SUMARIO

Presidencia

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

REAL DECRETO por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

ACUERDO por el se aprueba la concesión de un crédito por importe de 629.716 dólares USA a la República Popular de China para financiar el suministro de equipamiento hospitalario, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la financiación de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

ACUERDO por el que se aprueba la condonación del servicio de la deuda de la República de Nicaragua derivado de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) hasta un límite máximo de 38.919.599,48 dólares USA.

ACUERDO por el que se aprueba la condonación del servicio de la deuda de la República de Honduras derivado de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), hasta un límite máximo de 138.265.342,72 dólares USA.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para la financiación de la línea 1 del metro de Sevilla para el período 2005-2035.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para la financiación de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga, para el período 2005-2037.

Economía y Hacienda

REAL DECRETO por el que se aprueba el Programa anual 2006 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008.

ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 1.085.558,38 euros, para atender el pago de gratificaciones al personal del Cuerpo de la Guardia Civil en virtud de sentencias judiciales, y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio del Interior.

ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 29.284.895,87 euros, para atender al pago de intereses de demora derivados de sentencias anulatorias de liquidaciones de tarifas, practicadas por las Autoridades Portuarias, y se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Fomento.

ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 90 millones de euros, para financiar la compensación adicional a favor de las entidades locales derivada de la reforma del Impuesto de Actividades Económicas, prevista en la disposición adicional segunda de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, y se concede un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un contrato-programa entre la Administración General del Estado y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRT), para la financiación del transporte regular de viajeros de Madrid durante el período 2005-2006.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias, para la financiación del transporte regular de viajeros por carretera en las Islas Canarias para el período 2005-2007.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un contrato-programa entre la Administración General del Estado y la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros durante el período 2005-2006.

ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para vender todas las acciones representativas del capital social de Inisas, Compañía de Seguros y Reaseguros, S. A.

ACUERDO por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que Sepi Desarrollo Empresarial, S. A., venda las acciones que constituyen su participación (51%) en Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A., a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, para posibilitar la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza para la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, a los efectos previstos en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO por el que se toma razón de la ayuda humanitaria de emergencia a Honduras, por importe de 113.000 euros.

ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de cinco millones de euros a El Banco de la Microempresa, S. A. (MIBANCO) de Perú, con cargo al Fondo para la concesión de microcréditos.

ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de dos millones de euros a Micro Crédit National (MCN) de Haití, con cargo al Fondo para la concesión de microcréditos.

ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de un 1.500.000 euros a la Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise (ACME) de Haití, con cargo al Fondo para la concesión de microcréditos.

ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de 1.500.000 euros a la Fundación BESA de Albania, con cargo al Fondo para la concesión de microcréditos.

Justicia

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY ORGÁNICA por la que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal.

Defensa

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del acuerdo técnico número 110.097, relativo a una hélice "Contractec Loaded TIP" (CLT) dentro del MOU EUROPA/ERG nº 1.

Interior

ACUERDO por el que se toma razón de las declaraciones de emergencia para la contratación de las obras y el suministro e instalación de equipamiento técnico y policial en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla.

Fomento

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, tramo Arrazua/Ubarrundia-Legutiano, subtramo II, longitud: 5,2 km.", con un presupuesto de 43.844.897,52 euros, Álava.

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Construcción de plataforma de la línea de alta velocidad León-Asturias. La Robla-Pola de Leva (variante de Pajares). Tramo La Robla-Túneles de Pajares, longitud: 9,4 km.", con un presupuesto de 120.568.014,60 euros, León.

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Ronda de la bahía de Santander, tramo II: Peñacastillo-Cacicedo, longitud: 2,05 km.", con un presupuesto base de licitación de 30.735.756,57 euros, Cantabria.

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Acceso al Puerto de Málaga 2.ª fase, MA-21 a central térmica, longitud: 2,137 km.", con un presupuesto base de licitación de 30.146.394,34 euros, Málaga.

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Acondicionamiento de la Autovía A-7, p.k. 169,26 al p.k. 175,16, tramo: travesía de San Pedro de Alcántara, longitud: 5,96 km.", con un presupuesto base de licitación de 68.632.637,21 euros, Málaga.

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Autovía A-50, tramo: Narros del Castillo-Peñaranda de Bracamonte, longitud: 11,673 km.", con un presupuesto de 40.445.351,85 euros, Salamanca.

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de las obras "Autovía A-50, tramo: Peñaranda de Bracamonte-Villar de Gallimazo, longitud: 12,740 km.", con un presupuesto de 46.637.929,49 euros, Salamanca.

ACUERDO por el que se declara lesivo a los intereses del Estado el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Burgos de 26 de enero de 2004, por el que se fijó el justiprecio de la finca número B2-V023 propiedad de doña Justa Moradillo González afectada por las expropiaciones derivadas del proyecto "Variante Ferroviaria de la línea Madrid-Hendaya en Burgos".

Educación y Ciencia

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Posgrado.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para el desarrollo del programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2005.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para el desarrollo del Programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2005.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Diputación General de Aragón, para el desarrollo del protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2005.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, para el desarrollo del protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2005.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de Galicia para el desarrollo del protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2005.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno de las Illes Balears, para el desarrollo del protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2005.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Gobierno Valenciano para el desarrollo del protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), para el año 2005.

Trabajo y Asuntos Sociales

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamientos para convenios de atención a personas mayores.

Industria, Turismo y Comercio

REAL DECRETO por el que se adapta la normativa sobre ayudas a la construcción naval a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ACUERDO por el que se autoriza al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la suscripción de un convenio de colaboración específico con el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para el desarrollo de las infraestructuras en comarcas mineras del carbón.

ACUERDO por el que se autoriza al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la suscripción de tres convenios de colaboración específicos, uno con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de La Pobla de Lillet; otro con el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y el Consorcio de la Ruta Minera y otro con el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, para el desarrollo de las infraestructuras en comarcas mineras del carbón.

Agricultura, Pesca y Alimentación

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que se establece el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas.

ACUERDO por el que se autoriza la convalidación de un gasto por importe de 15.003.635,35 euros, correspondiente al pago de indemnizaciones del Programa nacional de abandono de la producción lechera en la campaña 2005-2006, incluido en el Plan de reestructuración del sector productor lácteo.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el apoyo al desarrollo racional y sostenible del sector pesquero.

ACUERDO por el que se aprueba el Plan de seguros agrarios combinados para el ejercicio 2006.

Administraciones Públicas

REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional.

REAL DECRETO sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de Sanidad.

Sanidad y Consumo

ACUERDO por el que se autoriza la firma de la Declaración Conjunta de Intenciones entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para llevar a cabo un proyecto en el área de trasplantes de órganos, tejidos y células, por un importe de 840.000 euros.

ACUERDO por el que se aprueba la financiación de tres proyectos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), por importe de 400.000 euros.

Medio Ambiente

REAL DECRETO LEY de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos al aprovechamiento de agua.

ACUERDO por el que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio de Ramsar, relativo a humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, de las siguientes zonas húmedas españolas: Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; humedales del macizo de Peñalara; humedales de la Sierra de Urbión; paraje natural Punta Entinas-Sabinar; reserva natural Complejo Endorreico de Espera; reserva natural Laguna del Conde o el Salobral; reserva natural Laguna de Tíscar; reserva natural Laguna de los Jarales; humedales y turberas de Padul; paraje natural Laguna de Palos y las Madres; reserva natural Laguna Honda; reserva natural Laguna del Chinche; reserva natural Lagunas de Campillos, y paraje natural Brazo del Este, así como la ampliación de la zona Ramsar Doñana y la redefinición de límites de la zona Ramsar laguna y arenal de Valdoviño.

ACUERDO por el que se toma razón de las obras de emergencia para la ejecución de instalaciones de tratamiento con carbón activado en polvo en las ETAP de El Montañés y Cuartillo (Cádiz) por un importe de 150.000 euros.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre el organismo autónomo Parques Nacionales y la Universidad Politécnica de Madrid para la realización del proyecto "Ampliación, seguimiento y actualización del modelo sedimentario de la marisma del Parque Nacional de Doñana".

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Diputación Provincial de Cáceres para la ejecución de actuaciones comprendidas en el Plan de restauración hidrológico forestal y de protección de cauces.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) relativo a la evaluación de las consecuencias medioambientales de la mejora de la calidad de los combustibles para el transporte.

ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de un acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) para el estudio de los efectos del uso del glifosato en el cultivo de maíz transgénico sobre la flora y los artrópodos.

ACUERDO por el que se establecen las cuantías a diferentes Organismos internacionales para el año 2005 (III) en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente, por importe global de 158.815,87 euros.

INFORME sobre los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia

REAL DECRETO por el que se nombra Comisario de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 a D. EMILIO FERNÁNDEZ-CASTAÑO Y DÍAZ-CANEJA.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

REAL DECRETO por el que se nombra Directora General de Relaciones Económicas Internacionales a Dª MARÍA JESÚS FIGA LÓPEZ-PALOP.

CONDECORACIONES

Defensa

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. FRANCISCO JAVIER ARTERO PAMPLONA.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. CÉSAR MURO BENAYAS.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. JUAN CARLOS DOMINGO GUERRA.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. JOSÉ LUIS GIL RUIZ.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. TOMÁS FERRÁNDEZ ARAGÜES.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. ROSENDO ESCRIBANO NAVARRO.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra D. JOSÉ MONASTERIO RENTERÍA.

Educación y Ciencia

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a D. ANTÓN GARCÍA ABRIL.

REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Dª JOSEFA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

REAL DECRETO por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al COLEGIO DE INFANTES DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.

REAL DECRETO por el que se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la ESCOLANÍA DE MONTSERRAT.

Medio Ambiente

MEDIDAS URGENTES PARA REGULAR LAS TRANSACCIONES DE DERECHOS DE AGUA ENTRE CUENCAS DIFERENTES

Beneficiarán a las cuencas del Segura y del Almanzora.

No se modifica la regulación del trasvase Tajo-Segura ni la del Negratín-Almanzora.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la regulación de las transacciones de derechos de agua entre cuencas diferentes, con el fin de disponer de un instrumento más para aliviar el déficit de recursos que pueda presentarse en determinadas zonas de nuestro país.

Tras el pasado año hidrológico 2004-2005, en el que las precipitaciones fueron las más bajas de toda la serie registrada, el inicio del año hidrológico 2005-2006 presentaba una crítica situación de partida en lo que se refiere a las reservas de aguas superficiales embalsadas.

