia, mientras que los otros dos están huidos.

Por su parte, el letrado Kepa Landa, en una alegación a la que se sumaron Jone Goirizelaia e Iñigo Iruin, se quejó de que a ninguna de las empresas imputadas por las acusaciones, para las que se piden "sanciones penales con carácter propio y diferenciado", se les ha dado traslado de la causa y "han sido ignoradas" por el tribunal. Goirizelaia, ex parlamentaria de la Cámara Vasca, añadió que el fiscal no ha informado sobre la personación de estas entidades.

Oposición del fiscal

Por su parte, el fiscal se opuso a todas las cuestiones, salvo la relativa a la suspensión por la no resolución del recurso de súplica, y recordó que hay un escrito a disposición de todas las defensas que da cuenta de los testigos propuestos, así como de la prueba documental, mientras que subrayó que no hay obligación de dar cuenta del estado de las piezas de convicción con carácter previo. Rechazó igualmente que haya que suspender la vista porque dos acusados estén en busca y captura.

Asimismo, pidió que se rechazara de plano la alegación relativa a las empresas del Grupo Orain por no tener representación procesal. "Llama la atención que estas empresas se hayan dado cuenta ahora de que contra ellos existe un proceso, sobre todo porque sus administradores son acusados y están sentados en el banquillo", dijo.

La vista contra el entorno de ETA juzgará a 56 miembros de la izquierda abertzale procesados por su presunta vinculación con la banda terrorista y por varios delitos fiscales y contra la Seguridad Social. El Fiscal encargado del caso, Enrique Molina, pide para todos ellos un total de 946 años de prisión.

Se trata de los responsables de KAS y Ekin (considerados aparatos políticos de la banda terrorista) y del aparato internacional, Xaki, así como de la Fundación Joxemi Zumalabe, que promovió distintas iniciativas encaminadas a la desobediencia civil, como la utilización del DNI vasco. Es el más importante de los realizados contra el entorno de ETA, no sólo por el número de acusados, sino también por abarcar a todas las principales plataformas de la izquierda abertzale.


El primer acusado en declarar se niega a declarar

El primer acusado en declarar se negó a contestar a las preguntas del fiscal del caso, Enrique Molina, y de la acusación popular que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Los demás acusados también se acogieron a su derecho constitucional a sólo declarar a las preguntas que les formulen sus defensas.

Así, el primer acusado en declarar, el dirigente de KAS Bixente Askasibar, para quien el fiscal pide 15 años de prisión por un delito de integración en ETA, se negó a contestar a las preguntas del fiscal al considerar que es un "juicio político".

Ante la negativa del acusado, el fiscal procedió a leer las 94 preguntas que tenía pensado hacerle. Emilio Murcia, abogado de la AVT, también procedió a leer las preguntas que tenía previsto realizarle.

Cuando las acusaciones concluyeron, el tribunal suspendió la vista oral hasta las 16.30 horas, para que sea interrogado por su defensa. Previamente, la Sala acordó rechazar todas las cuestiones previas planteadas por los abogados defensores en las que solicitaban la suspensión de la vista oral.

Volver