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Izquierda Unida ha abordado
la sesión de investidura de José
Luis Rodríguez Zapatero desde
el sentir de que somos parte de
la rebelión democrática contra la
mentira y contra la guerra demostrada
en los resultados de los comicios
del 14-M y de las esperanzas depositadas
por nuestros 1.300.000 votantes
para que seamos capaces de abrir
un nuevo periodo en la vida política
y social en nuestro país.
Los cerca de 16 millones de votantes
de los distintos partidos democráticos
de izquierdas esperan de sus diferentes
dirigentes que seamos capaces de
reconducir la realidad actual de
confrontación política e institucional
hacia un camino de diálogo y de
convivencia, donde los problemas
no se resuelvan mediante las trincheras,
sino construyendo puentes y escuchando.
Se espera también que el crecimiento
económico redistribuya sus beneficios
de una manera más equitativa, que
se ponga fin a la cultura del pelotazo,
de la aristocracia de los negocios
y de los contratos basura, del deterioro
de los servicios públicos y de los
beneficios escandalosos de toda
suerte de especuladores.
Para nuestra formación, los desafíos
exigen salirse de los trillados
caminos de la razón de Estado, del
pragmatismo sin sustancia, de las
ataduras autoimpuestas, de los gobiernos
sin la ciudadanía, de la "política
sin complejos" sobre la base
de la supresión de cualquier pensamiento
crítico. Es tiempo para otra política,
de otra forma, con otros medios.
Si esas expectativas se cumplen
razonablemente ayudaremos enormemente
al fortalecimiento de nuestros sistemas
sociales y democráticos de derecho.
Y habremos hecho más: hacer inviables
en los discursos y en las prácticas
las políticas del neoliberalismo
ultramontano y violento que han
gobernado en nuestro país.
Las elecciones del 14-M pusieron
fin a un periodo nefasto. Nunca
antes habíamos vivido con tanta
intensidad y dramatismo tanta prepotencia
sectaria, tanta intolerancia y confrontación.
No puede haber ninguna duda de la
legitimidad democrática de los resultados.
No fue un voto cobarde, como pretenden
los neoconservadores de la Casa
Blanca. Fue un voto en libertad,
una victoria de la democracia. Tampoco
los resultados han sido fruto de
ninguna conspiración diabólica,
sino de una legítima reacción ciudadana.
La perspectiva de cuatro años más
del Partido Popular en el Gobierno
resultaba simplemente insoportable
para una mayoría de ciudadanos.
La "marea ciudadana" de las
elecciones fue también el efecto
de la huelga general contra el "decretazo",
de las movilizaciones contra la
Ley Orgánica de Universidades, la
Ley de Calidad de la Enseñanza,
el Prestige y, singularmente, contra
el apoyo del gobierno a la guerra
de Iraq.
Ante todo, para iniciar con buen
pie la VIII Legislatura, tenemos
la obligación de desactivar por
mandato ciudadano el colapso democrático
producido en torno a los atroces
atentados terroristas del 11 de
Marzo, las mentiras de Estado y
la guerra.
Las amenazas de nuevos atentados
contra la ciudadanía son de tal
magnitud que obligan a una recuperación
inmediata de la unidad de todas
las fuerzas democráticas contra
el terrorismo. Por ello, reclamamos
el compromiso inmediato de superar
el Pacto Antiterrorista, hasta ahora
circunscrito a los dos partidos
firmantes, a través de una comisión
parlamentaria permanente contra
el terrorismo, en la que estén representados
todos los grupos parlamentarios
sin excepción, en aras de una mayor
eficacia, una mejor información
y una acertada estrategia, evitando
de este modo que nadie obtenga dividendos
políticos particulares.
Para IU, la primera prioridad tiene
por referencia la decisión sobre
nuestra presencia militar en Iraq.
La retirada de las tropas españolas
es una condición "sine qua non".
Tomar esta decisión es un acto de
soberanía. No es ceder a ninguna
amenaza terrorista. Sabemos que
sacar las tropas de Iraq no nos
da un seguro de vida frente al terrorismo
global. Pero lo que está en juego,
aquí y ahora, es nuestro derecho
a decidir libremente, en representación
de la voluntad inequívoca de la
ciudadanía. Se trata, simplemente,
de rectificar la decisión del señor
Aznar de comprometer a España
en una guerra injusta e ilegal.