La situación de las reservas para usos consuntivos al inicio del año hidrológico se elevaba a 12.257 hectómetros cúbicos, lo que representa el 34 por 100 sobre la capacidad de almacenamiento. Esta situación supone una disminución de más de veinte puntos porcentuales sobre la situación de inicio del anterior año, doce sobre la media de los últimos cinco años y nueve sobre la media de los últimos diez años.

Las precipitaciones que se han producido en el presente año hidrológico son similares en cantidad a la media histórica. Pese a las lluvias de las últimas semanas, todavía las marcas se hallan lejos de las de la precipitación media anual para el mismo periodo y existe un acusado déficit de precipitaciones, ya que los registros indican que nos encontramos un 30 por 100 por debajo de la situación de normalidad.

No es previsible recuperar el déficit acumulado

Las precipitaciones caídas durante los meses de octubre y noviembre han venido a paliar en parte la situación existente. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de precipitaciones, es difícil que en los próximos meses las lluvias sean tan abundantes como para recuperar el déficit acumulado, por lo que es previsible que la próxima campaña de riego no pueda ser normal, que se debe, asimismo, tener en cuenta para extender a algunos abastecimientos a poblaciones.

Ante esta situación, se hace imprescindible permitir que hoy sea una realidad la posibilidad de llevar a cabo transacciones de derechos del uso del agua que resulten suficientes para paliar el posible déficit de recursos de algunas zonas de nuestro país.

Con la legislación actualmente vigente las transacciones que pueden llevarse a cabo resultan insuficientes. Por ello, resulta crucial abrir la posibilidad de que las mismas puedan ser celebradas por los titulares de derechos al uso de agua de las Zonas Regables de Interés Nacional, ya que los caudales de los que disfrutan se acercan al 80 por 100 de la totalidad de los recursos superficiales existentes.

Al mismo tiempo, y puesto que las zonas potencialmente cedentes están situadas en áreas geográficas pertenecientes a ámbitos distintos de planificación hidrológica, resulta esencial que las transacciones puedan realizarse a través de las infraestructuras de conexión intercuencas, como las existentes entre los embalses Negratín y Almanzora y las destinadas al trasvase Tajo-Segura, ya que, en caso contrario, los costes de transporte del agua las harían económicamente inviables.

Factores que determinan la urgencia de estas medidas

La urgencia en la aprobación de estas medidas viene determinada por un conjunto de factores, de los cuales los dos primeros están relacionados con las cuencas potencialmente receptoras del agua, y el tercero, con las cuencas cedentes.

En cuanto a las cuencas receptoras -la cuenca del Segura y la del Almanzora–, se plantean dos tipos de necesidades: en primer lugar, la urgencia en aliviar el déficit hídrico de determinados cultivos leñosos, en concreto los cítricos, cuya necesidad de agua es crucial en este preciso momento, por razones biológicas, necesidad que se ve agravada ante el insuficiente aporte de agua en el año hidrológico pasado.

Pero a este primer elemento, vinculado al regadío, se une otra insuficiencia en un uso de mayor importancia aun: el abastecimiento de poblaciones; en concreto, el área de la mancomunidad de municipios servidos mediante los recursos del Taibilla, cuya situación presenta unos perfiles tan ajustados que hace imprescindible contar con una mínima reserva de agua ante la eventualidad de que las precipitaciones en el inicio del invierno se reduzcan nuevamente, lo cual entra dentro de lo previsible.

Por lo que se refiere a las cuencas cedentes, la razón de la urgencia se deriva del carácter irreversible de la decisión que adopten los usuarios del agua, decisión que deben tomar en estas fechas, ya que nos encontramos en plena época de siembra y nacimiento de las semillas que darán lugar a los cultivos agrícolas de estas zonas.

Queda claro, por tanto, por las razones apuntadas, que el agua es extraordinariamente necesaria y que lo es en este preciso momento, ya que el aplazamiento de la decisión, que por supuesto es totalmente voluntaria, haría inútiles las medidas contenidas en el proyecto en el próximo futuro. La compensación económica para los cedentes será autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente para que resulte equitativa para ambas partes.

Medio Ambiente

GARANTÍA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN, A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y A LA JUSTICIA AMBIENTAL

Se facilita la interposición de los recursos de los ciudadanos ante la Administración Pública por omisiones o actos contra el medio ambiente

Se regula la acción popular a favor de las ONG y personas sin ánimo de lucro que defiendan el medio ambiente

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la Justicia en materia de medio ambiente.

El texto legal, que ha sido presentado por los Ministerios de Medio Ambiente y Justicia fue estudiado en el mes de julio por el Consejo de Ministros y enviado, para los informes preceptivos, al Consejo del Poder Judicial, al Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado.

Con este nuevo texto se incorpora a la legislación española el Convenio de Aarhus, que obliga a los Estados firmantes a garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de acceso a la información ambiental y a la Justicia en materia de medio ambiente. El Proyecto de Ley se basa en los criterios establecidos por normas básicas como la Constitución Española, la Declaración de Río y las Directivas comunitarias sobre información y participación pública.

Este Proyecto de Ley fue sometido a un periodo de consultas en el que han participado los Gobiernos autónomos y otros sectores implicados, como las organizaciones ecologistas, los agentes sociales presentes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente y varias organizaciones sociales.

En concreto, el 15 de julio de este año la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente dio el visto bueno al texto, que ha sido enriquecido con las aportaciones y sugerencias de todos los que han participado en este proceso.

Participación de los ciudadanos

En materia de acceso a la información, el Proyecto reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas, e impone a las Administraciones la obligación de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos.

Entre los elementos más importantes, se puede destacar la obligación de las autoridades públicas de proporcionar información con la mayor celeridad posible y, en todo caso, en unos plazos máximos de un mes, con carácter general, y de dos meses en el caso de que el asunto sea de gran complejidad. También es reseñable la apuesta por las nuevas tecnologías y la obligación de difusión de información ambiental en casos de amenaza para la salud o el medio ambiente.

Según el texto, la garantía de participación de los ciudadanos se dará contemplando los plazos suficientes para el estudio de propuestas y estableciendo la obligación de las Administraciones de tomar en consideración las observaciones presentadas. Además, se otorga un reconocimiento expreso a las ONG para participar como titulares de los intereses colectivos.

En lo que se refiere al acceso a la Justicia, el texto reconoce el derecho del público a impugnar las decisiones administrativas que vulneren los derechos de información y participación, así como la regulación de la acción popular a favor de las ONG y de personas sin ánimo de lucro, entre cuyos fines esté la defensa del medio ambiente, que podrán impugnar cualquier vulneración de ordenamiento jurídico ambiental imputable a una autoridad pública.

Acción popular

Respecto a la acción popular, se establece que los actos y, en su caso, las omisiones imputables a las Administraciones públicas que vulneren las normas relacionadas con el medio ambiente podrán ser recurridas por personas jurídicas sin ánimo de lucro que reúnan los siguientes requisitos establecidos en la misma Ley (articulo 23): que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente; que cuente con una antigüedad legal de al menos dos años y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos, y que, según sus estatutos, desarrolle su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación o, en su caso, omisión administrativa.

Se trata, en síntesis, de un avance de nuestro sistema democrático, que permitirá que los ciudadanos puedan intervenir activamente en los procesos públicos de toma de decisiones que afectan al medio ambiente y, por tanto, a su salud y a su calidad de vida.

Medio Ambiente

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE LA ONU PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Ministra de Medio Ambiente sobre las conclusiones de XI Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 11) que ha tenido lugar en Montreal (Canadá), entre los días 28 de noviembre y 9 de diciembre, y que ha supuesto un trascendental impulso al proceso multilateral de la lucha contra el cambio climático.

La Ministra ha explicado que los países acordaron iniciar un diálogo formal que permita, de aquí a 2007, sentar las bases de la cooperación a medio y largo plazo en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El primer paso se dará en mayo de 2006 en el modo en que la Secretaría de Naciones Unidas entienda más eficaz, a la vista de las sugerencias que las diferentes partes aporten de aquí hasta mediados de febrero. En este sentido, resulta significativo que por primera vez se contemple que los países en desarrollo puedan adquirir, con carácter voluntario, compromisos de mitigación de sus emisiones, una decisión que fue finalmente apoyada por Estados Unidos.

Nuevos compromisos

En Montreal los países industrializados que, como España, han ratificado el Protocolo de Kioto asumieron que deberán fijar nuevos compromisos de limitación de emisiones para más allá de 2012. Además, se adoptaron los Acuerdos de Marrakech, equivalentes a los procedimientos operativos para la aplicación del Protocolo, incluida la decisión relativa al régimen de cumplimiento que incluye la creación del Comité que evaluará el desempeño de los países y la adopción de las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento.

En la COP 11 se ha acordado un Programa de Adaptación al cambio climático a cinco años, con un calendario general de actividades iniciales, fechas y sesiones para discutir actividades adicionales y revisiones hasta el año 2010. España se ha comprometido a financiar el primer taller regional en Lima, durante la próxima primavera.

A fin de mejorar la aplicación de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), hubo el compromiso de incrementar notablemente los recursos financieros disponibles para el funcionamiento de la Junta Ejecutiva y España destinará 500.000 dólares para el año 2006 del total de los cerca de nueve millones de dólares presupuestados para dicha anualidad. La COP 11 ha dado recomendaciones para fortalecer el apoyo institucional de la Junta, y ha apoyado el denominado MDL de programas, que permitirá favorecer el mayor y creciente compromiso de los Gobiernos anfitriones con una economía baja intensiva en carbono. Asimismo, se han aprobado las decisiones que permiten la definitiva puesta en funcionamiento del mecanismo de Aplicación Conjunta.

Actuaciones de la Delegación Española

La Ministra de Medio Ambiente ha informado también de la actividad negociadora y de coordinación llevada a cabo por la Delegación Española en el seno de la Unión Europea, con actuaciones de gran relevancia como:

La reunión técnica de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), el sábado 3 de diciembre, que permitió intercambiar impresiones sobre el estado de la negociación, preparar la reunión de Ministros Iberoamericanos prevista para el día 7 y concertar las prioridades del trabajo de la RIOCC en 2006.

La reunión de Ministros Iberoamericanos, que aprobó una declaración de apoyo al proceso de diálogo capital para impulsar las posiciones más constructivas dentro del G77. En dicho encuentro, la Ministra de Medio Ambiente presentó y solicitó el respaldo al Programa Iberoamericano de Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación, que permitirá la continuación del trabajo de la red en este campo, dando prioridad inicial a la colaboración en observación sistemática y en recursos hídricos.

La presencia en numerosos "side events", patrocinados por la Unión Europea (presentando los programas nacionales de capacitación, de inversión en mecanismos de flexibilidad o en programas nacionales de impactos y vulnerabilidad), por los sindicatos y por la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones que reúne a las principales empresas privadas con participación activa en los mercados de carbono.

