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Aún no se han cumplido
los cien días de Rodríguez Zapatero
como Presidente del Gobierno
pero, por lo que sea, todo el mundo
tiene prisa en hacerle el balance
de su gestión, como si su mandato
fuera a extinguirse o se levantara
la veda para dar caza a sus errores
en el gobierno. Estas prisas tienen
escasa explicación porque, si bien
parecía aceptado aquel plazo de
gracia para quienes estrenaban responsabilidad
al frente de alguna institución,
lo cierto es que en el caso del
actual Presidente la toma de cuentas
empezó incluso antes de la sesión
de investidura y ha seguido día
a día auditando cada uno de sus
acuerdos y también sus opiniones
y las de sus ministros. Tanto entusiasmo
fiscalizador que alcanza a las grandes
decisiones de fondo, a los gestos
que escenifican un cambio ideológico
o de talante, y también a los acuerdos
que, por el contrario, suponen una
continuidad de la política anterior
por considerarla conveniente, han
sumado a la responsabilidad de gobernar
un suplemento de diligencia y un
especial esfuerzo de coordinación,
porque el equipo de gobierno no
venía armonizado como ocurre cuando
se renueva mandato.
Por estas razones, hacer un balance
de cien días del gobierno socialista
no resulta novedoso, cuando se ha
venido haciendo arqueo diario. Saltará
de inmediato el reproche más esgrimido
hasta ahora como es alguna que otra
descoordinación; le seguirán las
pautas marcadas por el ministro
Solbes que acata los dictados
de una política presupuestaria saneada,
y que ahora parece disgustar a sus
oponentes; se censurará la política
europeísta y el apoyo a la Constitución
europea por no haber defendido a
machamartillo los acuerdos de Niza;
se juzgará inútil el reforzamiento
de relaciones con el mundo árabe
y el abandono de la política seguidista
de estos últimos años respecto a
los Estados Unidos; se tachará de
aventurerismo el proyecto de moderada
reforma constitucional sobre la
base de un consenso básico; y muchas
otras decisiones. Pero lo más asombroso
es que se estén criticando algunas
medidas por considerarlas apresuradas
(retirada de las tropas de Irak,
supresión del trasvase del Ebro
del Plan Hidrológico, ley sobre
violencia de género, etc) y se critique
también el aplazamiento o modulación
de otros proyectos que exigen acuerdos
de principio con otras fuerzas políticas
o estudios rigurosos. Resulta disparatado
que se critique la prudencia.
El programa del partido socialista
ha tenido un escaso desarrollo durante
estos cien días. Esto es algo normal.
El tiempo ha sido corto y el hecho
de encontrarse con un Presupuesto
elaborado por el Partido Popular
y ya aplicado o comprometido en
un alto porcentaje ha limitado notablemente
la capacidad de maniobra. Habrá
que esperar a la nueva Ley que se
presentará en septiembre y que podrá
dotar económicamente muchos de los
objetivos marcados en el programa
electoral.
Pero es más importante que lo anterior
haber puesto en práctica un estilo
de hacer política bien distinto
a la última etapa de la presidencia
de Aznar que, por cierto,
no parece retirarse a los cuarteles
de invierno. Es mucho más trascendental
para la democracia española haber
transitado esos cien días sin mentir
a los ciudadanos, sin prometer obras
que no se realizan o plazos que
no se cumplen; abriendo cauces de
comunicación con las Comunidades
Autónomas y desterrando el insulto
y la condena sistemática de las
discrepantes, recibiendo a sus responsables
o visitándoles sin hacer distinción
por su adscripción partidista; marcando
objetivos para recuperar unas políticas
sociales que se iban deteriorando
últimamente y caminaban hacia una
sociedad más injusta.
Quizá a algunos les parezcan entelequias
o brindis al sol. Pero, cuando España
ha alcanzado un nivel muy generalizado
de bienestar económico, parece imprescindible
reivindicar algunas esencias políticas
devaluadas en su sentido: la paz,
las libertades, la justicia, la
solidaridad interna y externa, la
veracidad. Todas componen la causa
y razón de la política y de la democracia
que late en nuestra Constitución.
Adoptar actitudes para rescatar
aquellos y otros valores es mucho
más importante que poner primeras
piedras o enviar al Congreso un
cúmulo de proyectos de Ley.
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