Se ha puesto fin no sólo a una legislatura,
sino a un régimen. Tras un largo
periodo de gobiernos neoconservadores,
los ciudadanos han rubricado su
profundo deseo de cambio, de deconstrucción
del régimen autoritario implantado
por el señor Aznar, y de profunda
renovación de la vida pública.
El cambio tiene ante sí desafíos
trascendentales: la regeneración
democrática; la apertura de una
nueva etapa de desarrollo autonómico
y la necesidad de un impulso al
empleo y a las políticas sociales
y medioambientales.
Ya es hora de que el Parlamento
juegue un papel central, con una
reforma del Reglamento que proteja
y garantice la participación y los
derechos de todos los grupos parlamentarios;
que potencie el control al Gobierno
y agilice las interpelaciones y
comparecencias; que facilite la
creación de comisiones de investigación
y de una Oficina Presupuestaria,
tantas veces postergada.
Para que se garantice la independencia
de la Justicia y el principio de
separación de poderes, estaremos
muy atentos al nombramiento del
nuevo Fiscal General del Estado
y a la elección del próximo presidente
y demás miembros del Tribunal Constitucional
y del Consejo General del Poder
Judicial. Y nos gustaría escuchar
el compromiso explícito de fortalecer
las competencias de la Fiscalía
Anticorrupción.
La construcción de ese modelo económico
es un objetivo insoslayable, como
también debe serlo la construcción
de un modelo social avanzado y el
perfeccionamiento de unos servicios
públicos universales y de calidad.
Para nosotros es prioritario el
impulso a la creación de empleo
estable y de calidad. Además de
suprimir las disposiciones que permiten
contrataciones precarias, claramente
abusivas, plantearemos algo tan
sencillo como el cumplimiento de
la norma legal en materia de contratación,
por ejemplo impidiendo el encadenamiento
irregular de contratos o la rotación
sistemática para cubrir puestos
de naturaleza estable.
El Estado de Bienestar social es
uno de los mayores logros de la
izquierda y una de las más claras
señas de identidad del sistema político
democrático. Aquí también será necesario
recuperar el tiempo perdido por
la derecha, en cuyos años de gobierno
no ha cesado de aumentar el diferencial
de gasto público social de España
en relación con la media europea.
Un diferencial de 7 puntos del Producto
Interior Bruto que nos sitúa en
el penúltimo lugar de la Unión Europea.
Para colmar esa diferencia, las
prioridades deberían centrarse en
una mejor financiación de la Sanidad
pública, en el aumento de las pensiones
más bajas y en una Ley Básica para
la ampliación de los Servicios Públicos
Sociales, todavía escasamente desarrollados
en nuestro país.
Impulsar la Sanidad, la Educación
y la Vivienda públicos, abrir un
nuevo periodo de expansión y de
renovación democrática, que reconozca
nuevas libertades y nuevos derechos
sociales y ecológicos resultará
fudamental para este nuevo periodo.
Tenemos también una cuestión pendiente,
una injusticia que arrastramos como
consecuencia de las condiciones
históricas propias de la transición
democrática en nuestro país. Se
trata de la distorsión que afecta
especialmente a Izquierda Unida
en su representación electoral.
Porque no es tolerable que los 1.300.000
votos obtenidos se hayan traducido
tan sólo en 5 escaños. Exigimos
la reforma de una Ley Orgánica Electoral
que nos discrimina y hace que siendo
la tercera fuerza más votada seamos
sin embargo la sexta en escaños.
Para que ninguna otra fuerza política
sea perjudicada, proponemos un aumento
razonable del número de diputados
del Congreso, tal y como lo permite
la Constitución, y su atribución
proporcional en función de los restos
obtenidos por cada partido.
IU tiene la esperanza de que esta
sea una legislatura de intensa colaboración
parlamentaria, en la que la izquierda
construya una amplia zona de entendimiento,
sin que por ello nadie tenga que
renunciar a sus convicciones políticas.
Rodríguez Zapatero ya sabe de primera
mano que nosotros vamos a defender
nuestro proyecto político y nuestro
programa, que vamos a estar vigilantes
con su programa de gobierno y que
seremos estrictos y rigurosos en
su cumplimiento. Pero también tendremos
la máxima disposición al diálogo
y a la colaboración.
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