La celebración de reuniones bilaterales con numerosos países (Japón, Brasil, México, Bulgaria, República Checa o Canadá), así como la firma de un Memorando de Entendimiento con Perú y un anexo al firmado el año pasado con Argentina.

Cumplimiento por España del Protocolo de Kioto

La Ministra de Medio Ambiente ha informado también de la necesidad de que España adopte nuevas medidas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero para corregir la tendencia creciente de las mismas, que se mantiene a pesar de las importantes iniciativas adoptadas por el Gobierno desde el inicio de la legislatura. La aprobación y puesta en marcha del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2005-2007, del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2007, del Plan de Energías Renovables 2005-2010 y del Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión deben complementarse con nuevas iniciativas en el ámbito de los transportes, la edificación, la fiscalidad y la cooperación institucional para que España pueda cumplir con el gran compromiso asumido.

Justicia

REFORMA DE VEINTIUNA LEYES PROCESALES, DEL RECURSO DE CASACIÓN Y DE LA DOBLE INSTANCIA PENAL

La reforma legislativa facilitará la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial y reforzará las garantías del justiciable.

Se garantiza la generalización de la doble instancia penal, de acuerdo con lo señalado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El recurso de casación está orientado a la unificación de doctrina ante discrepancias en distintos órganos judiciales, se garantiza la igualdad en la aplicación de la Ley y se evitan resoluciones judiciales contradictorias.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley Orgánica que une en un solo texto las reformas de veintiuna leyes procesales y las modificaciones en el recurso de casación y doble instancia penal, con el fin de iniciar su tramitación parlamentaria y facilitar la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial lo antes posible.

Estas reformas de las leyes procesales desarrollan el modelo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003, fruto de importantes acuerdos alcanzados por los partidos mayoritarios durante la pasada legislatura.

Dicha Ley sentaba las bases de una nueva Oficina Judicial y establecía que el Gobierno elaboraría los proyectos de Ley que fueran necesarios para su desarrollo y para adecuar todas las Leyes procesales a ese nuevo y ambicioso diseño. En definitiva, se persigue el objetivo general de la política del Gobierno en materia de Justicia, que consiste en ofrecer un servicio público de calidad, rápido, eficaz, ágil e igualitario, es decir, no discriminatorio.

La reforma legislativa afecta a la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, y a las Leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Procedimiento Laboral, de Jurisdicción Contencioso Administrativa, del Tribunal del Jurado, de Régimen Electoral General, de Asistencia Jurídica Gratuita, o la de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

Igualmente, se reforman distintos aspectos de otras normas como son las Leyes Hipotecaria, Reguladora del Derecho de Rectificación, de Hipoteca Mobiliaria, de Extradición Pasiva, Cambiaria y del Cheque, de Patentes, de Conflictos Jurisdiccionales, Procesal Militar, sobre Condiciones Generales de la Contratación, Concursal, de Arbitraje, o de Enjuiciamiento Civil del año 2000, así como su antecesora de 1881 en determinados aspectos que permanecen vigentes.

Los objetivos inmediatos de estas reformas son facilitar la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, regular la distribución de competencias entre los Jueces y los Secretarios Judiciales, potenciar las garantías del justiciable o fomentar las buenas prácticas procesales. Al mismo tiempo, garantizan la doble instancia penal y reforman la casación para potenciar su función de unificación de doctrina.

Facilitar la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial

La Oficina Judicial es el conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desarrollo cotidiano de su trabajo. La Nueva Oficina Judicial será el resultado de una ambiciosa reforma para adaptar a los nuevos tiempos y necesidades esa estructura. Se trata, en definitiva, de modernizarla y racionalizarla, de dotarla de mejores herramientas de trabajo y optimizar la gestión de los recursos personales y materiales a su cargo.

La propia Ley Orgánica del Poder Judicial contemplaba que la puesta en marcha de la nueva estructura habría de realizarse bajo los principios de "agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre las Administraciones".

Estos objetivos sólo pueden conseguirse si se establece una nítida distribución de funciones entre los distintos agentes que intervienen en el proceso, dotando a los jueces de las funciones que en verdad les otorga la Constitución: el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

El diseño de la nueva Oficina Judicial libera a los jueces de cualquier labor burocrática, permitiéndoles dedicar todo su tiempo a dictar sentencias y resolver los litigios que tienen encomendados.

Distribución de competencias entre Jueces y Secretarios Judiciales

Pieza clave en los objetivos de la nueva Oficina Judicial es la figura del Secretario Judicial, que ha estado desaprovechado en la legislación vigente y que se refuerza como un especialista de alto nivel de competencia. Desde este momento se convierte en piedra angular de la Oficina Judicial de nuevo diseño.

Los objetivos de este Proyecto redundarán en una mayor eficacia y agilidad de la Justicia, consiguiendo la resolución final de los asuntos en un tiempo notablemente inferior al que transcurre en la actualidad. En definitiva, se trata de responder a la demanda ciudadana de tener un mejor servicio público a la hora de acceder a la Justicia.

Permanece dentro del ámbito de las competencias de los jueces y tribunales la incoación del procedimiento mediante la admisión de la demanda, la denuncia o la querella. No obstante, antes de que el Juez o el Tribunal se pronuncien sobre las admisiones el Secretario Judicial podrá comprobar el cumplimiento de todos los requisitos formales necesarios, facilitando la labor de los anteriores.

En cuanto a la terminación del procedimiento, la reforma también faculta al Secretario Judicial para que pueda dictar decreto que ponga fin al mismo cuando exista una falta de actividad por las partes o se haya llegado a un acuerdo.

Potenciación de las garantías del justiciable

Además de los objetivos mencionados, las reformas legislativas que introduce el presente Proyecto incluirán otras mejoras en el ordenamiento jurídico español dirigidas a aumentar las garantías de los justiciables.

Así, mediante modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Tribunal del Jurado, se ha introducido la grabación obligatoria en vídeo de las sesiones del juicio oral, cuando se trate de delitos. En relación con los juicios laborales y contencioso-administrativos, la grabación se prevé sólo para aquellos supuestos en que se cuente con medios materiales necesarios.

Fomento de las buenas prácticas procesales

Esta amplia reforma de veintiuna leyes de procedimiento introducirá, además, los mecanismos necesarios para evitar que se produzcan múltiples actuaciones judiciales con el mismo objeto, haciendo todo lo posible para lograr una acumulación efectiva de acciones, procesos, recursos o ejecuciones en un mismo procedimiento.

Una vez más, la figura del Secretario Judicial se sitúa como pieza central de la nueva Oficina Judicial, dotándoles de competencia para el señalamiento de vistas judiciales. La gestión de la "agenda programada", desde un servicio común y centralizado creado al efecto, conseguirá no sólo racionalizar la fijación de fechas de vista de las causas, sino además optimizar la gestión de los espacios y las salas.

Igualmente, se acomete la modificación de todo lo relativo a la casación en los cuatro órdenes jurisdiccionales con el fin de adaptar la regulación del trámite a las nuevas competencias de los Secretarios Judiciales y a la nueva organización de la Oficina Judicial. También regula la apelación para garantizar la doble instancia penal.

Generalización de la segunda instancia penal

Uno de los objetivos de la presente reforma procesal es culminar la generalización de la segunda instancia penal, para lo que se amplía el recurso de apelación, que se extiende a todo tipo de delitos, incluyendo las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Con ello, se cumple con lo señalado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

El nuevo recurso de casación para unificación de doctrina

En relación con el nuevo tratamiento del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se trata de un perfeccionamiento técnico a la luz de la experiencia de los últimos veinticinco años. Su finalidad es la mejora de la Administración de Justicia y se aplicará únicamente en las infracciones que se pudieran haber producido en la aplicación del ordenamiento jurídico estatal.

Se trata de un recurso orientado a la unificación de doctrina con motivo de discrepancias de los órganos judiciales inferiores y permite que quede garantizada la igualdad en la aplicación de la Ley entre diferentes tribunales, evitando las contradicciones en las resoluciones judiciales, lo que repercutirá en una Justicia más eficaz e igualitaria.

Además de esta casación para unificación de doctrina en Derecho estatal, se regula el recurso de casación para unificación de doctrina ante los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Estos Tribunales Superiores serán los órganos encargados de depurar las infracciones en la aplicación de las normas de las propias Comunidades Autónomas, consiguiendo un reparto equilibrado de tareas por parte de los distintos órganos judiciales, con lo que se evita así el colapso por exceso de trabajo.

Al mismo tiempo, se pretende que la simple admisión a trámite o la resolución de uno de estos recursos de casación no se demore durante años. Como consecuencia, se agilizará el funcionamiento del sistema y de sus garantías, permitiendo que la prestación del servicio se desarrolle dentro de la normalidad, lo que incrementa la eficacia del sistema judicial para la resolución de conflictos.

La casación en la jurisdicción civil

La nueva configuración del recurso de casación permitirá al Tribunal Supremo unificar las resoluciones contrarias a la jurisprudencia del propio Tribunal, o a la doctrina del Tribunal Constitucional, o las contradicciones entre las Audiencias Provinciales, además de fijar jurisprudencia sobre normas nuevas.

Se suprime el denominado "recurso extraordinario por infracción procesal", que había sido objeto de numerosas críticas. Su aplicación fragmentaba la casación, obligando a elegir entre motivos de impugnación, sustantivos o procesales, que resultaba muy polémica. Fue introducido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin embargo, no ha llegado a aplicarse en casi cinco años de vigencia.

Igualmente, se amplía la competencia de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia para ocuparse del recurso de casación para la unificación de doctrina en asuntos de derecho propio de las Comunidades Autónomas, no sólo del Derecho histórico y sus actualizaciones.

Se crea también un recurso de casación en interés de la Ley cuya interposición recaerá en el Ministerio Fiscal, sin que afecte a situaciones particulares, cuya finalidad es formar jurisprudencia sobre las normas aplicables al proceso.

La casación en el orden penal

La Sala Segunda del Tribunal Supremo será la encargada de unificar los pronunciamientos contrarios a la jurisprudencia del Alto Tribunal o aquellos que surjan entre diferentes Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. Los hechos no pueden ser alterados en casación.

En el primer filtro para determinar si la resolución es recurrible, en el momento mismo de su preparación ante el Tribunal que dictó la sentencia que se pretende recurrir, se intensifica el control de la Sala de instancia sobre los requisitos que debe cumplir.

