Ante las decisiones del Consejo de Ministros relativas a la OPA de Gas Natural sobre ENDESA, el Partido Popular considera que los acuerdos adoptados atentan tanto contra los principios del Estado de Derecho consagrados en nuestra Constitución, como contra los principios fundacionales de la Unión Europea.

24/02/2006
Diariocrítico

Según Miguel Arias Cañete, secretario ejecutivo de Economía y Empleo del PP, "el Gobierno con su actuación ha modificado el marco jurídico vigente para un solo caso. Estamos ante una norma singular cuyo destinatario tiene nombre y apellidos".

El dirigente popular afirmó este viernes en rueda de prensa que la Constitución española en su artículo 9 apartado 3 garantiza el principio de legalidad, la seguridad jurídica y la no interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. "Con su decisión de modificar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía en pleno desarrollo de determinadas operaciones societarias, el Gobierno ha roto la seguridad jurídica en una operación claramente arbitraria", indicó.

Como ejemplo, el responsable de política económica del Partido Popular, ha señalado que "es como si durante un partido de fútbol, se modificara el reglamento en medio del partido, para favorecer a un equipo".

Para el Partido Popular, el Ejecutivo con esta actuación denota actitudes claramente antieuropeas, ya que está tratando de impedir una operación societaria en el mercado único europeo por la razón exclusiva de tratarse de una empresa de otra nacionalidad, limitando la libre circulación de capitales. Y esta actuación antieuropea del Ejecutivo perjudica gravemente a nuestra economía, cuya credibilidad internacional ha sido puesta en entredicho por el Gobierno.

Como ha explicado Miguel Arias, "puede, por una parte, perjudicar gravemente la expansión internacional de las empresas españolas si otros gobiernos aplican políticas proteccionistas y anticomunitarias similares y, por otra, en un momento en que España registra el mayor déficit exterior de su historia, corremos el riesgo con la inseguridad jurídica que estas decisiones crean de espantar las inversiones directas extranjeras y de fomentar los procesos de deslocalización".

El Partido Popular comparte las preocupaciones de la Comisión Europea que, por boca del portavoz de Competencia, ha manifestado que si las autoridades españolas adoptan alguna medida contraria a la libre circulación de capitales, Bruselas no dudaría en actuar. Arias Cañete recordó al Gobierno que ya está amenazado de acciones judiciales por la Unión Europea en el caso de la acción de oro, en el que la Comisión ya formuló una carta de emplazamiento y emitió un dictamen motivado reiterando la obligación del Reino de España de ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de fecha de 13 de mayo de 2003.

El dirigente popular ha tildado de "auténtico sarcasmo" que el Gobierno que hablaba de ser los primeros en Europa plantee actuaciones de este estilo y ha afirmado que "el Sr. Montilla que tanto se ha involucrado personalmente en esta operación debería hacer memoria y recordar el triste final del exgobernador del Banco de Italia que puso un empeño similar al del Secretario General del PSC por evitar la compra de una banco italiano por una empresa española".

"Esta actitud del Gobierno -ha concluido- supone colocar la imagen internacional de España a la altura de la Bolivia de Evo Morales o la Venezuela de Hugo Chávez", concluyó.

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