El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por amplia mayoría la Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, la conocida como 'Ley Antidopaje', que, pese a algún reparo expresado por el Partido Popular (PP) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), contó con el respaldo de casi todos los grupos políticos de la cámara.

1/11/2006
Diariocrítico/Agencias

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La Ley Antidopaje, que obtuvo 302 votos favorables, 7 abstenciones y uno sólo en contra, podrá aplicarse en "unos seis meses", pronosticó el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, debido a que, tras su publicación en el BOE, habrá que crear, entre otras cosas, la Agencia Española contra el Dopaje y la comisión de control y seguimiento de la salud de lucha contra el dopaje.

Para la ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, quien lamentó que la casi unanimidad mostrada en la votación por todos los grupos se hubiera visto "medianamente turbada" por la intervención del PP, con esta Ley Orgánica el Gobierno "mira hacia el futuro" y "hacia un deporte más limpio con tolerancia cero con el dopaje".

Esta legislación cumple con la máxima del gobierno, la 'tolerancia cero' contra el dopaje, según apuntó el portavoz de Deportes del PSOE en el Congreso, Agustín Jiménez, y permitirá liderar a España, que será la sede el próximo año de la III Conferencia Mundial contra el dopaje, la lucha contra esta lacra en el deporte profesional.

"Todos tenemos que sentirnos satisfechos por la cohesión social y política que se ha producido. Este proyecto de ley es de todos, pero también es un compromiso de todos. Será una ley de largo recorrido por el consenso obtenido y debe ser ejemplo para otras leyes", subrayó Jiménez en el debate previo a la votación.

A juicio de Jiménez, con la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de este proyecto de ley de lucha contra el dopaje impulsado por el actual secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, "gana el deporte y los deportistas, pierden los tramposos; y gana la salud y seguridad públicas y pierden las epos y autotransfusiones".

Críticas de PP, CiU y PNV

Tan sólo el PP, CiU y el PNV mostraron alguna queja en el debate parlamentario. El diputado vasco Aitor Esteban expresó su "satisfacción limitada" por la aprobación de una ley que, según él, no recoge bastantes de las demandas reflejadas por su partido, especialmente en el tema competencial.

"Nuestra intención era que las agencias de control antidopaje fueran creadas por las Comunidades Autónomas con todas las consecuencias. Sólo hay una posibilidad de intercambio de información con la agencia estatal. Esperamos que la ley pueda ser eficaz en la lucha contra el dopaje y que no se repitan incidentes como la Operación Puerto, que empezó con un amplio despliegue mediático y que se ha quedado en un fiasco por la falta de pruebas y con bastantes demanificados", lamentó.

El portavoz de CiU, Josep Maldonado, admitió que la ley hacía "mucha falta" por las "lagunas importantes" que existían para luchar contra el dopaje. "La visualización la vemos en la Operación Puerto, que ha sido archivada, por una parte por la falta de pruebas y por otra por la campaña sensacionalista exagerada por parte del Gobierno", censuró.

Maldonado quiso hacer un llamamiento para que el ciclismo, un "deporte sano, que juega limpio", recupere la "dignidad" y "credibilidad". "Donde no haya pruebas no hagamos campañas publicitarias porque detrás hay profesionales y largos currículums deportivos. No al dopaje, no a la trampa, pero hagámoslo bien. No hagamos malabarismos que no quedan en nada", dijo.

Por su parte, el portavoz popular, Francisco Antonio González, no ocultó su "sabor agridulce" en un día que tenía que ser feliz porque las instituciones del Estado han quedado, para él, "en entredicho" por su actuación en la Operación Puerto practicada por la Guardia Civil sobre el dopaje en el deporte español.

"La Operación Puerto iba a suponer un antes y un después. Pero hay 58 deportistas a los que se les ha pisoteado sus derechos fundamentales, y que no han tenido la más mínima posibilidad de defenderse por algo que no está sentenciado ni incluido en un sumario. A ver cómo reponemos el derecho al honor y trabajo de esas personas. Esperemos que este momento de inflexión sí sea el antes y después", señaló.

González, que dijo desconocer si la Federación Española de Ciclismo (RFEC) "es independiente" o hace las cosas "presionada", lamentó, además, que "el después puede ser que haya personas -en relación a los imputados en la Operación Puerto- que puedan ser responsables y que se pueden ir de rositas".

En este sentido, su homólogo socialista, Agustín Jiménez, le respondió que la Operación de la Guardia Civil "ha sido un asunto que compete a la justicia, y ni el Gobierno, ni el Consejo Superior de Deportes han apartado a nadie". "Han sido los propios equipos los que les han apartado de manera cautelar", explicó. Por su parte, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, calificó la aprobación de la ley como "una buena noticia".

En declaraciones a Europa Press, Jaime Lissavetzky se mostró orgulloso por la aprobación del texto porque se llenan las "lagunas existentes" en la legislación española, que ha supuesto la reforma del Código Penal y de las leyes de Seguridad Ciudadana, del Deporte y de lo Contencioso-administrativo. "Esta ley supone un avance para los deportistas porque se impide algo obsoleto y que atentaba contra su dignidad, y es que se tomen muestras en la franja horaria nocturna, y se crea una fórmula arbitral para que el deportista tenga una mejor defensa", manifestó.

Penas de seis meses de cárcel

La nueva Ley Orgánica prevé penas de prisión de seis meses a dos años para quienes promuevan el consumo de sustancias prohibidas. Además, establece la creación de una Agencia Española Antidopaje y la regularización de controles por sorpresa fuera de la competición.

El Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo este proyecto de ley en el que están implicados cuatro ministerios (Educación, Justicia, Sanidad y Consumo e Interior). Esta ley servirá para armonizar la legislación española con la internacional y supone la modificación de la Ley del Deporte, la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana.

Así, en el Código Penal se introduce el artículo 361 bis por el que "serán castigados con penas de prisión de seis meses a dos años los que sin justificación médica prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos".

No obstante, el texto no establece castigo penal para los deportistas. Además, a efectos prácticos, este artículo no significará la estancia en prisión de los inductores al dopaje porque el Código Penal sólo prevé el arresto carcelario para los condenados a más de dos años. El pasado 3 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad una enmienda transaccional, que es la única modificación al texto original y en la que se alude a la participación en la Agencia Estatal Antidopaje de los representantes de las Comunidades que cuenten con agencias autonómicas.

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