El Criti.com
Los vigilantes de la playa informativa

Está a punto de consumarse un desmán. El diario El País, ocasional buzón en el que el Gobierno deposita sus filtraciones, nos habla de la inminente creación de un Consejo Audiovisual Estatal, encargado de velar por la pureza de las informaciones y contenidos de los medios. Teóricamente, de lo que se trata, como ya se dijo tiempo ha, es de evitar que en radios y, sobre todo, televisiones, se emitan contenidos que puedan ser considerados dañinos para los espectadores y oyentes jóvenes. Pero, visto lo visto, quién sabe.

Hay como un afán de regular los contenidos de lo que emiten los medios. Desde el proyecto de un Estatuto del Periodista, impulsado por Izquierda Unida en el Parlamento, hasta algunas de las cosas que se dicen para defender la existencia del Consejo Audiovisual de Cataluña, el famoso CAC, encontramos demasiados ejemplos de intervencionismo de los poderes públicos en el campo informativo. Jamás podremos decir que apoyamos los contenidos de algunos programas radiofónicos o televisivos, donde la demagogia, el mal gusto, la intolerancia, la ocasional difamación y la sal gorda son los elementos imperantes. Hay espacios en la COPE que constituyen directamente un atentado a lo que debería ser periodismo o información; han llegado tan lejos como para producir una crisis en las relaciones de España con otro país, gracias a una "broma" que implicó la suplantación pública de la personalidad del presidente del Gobierno, nada menos (¿no es ese, por cierto, un supuesto contemplado en el Código Penal?)

Pero entendemos que habrían de ser los propios responsables de esa emisora, en este caso la Conferencia Episcopal, quienes interviniesen para cortar los desmanes. Y habrían de ser los afectados quienes interpusiesen las correspondientes querellas o demandas ante los tribunales: cuando desde las ondas se llama, con todas las letras, "ladrón" a un ministro, algo tiene que pasar, alguien tiene que ir ante el juez (en lugar de maniobrar desde las sombras para perjudicar a esa emisora). Mala cosa es que la acusación, o el insulto, se difunda y nada suceda, excepto, claro, la degradación del clima democrático ciudadano. Porque ¿para qué está la Justicia, si no es para esto? Claro que del mal funcionamiento de la Justicia se derivan muchos otros males, y lo cierto es que, en España, este funcionamiento aún deja bastante que desear si tantos ciudadanos desisten de recurrir a esta vía para ver restaurados sus derechos.

Si son los poderes públicos los que intervienen en un intento de fiscalizar los contenidos de los medios de comunicación, también se pervierte la democracia, puesto que puede cundir la sospecha de que estos poderes barren para casa. Algunas actuaciones del CAC ya ofrecen esta sensación. Y no vemos por ninguna parte la imprescindibilidad de ese Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales que ahora nos diseñan: ya está el Código Penal, ya están las leyes, para, eficazmente esgrimidos, defender a la ciudadanía de los abusos, desgraciadamente frecuentes, de ciertos medios audiovisuales (y escritos, por otra parte).

En fin, que en estos tiempos en los que es el Gobierno (los gobiernos, perdón) quien entrega licencias de televisión a los adictos, próximos o amigos; en esta era en la que los poderes autonómicos dictan sin pudor mensajes informativos en 'sus' televisiones; en estos momentos en los que los medios se dividen en 'amigos' o 'enemigos' de poder u oposición, no podemos pensar sino que todo este entramado de consejos reguladores, organismos encargados de velar por la correcta libertad de expresión, etc., etc., son no sólo perfectamente innecesarios, sino también potencialmente nocivos para el bien que se trata de defender, esa libertad de expresión tan aireada y, en el fondo, tan poco amada.

Es ahora cuando las asociaciones de la Prensa, esa Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa, tan escasamente operativa en tantas cosas, habrían de dejar oír una voz que a veces se echa de menos. Son los representantes de los periodistas, los únicos, merced a los votos de los propios periodistas.

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