El recurso de casación en la jurisdicción contencioso-administrativa

Se establece una distinción entre el recurso de casación contra las resoluciones de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y contra aquellas que provengan de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo se encargará de la unificación de doctrina de las normas estatales y los Tribunales Superiores de Justicia lo harán en relación con la interpretación y aplicación del ordenamiento autonómico.

En el recurso de casación contra resoluciones de la Audiencia Nacional, éste depurará las infracciones que pudieran cometerse por contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucional o la jurisprudencia del Tribunal Supremo, o cuando afecten a un gran número de situaciones, o la cuestión suscitada transcienda del caso en que se ha dictado.

El recurso de casación contra resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia servirá para subsanar las contradicciones únicamente en la aplicación de normas estatales entre sentencias emanadas de los Tribunales Superiores de Justicia. Se excluyen las cuestiones referentes a personal, materia electoral y derecho de reunión.

Por otra parte, se fortalece la función unificadora del derecho propio de las Comunidades Autónomas que realizan las diversas Salas de los Tribunales Superiores y se incluye la posibilidad de crear una sección específica cuando el número de asuntos a tratar así lo demande.

Economía y Hacienda

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Fomenta la productividad al eliminar barreras de entrada al mercado de la contratación pública y aumenta la competencia. También introduce criterios sociales y medioambientales.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, cuyos objetivos principales son los de trasponer la Directiva comunitaria de coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos, contribuir a la estrategia de impulso a la productividad eliminando barreras de entrada al mercado de la contratación pública y aumentando la competencia, e introducir en la legislación nacional la utilización de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación.

El Anteproyecto de Ley es complementario y congruente con los planteamientos de impulso a la productividad, en la medida que se concibe como un instrumento para promover la concurrencia en el ámbito europeo y mundial, y se configura como un instrumento de apoyo a las políticas sociales y medioambientales desarrolladas por los poderes públicos.

Los principios que se desarrollan en el Anteproyecto de Ley son los de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad y transparencia.

En definitiva, el Anteproyecto implica una profunda modificación estructural del mercado de la contratación pública y realiza aportaciones directas a la flexibilidad y modernización de la economía en la línea marcada por el Programa Nacional de Reformas.

En este sentido, el Anteproyecto de Ley introduce las siguientes novedades:

Impulso a la productividad

Se suprimen las barreras de entrada y se reducen los costes para los licitadores:

La garantía provisional del 2 por 100 del presupuesto de licitación deja de ser preceptiva.

La presentación de documentación previa a la adjudicación se limita a un certificado del registro de licitadores.

Publicidad electrónica gratuita, con valor legal en determinados supuestos.

Acceso a la documentación, pliegos, proyectos, etcétera por vía electrónica.

Facilidades para la contratación electrónica.

Nueva regulación de la subcontratación para facilitar el acceso de la PYME al mercado de compras públicas.

Se flexibilizan y perfeccionan los procedimientos:

Se incorporan nuevas figuras para la adjudicación de contratos que permiten una selección más adecuada del procedimiento de adjudicación de cada contrato:

Negociado con publicidad, para contratos de hasta un millón de euros en obras y de hasta cien mil euros en otros contratos.

Diálogo competitivo para contratos especialmente complejos.

Subasta electrónica, que permite la mejora en tiempo real de las proposiciones.

Se introducen nuevos mecanismos para la racionalización de la contratación.

Acuerdos marco, que fijan condiciones para celebrar contratos singulares.

Sistemas dinámicos de adquisición. Permiten la presentación de ofertas indicativas en cualquier momento que habrán de tenerse en cuenta en las futuras licitaciones.

Centrales de contratación, con adquisición centralizada de bienes y servicios para distintos usuarios.

Nuevo contrato típico, de colaboración público-privada que permite el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista y que la financiación sea anticipada por el sector privado.

Apuesta decidida por la contratación electrónica y el I+D+i

Crea el marco legal para el desarrollo de la contratación electrónica, establece normas sobre los medios de comunicación y define la equivalencia entre documentos escritos y electrónicos.

Asume la utilización de internet para publicitar la programación del órgano de contratación, con valor legal y consecuencias en la reducción de plazos.

Crea una plataforma de contratación del Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor legal, se tramitarán las solicitudes de registro y de clasificación y se obtendrán los certificados correspondientes. Esta plataforma proporcionará otros servicios (licitación y contratación centralizada, registro público de contratos, arquitectura de componentes para desarrollo de aplicaciones interoperables de contratación, provisión de aplicaciones específicas).

Regula fórmulas específicas de contratación de los organismos públicos de investigación para garantizar la obtención de retornos tecnológicos e industriales y su adecuada participación en la concurrencia internacional por los proyectos de investigación, que permita acceder a fuentes financieras adicionales para proyectos científicos.

Define regímenes especiales para los contratos ligados a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el acceso a revistas y bases de datos electrónicas.

Aspectos sociales y medioambientales

El Anteproyecto de Ley permite la introducción de criterios de naturaleza social y medioambiental en las condiciones de ejecución del contrato como, en particular:

Combatir el paro

Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral

Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado.

Facilitar la formación en el centro de trabajo.

Cumplimiento de condiciones de carácter medioambiental.

Introducción específica de características medioambientales (etiquetas ecológicas, etcétera).

El Anteproyecto de Ley prevé, además, que el incumplimiento de estas condiciones dé lugar a la resolución del contrato o a penalizaciones económicas proporcionadas al incumplimiento, situando estas condiciones de tipo social o medioambiental como obligaciones esenciales del contrato.

Medio Ambiente

NORMAS PARA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL

Se elaborarán mapas estratégicos de ruido y se adoptarán planes para prevenir y reducir este tipo de ruido.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la Ley del Ruido de 2003, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

Este Real Decreto tiene por objeto la evaluación y gestión del ruido ambiental, con la finalidad de prevenir, reducir o evitar los efectos nocivos, incluyendo las molestias derivadas de la exposición al ruido ambiental, según el ámbito de aplicación de la directiva comunitaria que se incorpora. Se desarrollan los conceptos del ruido ambiental y sus efectos y molestias sobre la población, junto a una serie de medidas que permiten la consecución del objeto previsto como son los mapas estratégicos del ruido, los planes de acción y la información a la población.

En consecuencia, supone un desarrollo parcial de la Ley del Ruido, ya que ésta abarca la contaminación acústica producida no sólo por el ruido ambiental, sino también por las vibraciones y sus implicaciones en la salud, bienes materiales y medio ambiente, en tanto que este Real Decreto sólo comprende la contaminación acústica derivada del ruido ambiental y la prevención y corrección, en su caso, de sus efectos en la población.

Mapa del ruido

Para el cumplimiento de su objeto se regulan determinadas actuaciones como son la elaboración de mapas estratégicos de ruido para determinar la exposición de la población al ruido ambiental; la adopción de planes de acción para prevenir y reducir el ruido ambiental y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, así como poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus efectos, y aquella de que dispongan las autoridades en relación con el cartografiado acústico, y los planes de acción derivados en cumplimiento del mismo.

La Ley del Ruido tiene por objeto la regulación de la contaminación acústica para evitar y, en su caso, reducir, los daños que pueda provocar en la salud humana, los bienes o el medio ambiente. Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones que impliquen molestia o daños para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos en el medio ambiente.

Se incorporan en la Ley las previsiones básicas de la Directiva Comunitaria de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, previsiones que ahora se desarrollan, y se completa la incorporación de la norma comunitaria sobre ruido ambiental.

Presidencia

CONVENIO PARA LA FINANCIACIÓN DE LA EXPO 2008 EN ZARAGOZA

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de un Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para la financiación de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

El 26 de noviembre de 2004, el Gobierno de la Nación, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza firmaron un Protocolo General para la financiación de la Exposición Internacional de 2008 en el que se fijaba el marco de colaboración de las administraciones implicadas.

El Convenio que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros tiene como objeto desarrollar dicho Protocolo General y concretar los compromisos financieros y de inversión de las tres Administraciones en la financiación de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008.

Dentro de los compromisos conjuntos asumidos por las tres administraciones en el Convenio de Colaboración para la Expo se encuentra el de contribuir a la adecuación de los terrenos del llamado "Meandro de Ranillas", fuera del Recinto Expo. La Administración del Estado se ha comprometido a financiar el 70 por 100, de estas obras, mientras que Diputación y Ayuntamiento asumirán a partes iguales el 30 por 100 restante.

La sociedad estatal Expoagua Zaragoza 2008 será la responsable de la gestión de los proyectos relacionados con el recinto e instalaciones de la Exposición, además del evento en sí mismo. Financiará sus actuaciones con ingresos propios, operaciones de endeudamiento y los derivados de la explotación de los activos resultantes una vez terminado el evento.

Se constituirá una Comisión de seguimiento y coordinación de los acuerdos suscritos en el presente convenio que estará compuesta por el Director General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, directores generales de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, y representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación General de Aragón y un Director General de la Sociedad Estatal Expoagua.

La Vicepresidenta Primera, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno presidirá mañana sábado, día 17, en el Meandro de Ranillas (Zaragoza), la firma de este Convenio.

Economía y Hacienda

FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS PARA MADRID, BARCELONA Y CANARIAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de los Contratos-Programa de Madrid y Barcelona y el Convenio de financiación del transporte regular de viajeros por carretera en las Islas Canarias.

Contratos- Programa de Madrid y Barcelona

Los Contratos-Programa destinados a la financiación del transporte de Madrid y Barcelona se caracterizan por extender la aportación presupuestaria de la Administración General del Estado a todo el ámbito de actuación de las autoridades de transporte, que en el caso de Madrid es el Consorcio Regional de Transportes y en Barcelona la Autoridad del Transporte Metropolitano.

La vigencia de estos nuevos Contratos-Programa abarca los años 2005 y 2006 y la aportación conjunta de la Administración General del Estado para ambas ciudades superará los 294 millones de euros en 2005 y los 305 millones de euros en el año 2006, tal y como puede verse en el cuadro siguiente:

Convenio con Canarias

En el caso de Canarias, el Convenio que ha autorizado el Consejo de Ministros sustituye a la figura de los Contratos-Programa, ya que se ha considerado más operativo el esquema de que las aportaciones de la Administración General del Estado se entreguen a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que actuará de rótula financiera del sistema mediante la suscripción a posteriori de Convenios específicos con las autoridades competentes en materia de transporte de cada una de las islas que configuran el archipiélago canario.

El período de vigencia de este Convenio se extiende a los años 2005 a 2007, si bien se regulariza igualmente el ejercicio 2004. Las aportaciones del Estado se elevan a 90 millones de euros para los cuatro años, lo que supone 22,5 millones de euros anuales.

