Aunque en el juicio del 11-S se pudo juzgar a los acusados antes del límite de la prisión preventiva, ha habido que excarcelar a todos los condenados por la Audiencia Nacional a penas de 6 y 8 años de cárcel, por colaboración y pertenencia en banda armada, respectivamente, ya que habían cumplido la mitad de la pena impuesta en prisión, sin que fuera firme. Se trata de delitos por los que probablemente serán juzgados algunos de los imputados en el 11-M, por lo que los plazos para excarcelarles serán similares.

Además, para juzgar a los autores de los atentados de Madrid se plantea el problema de dónde celebrar una vista en la que probablemente querrán asistir familiares de los 192 fallecidos y los miles de heridos que se produjeron. Eso sin contar el gran número de imputados y los 96 abogados defensores y 23 de acusaciones particulares y populares personados. Entre los lugares que se barajan figura algún pabellón del recinto ferial Juan Carlos I de Madrid, pero su proximidad a Ifema, donde se instaló la morgue tras los atentados, hará que probablemente se descarte esta opción.

De los 116 imputados que hay en la causa, 25 se encuentran en la cárcel, aunque uno, Rabei Osman el Sayed, "Mohamed el Egipcio", está preso en Italia, país en el que fue detenido. Además, de los imputados en libertad, a 42 se les impuso comparecencias periódicas en la Audiencia Nacional. Uno de los implicados en el transporte de la dinamita a Madrid, un menor conocido como "El gitanillo", fue condenado ya a seis de internamiento y cinco de libertad vigilada. Además, hay ocho órdenes de busca y captura pendientes.

La causa, de 200 tomos, con más de 80.000 folios, ha contado con la colaboración de 40 testigos protegidos de varias nacionalidades, a los que en aplicación de la ley orgánica del 94 se les ha cambiado la identidad y residencia para dificultar su localización. En total se han realizado 46 careos entre ellos e imputados, y se han efectuado una treintena de ruedas de reconocimiento, en las que los testigos han tenido que desplazarse a las prisiones donde están internados los presuntos autores de la masacre.

Las comisiones rogatorias internacionales también han tenido una gran importancia en el esclarecimiento de lo ocurrido. En concreto se cursaron once: Italia, Francia (dos), Argelia, Marruecos (dos), Bélgica (dos, para recabar información sobre personas que luego fueron detenidas), Gran Bretaña, Serbia y Libia. Las comisiones libradas a Argelia y Marruecos sirvieron para recabar muestras de ADN de los familiares de los terroristas fallecidos en la explosión de Leganés (Madrid) y de otros huidos para cotejarlas con las halladas en los lugares donde se prepararon o cometieron los atentados. En total se han realizado unas 200 pruebas de estas características, al someterse a estos exámenes a todos los imputados.

Numerosas diligencias

Como es lógico, las Fuerzas y Cuerpos del Estado realizaron numerosas diligencias de investigación, entre las que figuran cincuenta inspecciones oculares, en las que, en ocasiones, han participado el juez y la fiscal Olga Sánchez, como, por ejemplo cuando acudieron a las minas asturianas de donde salió la dinamita o cuando reprodujeron el recorrido de las bombas en los trenes de Cercanías madrileños. También se han efectuado medio centener de pruebas de documentoscopia en castellano y árabe, gracias al grupo de Policía que se formó tras los atentados en la grafia en este último idioma.

Estos agentes han presentado una veintena de informes sobre los documentos intervenidos durante la instrucción del sumario. Se han llevado a cabo 50 pruebas de huellas, 25 inspecciones de vehículos, 25 periciales sobre explosivos y detonadores, y más de 50.000 registros telefónicos. Además, se han analizado cuatro discos duros y seis memorias portátiles, encontradas en pisos de los encausados. 192

Por su parte, la Oficina Judicial de apoyo al Juzgado Central de Instrucción número 6 para atender a las víctimas de los atentados abrió 192 piezas de fallecidos, 191 en los trenes y el GEO Francisco Javier Torronteras, que murió en la explosión del piso de Leganés, el 3 de abril de 2004. De ellas sólo faltan por concluir seis, pertenecientes a extranjeros, cuyas Embajadas están teniendo dificultades para encontrar a sus familiares. Además, se han realizado 365 ofrecimientos de acciones a familiares de fallecidos.

Aunque en un principio se abrieron piezas para estudiar las reclamaciones de 3.393 heridos, se han confirmado como tales 1.759, que se produjeron en los trenes y una veintena en Leganés, en su mayoría geos. Los médicos forenses han reconocido a 2.591 personas, y han redactado un informe en 1.970 casos, mientras que quedan 621 pendientes de valoración.

La Oficina ha realizado una labor ingente para perseguir el fraude, puesto que en bastantes casos los datos objetivos de los que disponía la Unidad de Apoyo, tras realizar los correspondientes reconocimientos médicos y tomar declaración a los supuestos lesionados, no permiten establecer relación entre los daños referidos y los hechos objeto de investigación. Así, 466 piezas de heridos se encuentran aún en investigación, y 192 casos se han remitido a los Juzgados de Instrucción de Madrid para investigar si constituyen un delito de simulación.

A otros 24 se les investigará por la vía penal bajo la acusación de hacerse pasar por heridos para lograr la nacionalidad española. Otras 93 piezas se han archivado, al existir dudas de si estas personas fueron perjudicados por los atentados o también simularon haber resultado heridas. En otras 146 no se ha podido acreditar la relación entre las lesiones denunciadas y los atentados.

Plan de choque

Desde el 23 de enero hasta el 24 de febrero se ha puesto en marcha un 'plan de choque', que ha supuesto un "importante" avance en la práctica de diligencias y que ha permitido que en un mes fueran atendidas por la Oficina hasta 366 personas. Entre las ayudas prestadas por la Oficina figura la búsqueda y entrega de objetos de los fallecidos. En estos dos años se han realizado 731 búsquedas que han culminado en 62 entregas de un total de 111 objetos a familiares de los fallecidos.

Por otra parte, desde septiembre de 2004 hasta ahora la Oficina judicial ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un listado de 1.033 lesionados que carecían de información sobre las posibles reclamaciones que podían presentar en el Ministerio de Interior como víctimas del terrorismo y de 1.181 que desconocían las actuaciones que podían seguir ante el Consorcio de Compensación de Seguros.

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