Antecedentes

Tras la publicación de la Ley de Haciendas Locales en el año 1989 la Administración General del Estado ha venido apoyando el uso del transporte público colectivo mediante tres instrumentos: una subvención global que se distribuye según unos parámetros recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio entre los Ayuntamientos que disponen de servicios de transporte urbano, los Contratos-Programa para las ciudades de Madrid y Barcelona, y los Convenios de Financiación de Infraestructuras de transporte. Adicionalmente, a partir del año 1996, y como consecuencia de la modificación del artículo 8 de la Ley de Régimen Fiscal de Canarias, se firmaron Contratos-Programa específicos para cada una de las Islas Canarias.

Economía y Hacienda

MÁS DE 393 MILLONES PARA FINANCIAR LOS METROS DE SEVILLA Y MÁLAGA

El Consejo de Ministros ha aprobado la suscripción de dos Convenios de Colaboración entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía para la financiación de los metros de Sevilla y Málaga, respectivamente.

Convenio metro de Sevilla

En este Convenio el Estado cofinancia el coste de la infraestructura y superestructura así como el material móvil necesario para la puesta en servicio de la línea 1 del metro de Sevilla. Su vigencia coincide con el de la duración de la concesión, por lo que se extiende desde el año 2005 al ejercicio 2035.

La aportación total del Estado asciende a 218 millones de euros y el calendario de aportaciones tiene en cuenta que, durante el período de construcción, la Junta de Andalucía aporta una subvención de capital destinada a reducir la tarifa técnica de equilibrio, y durante el resto del período concesional completa con recursos presupuestarios la parte de la citada tarifa técnica de equilibrio no cubierta con las tarifas pagados por los usuarios.

Convenio metro Málaga

En el caso de Málaga, el Estado cofinancia igualmente el coste completo de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga, según un esquema similar al de Sevilla, con una aportación de 175,1 millones de euros a desembolsar en el período 2005–2037.

El calendario de aportaciones del Estado durante el período de vigencia de ambos Convenios es el siguiente:

Agricultura, Pesca y Alimentación

CASI 240 MILLONES PARA SUBVENCIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS AGRARIOS

Esta cantidad prevista para 2006 supone un crecimiento próximo al 7 por 100 respecto al ejercicio anterior.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2006, por el que se destinan 239,87 millones de euros para subvencionar a los agricultores, ganaderos y acuicultores, lo que facilitará a los más de 400.000 asegurados que se espera que contraten el seguro, el acceso a la protección de sus producciones contra los riesgos de la naturaleza.

Dicha dotación, que representa un crecimiento próximo al 7 por 100 respecto al ejercicio anterior, permitirá consolidar las subvenciones concedidas a los productores agrarios.

Este Plan, que ha sido elaborado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) atendiendo a los criterios acordados con las Organizaciones Profesionales Agrarias, las Comunidades Autónomas y las entidades aseguradoras, contempla actuaciones destinadas a perfeccionar el sistema en aquellos aspectos susceptibles de mejora, partiendo de la evaluación de la situación actual.

Las principales actuaciones que está previsto desarrollar durante el ejercicio 2006 están orientadas, especialmente, a incrementar la protección del sector ganadero ante riesgos zoosanitarios. En este mismo año se procederá al establecimiento de una línea experimental de "seguro de explotación", destinada a proteger el conjunto de la actividad agrícola ante riesgos naturales. Mediante la inclusión de dicho seguro, se da respuesta a los compromisos políticos adquiridos en esta materia con el sector.

En el próximo ejercicio se concederá la máxima prioridad al desarrollo de los estudios técnicos que permitan la futura implantación del seguro de incendios forestales.

Junto a diferentes novedades específicas que dan respuesta a demandas concretas formuladas desde distintas comunidades autónomas, se continuarán los trabajos que vienen desarrollándose en el "Observatorio de la Calidad del Seguro Agrario", con objeto de incrementar el grado de satisfacción de los usuarios del sistema de seguros por el servicio recibido.

Al igual que en años anteriores, el Plan incluye un artículo en el que se especifica que no se concederán ayudas extraordinarias por daños ocasionados a las producciones agrarias por riesgos asegurables, es decir, "aquello que es asegurable no es indemnizable".

Nuevas líneas de seguros y riesgos

Las novedades que en materia de coberturas se incorporan al Plan se concretan en la inclusión de la cobertura de la helada primaveral en el seguro de caqui y el establecimiento de un seguro específico para membrillo, con inclusión de la cobertura de la helada.

Asimismo, se incluye el establecimiento de un "seguro de explotación", de carácter experimental, para aquellas explotaciones incluidas en el registro de explotaciones prioritarias.

En el ámbito de la ganadería se definirá una nueva línea de aseguramiento para ganado vacuno, que incluirá una garantía específica para la compensación por daños de fiebre aftosa.

Otra de las novedades en el sector ganadero es el establecimiento de una modalidad de contratación como "seguro renovable" para el seguro de destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, así como la implantación de un seguro específico para avicultura de puesta e incorporación de los pavos en el seguro de ganado aviar de carne y la incorporación de la corvina en el seguro de acuicultura marina.

Industria, Turismo y Comercio

MÁS DE DIECINUEVE MILLONES PARA CONVENIOS DEL PLAN DEL CARBÓN CON ASTURIAS, CATALUÑA Y ANDALUCÍA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras a suscribir cuatro convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Asturias, Cataluña y Andalucía, por un importe conjunto superior a los 19,4 millones de euros, para el desarrollo de las infraestructuras en comarcas mineras de dichas Comunidades Autónomas.

El primero de los Convenios se firmará con la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias y se prolongará durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Por su parte, otros dos Convenios serán suscritos con el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña, uno de los cuales también será firmado por el Ayuntamiento de La Pobla de Lillet y el otro por el Consorcio de la Ruta Minera. Finalmente, el cuarto Convenio corresponderá a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. Los Convenios con Cataluña y Andalucía se prolongarán durante los años 2005 y 2007.

Los cuatro Convenios responden a la ejecución de lo previsto en el Real Decreto de 26 de diciembre de 2997 por el que restablecía un régimen de ayudas para la minería del carbón y desarrollo alternativo de las zonas mineras. Su desglose es el siguiente por Comunidades Autónomas:

Convenios Plan Carbón

Fomento

TRAMO ARRAZUA/UBARRUNDIA-LEGUTIANO DE LA ALTA VELOCIDAD VITORIA-BILBAO-SAN SEBASTIAN

Son las primeras obras de esta línea, que unirá las tres principales capitales vascas

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras de plataforma del tramo Arrazua/ Ubarrundia-Legutiano (subtramo II), perteneciente a la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián, y situado en la provincia de Álava.

Las obras, que serán licitadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, cuentan con un presupuesto de licitación de 43.844.897,52 euros y un plazo de ejecución de veintisiete meses.

Con la licitación de estas obras, que son las primeras que se autorizan en la referida línea que unirá las tres principales capitales vascas, el Gobierno impulsa la vertebración territorial del país mediante el desarrollo de una red ferroviaria mallada de alta velocidad.

Características técnicas

El trazado, de 5,2 kilómetros de longitud, discurre por los municipios de Arrazua/Ubarrundia, Vitoria/Gasteiz y Leguitano, todos ellos en la provincia de Álava. Se ha diseñado para doble vía de alta velocidad, con ancho internacional y con posibilidad de uso para tráfico mixto.

Como elementos singulares en este subtramo hay que destacar el viaducto sobre el enlace de Miñano y el puente sobre el río Rejalza, que contarán con 208 y 139 metros de longitud, respectivamente. También hay un paso inferior bajo la autopista Vitoria/Gasteiz-Eibar, de 139 metros, y otros tres viaductos de menor longitud. En el tramo sólo hay un túnel, el de Luko, con una longitud de 970 metros y una sección de 95 metros cuadrados.

El contrato incluirá también las actuaciones complementarias necesarias para la ejecución de las obras, tales como movimientos de tierra, obras de drenaje, estructura, túneles, reposición de servicios y servidumbres afectados, lo que incluye las transversales que aseguran la permeabilidad viaria de la línea.

Fomento

TRAMO LA ROBLA-TÚNELES DE PAJARES DE ALTA VELOCIDAD LEÓN-ASTURIAS

Con este tramo el 69 por 100 de la Variante de Pajares está en obras

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras de construcción de la plataforma del tramo La Robla-Túneles de Pajares, perteneciente a la Variante de Pajares de la Línea de Alta Velocidad León-Asturias.

Las obras, que serán licitadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, cuentan con un presupuesto de licitación de 120.568.014,60 euros y un plazo de ejecución de veintiséis meses.

Esta actuación se enmarca en el seno de la política de infraestructuras del Gobierno, tendente a la vertebración territorial del país mediante el desarrollo de una red ferroviaria mallada de alta velocidad. Cabe recordar que este proyecto se incluye en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), elaborado por el Ministerio de Fomento.

La denominada Variante de Pajares, de la que forma parte el tramo autorizado hoy, constituye el eje central de la línea de Alta Velocidad que unirá en un futuro próximo las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Asturias, a través de los Túneles de Pajares.

De este modo, de los aproximadamente cincuenta kilómetros que forman el total de la Variante se encuentran ya en obras veinticinco kilómetros, a los que hay que sumar los 9,4 kilómetros de las obras autorizadas hoy. Es decir, el 69 por 100 de la Variante de Pajares se encuentra ya en distintas fases de obra.

Características técnicas

La longitud del tramo La Robla-Túneles de Pajares es de 9,4 km. El trazado discurre por los municipios de Cuadros, La Robla y La Pola de Gordón, todos ellos en la provincia de León.

Se ha diseñado con ancho de vía internacional para la doble vía de alta velocidad, y se incluye este tramo el enlace con la actual línea León-Gijón, a la salida de la estación de La Robla.

Como elementos singulares hay que destacar los túneles de Castro (493 m.), Alba (1.132 m.), Peredilla (711 m.), Buen Suceso I (736 m.), Buen Suceso II (251 m.) y Nocedo de Gordón (701 m.), todos ellos de vía doble, ejecutados por métodos convencionales, y secciones libres de 85 ó 90 metros cuadrados. También se construirán los viaductos de Ollero (152 m.), Alba (269 m.) y Huergas (396 m.).

El proyecto contiene, igualmente, las actuaciones complementarias necesarias para la ejecución de las obras de infraestructura, tales como movimientos de tierra, estructuras, túneles, reposición de los servicios y servidumbres afectadas, y la construcción de conexiones transversales que aseguran la permeabilidad viaria de la línea, además de las correspondientes obras de drenaje.

Fomento

DOS TRAMOS DE LA AUTOVÍA A-50 EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras de dos tramos de la Autovía A-50, de Ávila a Salamanca, por un presupuesto total de licitación de 81.234.165,17 millones de euros. Se trata de los tramos Narros del Castillo- Peñaranda de Bracamonte y Peñaranda de Bracamonte-Villar de Gallimazo, ambos situados en la provincia de Salamanca y con una longitud total de 24,34 kilómetros.

Los tramos forman parte del itinerario de la Autovía A-50 que conectará por el sur con la autopista de peaje AP-51 y con la Autovía del Noroeste A-6. Por el norte, enlaza con la Autovía A-62 de Castilla y la Autovía A-66 de la Ruta de La Plata a su paso por Salamanca. Se contribuye así a mejorar la comunicación entre el Centro y el Oeste de la Península.

La sección tipo básica en el tronco de la Autovía estará compuesta por dos calzadas de 7,00 m de anchura, en las que se alojarán dos carriles de circulación de 3,50 m, arcenes exteriores de 2,50 m e interiores de 1,00 m, a los que se adosarán sendas bermas de 1,00 m de anchura. La mediana tiene un ancho de 10,00 m.

Narros del Castillo-Peñaranda de Bracamonte

El presupuesto base de licitación de este tramo asciende a 38.423.561,93 euros. El tramo tiene una longitud total de 11,6 kilómetros. El trazado se inicia en el cruce con la carretera AV-P-129 de Flores de Ávila, al norte de la carretera N-501. En dicha carretera se sitúa el único enlace previsto a lo largo del tramo.

Pasados unos 800 metros, la autovía cruza la actual carretera N-501, para posteriormente discurrir al sur de dicha carretera hasta llegar al sur del municipio de Cantaracillo. La autovía cruza a lo largo de su recorrido varios cauces, destacando entre ellos el río Trabancos, salvado mediante estructura.

Asimismo, se han proyectado un total de dieciocho estructuras de diferente tipología a lo largo del trazado, puente en enlace, pasos superiores e inferiores de caminos y sobre ríos y arroyos. Por lo tanto, la permeabilidad transversal queda garantizada mediante pasos superiores e inferiores, además de las estructuras en los cauces y las distintas obras de drenaje diseñadas.

Peñaranda de Bracamonte-Villar de Gallimazo

Este segundo tramo tiene un presupuesto base de licitación que asciende a 42.810.603,24 euros. El tramo tiene una longitud de 12,74 kilómetros y comienza en las proximidades de la población de Peñaranda de Bracamonte (punto kilométrico 51,1 de la N-501).

A continuación, cruza la carretera N-501 mediante un paso superior de la nacional, situándose al norte de dicha carretera. Se desarrolla en sentido este-oeste cercano a Peñaranda de Bracamonte, donde se situará un enlace en la intersección con la carretera autonómica CL-610 en el punto kilométrico (p.k.) 2,5.

Posteriormente, se cruza la carretera autonómica SA-801 en el p.k. 3,9 donde se emplaza un paso superior para darle continuidad a la misma. Después el trazado continúa, cruzando la línea del ferrocarril Ávila-Salamanca mediante un paso inferior y, posteriormente, atraviesa la carretera que conecta la N-501 con la población de Villar de Gallimazo, donde se ubica el segundo enlace del tramo. Finalmente, la autovía termina conectando con el tramo siguiente, Villar de Gallimazo-Encinas de Abajo.

Se han proyectado un total de trece pasos superiores y dos pasos inferiores, por lo que, la permeabilidad transversal queda garantizada.

Fomento

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA (MÁLAGA)

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento las obras del acondicionamiento de la Travesía de San Pedro de Alcántara, perteneciente a la Autovía del Mediterráneo, A-7, que discurre en su totalidad por el Término Municipal de Marbella en la provincia de Málaga. El presupuesto base de licitación asciende a 68.632.637,21 euros.

Características técnicas

La actuación comienza al Suroeste de la población de San Pedro de Alcántara, enlazando con el tramo anterior de la Autovía A-7 del Mediterráneo. Su trazado discurre actualmente en travesía por dicha población y mantiene el trazado de la antigua carretera N-340, hasta finalizar en las proximidades de Puerto Banús.

Las obras consisten, principalmente, en eliminar, en la medida de lo posible, las intersecciones a nivel existentes, soterrando el tronco de la vía a su paso por la población de San Pedro de Alcántara.

Para acometer el proyecto el trazado se ha dividido en dos tramos:

Tramo 1:

En el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0,000 al 3,700 se procederá a diseñar un enlace con dos partes:

En la glorieta Sur los ramales de salida y entrada sentido Málaga (ramales 3 y 4), la conexión con la urbanización Guadalmina Baja, la denominada circunvalación Sur de San Pedro de Alcántara y la conexión Sur con la glorieta de El Ingenio (vía de servicio unidireccional).

En la glorieta Norte confluyen los ramales de entrada y salida sentido Cádiz (ramales 1 y 2), la conexión con la urbanización Guadalmina (vía de servicio N-1) bidireccional y la conexión Norte con la glorieta de El Ingenio (unidireccional).

Una vez salvado este enlace 1 y sus ramales el tronco principal penetra en falso túnel bajo la travesía de San Pedro de Alcántara.

El origen del túnel se sitúa en el punto kilométrico 1,480, antes de la glorieta de El Ingenio, y el final se encuentra en el P.K. 2,480, antes de la glorieta/intersección con la carretera de Ronda que, no obstante, se salva a distinto nivel pero con la vía proyectada en el nivel superior.

En cuanto a la ordenación en superficie, el diseño consiste en el mantenimiento de la glorieta de El Ingenio con sus dimensiones actuales, y en el proyecto de otras dos intersecciones giratorias en Marqués del Duero y en la actual Estación de Autobuses interurbanos.

El enlace 2 se proyecta sobre la planta de la actual glorieta que sirve de intersección de las carreteras A-7 y A-376 (autonómica de conexión con Ronda). La tipología del enlace es la de diamante con glorieta inferior, con un islote central de 64 m de diámetro y calzada anular de 12 m. A la misma confluyen: los ramales del enlace; las vías de servicio unidireccionales procedentes del núcleo urbano de San Pedro de Alcántara; la carretera A-376 (carretera de Ronda); la circunvalación Sur de San Pedro y la vía de servicio Sur 2, unidireccional de sentido Málaga que se apoya sobre la actual calzada Sur de la Autovía.

Tramo 2

El segundo tramo está comprendido entre los puntos kilométricos 3,700 y 5,950. Cabe señalar que la densidad del entorno condiciona las medidas a realizar que serán las siguientes:

Desplazamiento del eje de la vía hacia el norte, de tal forma que al sur pueda implantarse una vía de servicio sobre la ocupación actual de la calzada de sentido Málaga (vía de servicio Sur 2).

Diseño al Norte de la vía de una acera peatonal que conecte la zona de los hoteles (Cortijo Blanco, Pueblo Andaluz, etcétera.) con el núcleo urbano de San Pedro de Alcántara a requerimiento del Ayuntamiento de Marbella.

Fomento

SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS DE ACCESO AL PUERTO DE MÁLAGA

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras de la segunda fase del acceso al Puerto de Málaga, el tramo de la MA-21 a la Central Térmica. El presupuesto base de licitación asciende a 30.146.394,34 euros.

Este nuevo acceso al puerto de Málaga discurrirá desde el sur, junto a la costa, y permitirá la circulación de los vehículos pesados. De esta forma, se evita el paso de estos vehículos por la Avenida de Velázquez, penetrando en el núcleo urbano.

En la primera fase se ejecutó una nueva Avenida que desde el Puerto discurre en paralelo a la línea de costa y finaliza en una rotonda en las inmediaciones de la Central Térmica situada al sur de Málaga.

Características técnicas

El tramo se desarrolla íntegramente dentro del municipio de Málaga y al sur del mismo. Su origen se sitúa en la glorieta construida al final del tramo anterior, Acceso al Puerto de Málaga (1ª Fase) y su final en el cruce con la MA-21. La traza discurre de este a oeste de forma sensiblemente paralela en todo el tramo al río Guadalhorce por su margen norte.

Con esta segunda fase se ejecuta el resto de este vial (MA-22) hasta su cruce con la MA-21, incluyendo la remodelación del enlace entre la MA-21 y la A-7, así como los ramales necesarios para conectar la nueva vía con ambas autovías. También se incluye la ejecución de tres glorietas que permiten su conexión con las instalaciones aledañas y con los ramales de enlace.

La longitud total del tronco es de 2.200 metros y en ellos se sitúan tres glorietas: Glorieta 1: Situada en el punto kilométrico (P.K.) 1,100 permite la conexión con la A-7 y dar acceso a una calle prevista en el planeamiento urbano; glorieta 2: Situada en el P.K. 1,620 permite la conexión con la MA-21 en sentido Málaga y el acceso al Polígono Azucarera y glorieta 3: Punto final del tronco, permite la conexión con la MA-21 en sentido Aeropuerto y el acceso al Polígono Industrial de Guadalhorce.

La sección tipo para el tronco del vial urbano está constituida por dos calzadas de siete metros, aceras exteriores de 1,80 metros y mediana de 2,50 m de ancho ajardinada entre barreras rígidas.

En el tramo se incluyen cuatro estructuras: la primera constituye el paso del tronco sobre la MA-21 y el resto se incluyen dentro de la remodelación del actual enlace entre la MA-21 y la A-7.

También figuran en el tramo dos pasarelas peatonales metálicas situadas sobre las actuales autovías MA-21 y A-7, una de ellas próxima al polideportivo Martín Carpena.

Fomento

TRAMO PEÑACASTILLO-CACICEDO, DE LA RONDA DE LA BAHÍA DE SANTANDER

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Fomento a licitar las obras del Tramo Peñacastillo-Cacicedo, perteneciente a la Ronda de la Bahía de Santander (Cantabria). El presupuesto base de licitación asciende 26.661.075,11 euros.

La Ronda de circunvalación de la Bahía de Santander servirá de alternativa a la actual Autovía S-10 y permitirá separar el tráfico de tránsito hacia cualquiera de las otras vías radiales, así como parte del tráfico con destino a Santander.

En esta fase se plantea unir la S-20 con la A-67, por lo que quedaría pendiente el darle continuidad a la Ronda hacia el sur, lo que permitirá una mejor distribución de los tráficos de acceso a Santander y se convertirá de alguna manera, en variante de la N-623 a Burgos desde el enlace de El Astillero hasta el enlace de Cacicedo (conexión con la A-67).

Características técnicas

El tramo de autovía objeto de las obras se inicia poco antes de cruzar la autovía A-67 dentro del término municipal de Camargo y en las proximidades de la calle de San José, en Cacicedo. Se prevé la construcción de un enlace, el Enlace de Cacicedo, el cual proporciona la conexión entre la autovía proyectada y la A-67.

Posteriormente, se dirige en dirección Norte hasta la intersección de la actual carretera nacional N-611 en su confluencia con la comarcal CA-310.

La autovía continúa hacia el Norte desembocando con la actual S-20 mediante un enlace en el que las calzadas de la Ronda se separan y se conectan con las correspondientes de la autovía S-20 (Bezana - Sardinero).

Estructuras

Se proyectan once estructuras de diferente tipología, nueve de ellas de nueva construcción y dos como ampliaciones de estructuras existentes:

Seis pasos superiores, tres sobre la A-67 (Santander-Torrelavega), uno sobre la S-20 (Bezana-Sardinero) y dos sobre el eje principal de la Ronda de la Bahía.

Dos pasos bajo la autovía del Ferrocarril-Santander-Oviedo y los caminos adyacentes al mismo.

Un paso inferior bajo la S-4441 del ramal 3 del Enlace de Cacicedo.

Dos ampliaciones de estructuras existentes en la A-67 ( Santander-Torrelavega).

La sección tipo, en el tronco de la autovía proyectada, consta de dos calzadas separadas de siete metros de ancho, arcenes interiores de un metro, arcenes exteriores de 2,50 m. y bermas de 0,75 m. El ancho de mediana varía entre diez metros (por continuidad con el tramo "Parbayón – Cacicedo") y ocho metros.

Se prevé ampliación a un tercer carril en la A-67 en el tramo comprendido entre los enlaces de Bezana y el de Cacicedo y entre éste y el enlace de Las Presas, como consecuencia del diseño del enlace nuevo de Cacicedo (conexión de la Ronda con la A-67). A su vez, también se diseña un tercer carril por la mediana de la autovía S-20 en la calzada sentido Sardinero y en una longitud de unos quinientos metros, con lo que se evitan conflictos entre los tráficos que se incorporan por la Ronda y los de paso por la autovía Bezana-Sardinero.

Trabajo y Asuntos Sociales

SUBVENCIONES A DIEZ MUNICIPIOS PARA ATENDER A PERSONAS MAYORES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se autoriza una subvención de 1.117.540 euros a diez corporaciones locales (Trespaderne, Peranzanes, La Robla, Villadecanes-Toral de los Vados, Vega de Valcarce, Sahagún, Roelos de Sayago, Fariza, Esporles y Hospital de Órbigo) para la realización de proyectos sociales destinados a personas mayores y personas dependientes.

El objeto de este Real Decreto es aportar una subvención para la realización de convenios con municipios dirigidos a la construcción o equipamiento de centros de mayores y de personas dependientes.

Economía y Hacienda

CONDONACIÓN DE DEUDA A NICARAGUA Y A HONDURAS

El Consejo de Ministros ha aprobado la condonación, mediante la firma de Programas de Conversión con ambos países, del servicio de deuda derivado de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), a la República de Nicaragua y a la República de Honduras, por unos importes máximos de 38.919.599,49, y 138.265.342,72 dólares, respectivamente.

Esta condonación se realiza de forma voluntaria y es adicional a las condonaciones que España efectúa como consecuencia de su participación en la Iniciativa HIPC de alivio de deuda a los países más pobres y más endeudados. El Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005 aprobó esta ampliación de los compromisos sistemáticos de condonación adicional de España a los países HIPC a la condonación de los préstamos FAD concedidos con anterioridad al 20 de junio de 1999 que resten tras el alivio de deuda otorgado en el Club de París. Esta condonación se hace efectiva cuando los países HIPC alcanzan el punto de culminación, hito que Nicaragua alcanzó en enero de 2004 y Honduras en marzo de 2005.

Tal y como estipula el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio, esta condonación adicional se ha articulado con la puesta en marcha de sendos Programas de Conversión de Deuda con estos países a través de los cuales se realizarán proyectos de desarrollo y reducción de la pobreza, que impliquen preferentemente la participación de empresas españolas, en los sectores de educación, medioambiente e infraestructuras.

Estos Acuerdos de Conversión aprobados hoy suponen para España la condonación del 100 por 100 de la deuda afectada por los respectivos Programas de Conversión de Deuda. Los Gobiernos de Nicaragua y Honduras ingresarán en los fondos de contravalor creados por estos programas el 40 por 100 de la deuda condonada. De esta manera, el esfuerzo de condonación realizado por España se va a materializar en una mejora del desarrollo de Nicaragua y Honduras, contribuyendo así a que estos países alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

DIEZ MILLONES EN CUATRO MICROCRÉDITOS

El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro Acuerdos por los que se autoriza la concesión de préstamos a diversas Instituciones Financieras con cargo al Fondo para la Concesión de Microcréditos, del vigente presupuesto de gastos de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Su relación es la siguiente:

Acuerdo por el autoriza la concesión de un préstamo por un importe de cinco millones de euros a El Banco de la Microempresa, S.A. (MIBANCO), de Perú.

Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de dos millones de euros a Micro Crédit National (MCN),de Haití.

Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de 1.500.000 euros a la Association pour la Coopèration Avec la Micro Entreprise (ACME), de Haití.

Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un préstamo por un importe máximo de 1.500.000 euros a la Fundación Besa, de Albania.

Los plazos de amortización son de diez años que incluyen cinco años de carencia del principal, excepto el préstamo concedido a El Banco de la Microempresa, S.A. (MIBANCO) cuyo plazo de amortización es de doce años, que incluye seis años de carencia del principal.

Fondo de 12.000 millones de pesetas

El Microcrédito es una de las modalidades de cooperación bilateral para el desarrollo gestionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene su origen en el artículo 28 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de 7 de julio de 1998.

Su característica principal es que son préstamos específicamente destinados al fomento de microempresas en países en desarrollo, así como a la promoción del hábitat productivo y a la mejora de las condiciones de vida de colectivos vulnerables. Para su gestión se creó un Fondo específico con una dotación inicial de 12.000 millones de pesetas, por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1998.

Asimismo, en un Real Decreto de 23 de junio de 2003, sobre el Fondo para la concesión de Microcréditos, para proyectos de desarrollo social básico en el exterior, se establecía que en consonancia con la finalidad del Fondo, que es contribuir a la lucha contra la pobreza en los países de desarrollo, el mismo servirá de apoyo al desarrollo del tejido microempresarial de aquellos países.

Industria, Turismo y Comercio

CRÉDITO FAD A CHINA PARA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito por importe de 629.716 dólares a la República Popular China para financiar un suministro de equipamiento hospitalario, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)

El importe del crédito será el equivalente al 50 por 100 del total de la financiación oficial española. Sus condiciones financieras serán de 36 años de plazo total de amortización, incluyendo once años de gracia, a un tipo de interés anual del 0,2 por 100, con vencimientos semestrales.

El objeto de este proyecto consiste en el suministro, instalación y puesta en marcha de equipamiento del Hospital de Dianjiang (Chongping), esencialmente para las áreas de Diagnostico Radiológico, Cirugía Angiocardiológica y de Análisis Clínicos. Sus principales componentes son: 1) provisión de equipos de electromedicina, con sus correspondientes trabajos de preinstalación. 2) Formación de personal técnico médico del hospital en el uso y mantenimiento de los equipos a proveer. 3) Servicio de post-venta. Se ha incluido en dicho proyecto un monto destinado al mantenimiento de los equipos, basado en la provisión tanto de consumibles, como de repuestos.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

TOMA DE RAZÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA A HONDURAS

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la ayuda humanitaria de emergencia a Honduras, por importe de 133.000 euros para remediar, en la medida de lo posible, la grave situación por la que atraviesa la población hondureña, afectada por las inundaciones acaecidas tras el paso del Huracán "Beta".

Esta ayuda humanitaria de emergencia, que se financia con cargo al presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional ha consistido en la compra en el mercado local y en Costa Rica de productos de primera necesidad (medicamentos, kits de aseo personal, kits de cocina, estufas de keroseno, etcétera), contribuyendo así al alivio de la situación de la población afectada. Para ello se transfieren 70.000 euros a la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Honduras, y 43.000 euros a la Oficina en Costa Rica, que se encargarán de dichas compras en los mercados locales correspondientes.

Administraciones Públicas

TRASPASO A MELILLA DE SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD

El Consejo de Ministros ha acordado el traspaso de funciones y servicios en materia de sanidad a la Ciudad Autónoma de Melilla, por valor de 1,16 millones de euros.

La decisión se produce en virtud de los acuerdos alcanzados el pasado 1 de diciembre en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración General del Estado-Ciudad Autónoma de Melilla.

El Consejo de Gobierno de Melilla pasará a asumir las funciones de la inspección técnica de sanidad, el control sanitario tanto de las aguas como de la contaminación atmosférica, la publicidad médico-sanitaria y los programas enfocados a la protección y la promoción de la salud, que hasta ahora dependían del Gobierno central. Junto al traspaso del coste de estos servicios, el Gobierno transferirá a Melilla diecisiete puestos de trabajo.

Se trata de la primera competencia transferida por parte de la Administración General del Estado a Melilla desde 1997. Este acuerdo implica la homologación de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de sanidad a la de Ceuta, que viene desempeñando estas funciones desde 1999.

Este traspaso no afecta al ejercicio de las funciones desempeñadas por el Instituto de Gestión Sanitaria y que tienen relación con la asistencia sanitaria.

Con esta medida se avanza en la dinámica de retorno al diálogo entre Administraciones por parte del Ejecutivo, en busca de una nueva política de cooperación que ha supuesto que en la VIII Legislatura el Estado haya transferido a las Comunidades Autónomas un total de 47 competencias por un coste de más de 180 millones de euros y con el traspaso de casi 2.000 puestos de trabajo.

Educación y Ciencia

CONVENIOS PARA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES CON CINCO COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EL CESID Y LA UNED

El Consejo de Ministros ha autorizado convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Galicia, Illes Balears, Valencia, así como con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para fomentar la contratación de investigadores, a través del novedoso ‘Programa I3’ puesto en marcha por el Ministerio de Educación y Ciencia .

En total, se financiarán 85 contratos por un total de 11.580.000 euros. El Gobierno tiene un compromiso firme con la dinamización del sistema de I+D+i español, como parte de un ambicioso plan de incremento constante de productividad y crecimiento económico a largo plazo. La iniciativa Ingenio 2010 es el marco general que articula esta estrategia, la cual implica diversas medidas innovadoras de distintos departamentos del Ejecutivo.

Una de esas medidas es el ‘Programa I3’, que pretende fomentar la incorporación de científicos con una trayectoria acreditada al sistema español de I+D+i. El programa persigue incentivar ofertas de puestos de trabajo permanentes en Universidades españolas y centros de I+D. El Gobierno prevé la implantación progresiva de este Programa en todos los territorios, con el objetivo de potenciar la capacidad y calidad investigadora de nuestro país.

Desglose de contratos

A continuación, se detallan el número de contratos financiados por Comunidades Autónomas, CSIC y UNED, así como por la cuantía específica de los convenios

Desglose por número de contratos:

Aragón (cinco contratos de investigador de primer nivel), Asturias (cinco de primer nivel), Galicia (once de primer nivel), IIles Balears (dos puestos de primer nivel y un de segundo nivel) y Valencia (dieciocho de primer nivel); UNED (tres puestos de primer nivel) y CSIC (treinta y seis puestos de primer nivel y cuatro de segundo nivel).

Desglose por cuantías de cada convenio:

Aragón (780.000 euros), Asturias (650.000 euros), Galicia (1.730.000 euros), Illes Balears (410.000 euros), Valencia (2.340.000 euros), UNED (390.000 euros) y CSIC (5.280.000 euros).

Economía y Hacienda

PROGRAMA 2006 DEL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa anual 2006 del Plan Estadístico Nacional 2005-2008. Este Programa contiene las estadísticas para fines estatales que han de llevarse a cabo en dicho año por los servicios estadísticos de la Administración General del Estado u otras entidades dependientes de ésta.

El Real Decreto incluye las operaciones estadísticas que forman parte del Programa anual 2006, ordenadas por sectores o temas y por organismo responsable de su ejecución. Por primera vez, incluye el calendario de difusión de resultados de las estadísticas y la fecha de referencia de dichos resultados, así como datos sobre la colaboración entre organismos para realizar estadísticas (qué organismos colaboran y en qué trabajos).

Entre las novedades del Programa anual destacan estadísticas sobre vivienda, inmigración, nuevas tecnologías o cuentas no financieras trimestrales. Entre otras, se publicarán: "Indices de Precios de la Vivienda"; "Hábitos y Prácticas Culturales en España"; "Encuesta de Educación de Adultos"; "Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología"; "Encuesta de Fecundidad"; "Observatorio Urbano de Municipios de gran Población" y "Estadística sobre el Uso de Biotecnología".

El Plan Estadístico Nacional 2005-2008 establece que se especificarán, para cada operación estadística, los trabajos concretos que se vayan a realizar en el año y las previsiones que, a efectos de su realización, hayan de incorporarse a los Presupuestos Generales del Estado.

Industria, Turismo y Comercio

ADAPTADA A LA LEY DE SUBVENCIONES LA CONCESIÓN

DE AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se adapta la normativa sobre ayudas a la construcción naval a la Ley General de Subvenciones, de 17 de noviembre de 2003.

Las ayudas al sector de la construcción naval se han venido aplicando con anterioridad a la incorporación de España a la Unión Europea y han sido reguladas por diversas normas comunitarias; en la actualidad, por el Marco Aplicable a las Ayudas Estatales a la Construcción Naval de 2003. Tales ayudas se fundamentan en la necesidad de paliar los efectos de la competencia internacional sobre los países comunitarios.

Con el objetivo de adecuar el ordenamiento jurídico español a la normativa comunitaria se promulgó, al amparo de la denominada Séptima Directiva el Real Decreto de 11 de marzo de 1994, sobre primas y financiación a la construcción naval.

Lo que se pretende ahora es adaptar dicho Real Decreto a la Ley General de Subvenciones, que en su disposición transitoria primera establece el plazo de un año, a partir de su entrada en vigor (el 18 de febrero de 2004), para la adaptación de la normativa reguladora de las subvenciones a sus prescripciones. Aunque este plazo ha expirado ya, se ha considerado que el presente acomete un desarrollo puntual de la citada Ley.

Modalidades de ayudas

Se establecen tres modalidades de ayudas a la construcción naval: las primas de funcionamiento, las primas de reestructuración y las subvenciones al tipo de interés de los préstamos. En todos los casos se trata de subvenciones a fondo perdido a las que el astillero o constructor tiene derecho por la simple construcción o transformación de un buque en uno de los astilleros, siempre que se cumplan las condiciones impuestas en la reconversión.

En este sentido, el procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de concesión directa, a solicitud de los interesados, al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2.c) y 28 de la Ley General de Subvenciones. Hay que resaltar la excepcionalidad del procedimiento de concesión de ayudas en régimen de gestión directa, es decir, sin concurrencia competitiva, que se justifica en la existencia de un interés público, económico y social derivado de las singulares circunstancias económicas y sociales del sector naval originadas por las condiciones de competencia en el mercado mundial.

Economía y Hacienda

90 MILLONES PARA COMPENSAR A LAS ENTIDADES LOCALES POR LA REFORMA DEL IAE

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de noventa millones de euros para financiar la compensación adicional a favor de las Entidades Locales derivadas de la reforma del Impuesto de Actividades Económicas, prevista en la disposición adicional segunda de la Ley de 18 de noviembre de 2005.

Dicha disposición establece una compensación adicional para el conjunto de las Entidades Locales por un importe mínimo de 120 millones de euros, correspondiente al año 2005 a satisfacer en dos pagos. El primero de ellos, equivalente al 75 por 100 del total, se realizará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.

Economía y Hacienda

GRATIFICACIONES PARA PERSONAL DE LA GUARDIA CIVIL

EN VIRTUD DE SENTENCIAS JUDICIALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 1.085.558,38 euros para atender el pago de gratificaciones a personal del Cuerpo de la Guardia Civil en virtud de sentencias judiciales.

En los Autos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se acuerda la extensión a una relación de recurrentes de una sentencia del propio Tribunal por la que se estima el recurso formulado por un Guardia Civil reconociéndole el derecho a la percepción de gratificaciones por el exceso de horario prestado sobre la jornada ordinaria establecida para los miembros de la Guardia Civil.

Economía y Hacienda

29 MILLONES PARA PAGAR SENTENCIAS SOBRE TARIFAS PORTUARIAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia, por un importe de 29.284.895,87 euros, para proceder al pago de intereses de demora derivados de diferentes sentencias sobre tarifas portuarias.

El Tribunal Constitucional, en sus sentencias de 20 de abril y 10 de mayo de 2005, declaró inconstitucional el artículo 70 de la Ley de Puertos y Marina Mercante en los aspectos relativos a la regulación de las tarifas, lo que conlleva un efecto económico derivado de los intereses de demora que han de abonarse a los interesados.

Dicho artículo establece que las Autoridades portuarias exigirán por los servicios portuarios el pago de las correspondientes tarifas que tendrán el carácter de precios privados.

A partir del año 1996, como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional de 14 de diciembre de 1995 sobre la Ley de Tasas y Precios Públicos se han venido interponiendo numerosos recursos contra las liquidaciones practicadas por las Autoridades Portuarias relativas a las indicadas tarifas, al considerar los recurrentes que las mismas tienen la naturaleza de prestaciones patrimoniales de carácter público y no de precios privados y que, por tanto, su regulación debe realizarse por ley y no mediante orden ministerial.

Economía y Hacienda

AUTORIZADA LA VENTA DE SODICAMAN A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que Sepi Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES) venda las acciones que constituyen su participación (51 por 100) en la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, S.A. (SODICAMAN) a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La Junta se compromete a adquirir las acciones de SEPIDES en SODICAMAN (51 por 100) en tres tramos: ejercicio 2005 (26,52 por 100), ejercicio 2006 (16,32 por 100) y ejercicio 2007 (8,16 por 100), pudiendo optar SEPIDES por no vender el último tramo y permanecer minoritariamente en el accionariado de la empresa. El precio de las acciones que constituyen la participación de SEPIDES en SODICAMAN es de 4.387.000 euros

A la compraventa de las acciones de SODICAMAN no se le aplica la normativa de privatizaciones, porque la empresa no sale del sector público, al realizarse la transmisión a otra Administración pública y no al sector privado.

SEPIDES es una sociedad participada íntegramente por SEPI, cuyo objetivo es incentivar el desarrollo económico y social de España a través del apoyo y promoción de inversiones privadas generadoras de tejido empresarial, y tiene una participación del 51 por 100 en el capital social de SODICAMAN.

Promoción de desarrollo industrial en Castilla-La Mancha

SODICAMAN fue constituida en 1983 con el objeto social de promover el desarrollo industrial en el ámbito de Castilla-La Mancha y en la planificación de la actividad económica de la región, mediante el apoyo financiero a las empresas para la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión. Está participada, además de SEPIDES, por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Diputaciones Provinciales de Castilla-La Mancha, la Caja Castilla-La Mancha y la Caja de Ahorros de Guadalajara. En virtud del vigente Estatuto de Autonomía, corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el fomento del desarrollo económico e industrial de la región.

Con el fin de articular los esfuerzos de SEPIDES y de la Junta de forma coordinada, el Consejo de Administración de SEPI, en su reunión de 28 de octubre de 2005, acordó autorizar a SEPIDES para firmar un Acuerdo de Colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, suscrito también por la propia SEPI, que contempla la compraventa de las acciones que constituyen la participación de SEPIDES en SODICAMAN, la constitución de un fondo de capital riesgo y el desarrollo de políticas de dinamización económica en Castilla-La Mancha.

El fondo de capital riesgo, que será constituido a partes iguales por SEPIDES y la Junta, y en el que también se invitará a participar a las Cajas de Ahorro de la Comunidad, estará destinado a la promoción y desarrollo empresarial en Castilla-La Mancha. La participación de SEPIDES será a través de la reinversión de los recursos provenientes de la venta de sus acciones de SODICAMAN.

Economía y Hacienda

AUTORIZADA LA VENTA A ADESLAS DE INISAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a vender la totalidad de las acciones representativas del capital social de Inisas Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (INISAS).

INISAS, participada por SEPI (93,81 por 100) y por la Fundación de Servicios Laborales, dependiente de SEPI (6,19por 100), fue constituida en 1989 y su actividad consiste en la práctica de operaciones de seguro y reaseguro en el ramo de la salud, modalidad de asistencia sanitaria. Tiene una posición competitiva limitada por su tamaño y por el alcance geográfico de su actividad, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid. En este escenario era aconsejable buscar inversores privados que dieran cabida en su estructura de negocio a INISAS, para desarrollar las capacidades existentes y para mantener el empleo.

El Consejo de Administración de SEPI, en su reunión de 25 de febrero de 2005, puso en marcha un procedimiento de venta de las acciones de INISAS, procedimiento en el que resultó adjudicataria de las acciones la Compañía de Seguros Adeslas,