|
Los resultados electorales
habidos el 14 de marzo han supuesto
un cambio radical en el escenario
social y político de nuestro país.
Hemos ganado en estabilidad, tanto
política como social, alejándonos
de esa cultura que impregnó al Gobierno
del Partido Popular del "conmigo
o contra mí", del "vale todo
para alcanzar un objetivo" o
de la manipulación en el terreno
informativo, cuyo colofón ha sido
la gestión política e informativa
del atentado terrorista del 11 de
marzo, cuestión ésta que no hemos
de considerar como un hecho aislado,
ya que tiene precedentes no sólo
relacionados con la guerra de Irak,
sino también con el Prestige, con
la huelga general del 20-J, o con
aquel grupo de inmigrantes que fueron
trasladados a países no precisamente
de origen.
En estos primeros cien días del
nuevo Gobierno del Partido Socialista,
se ha producido un profundo cambio
de talante que ha estado acompañado
de un nuevo y necesario protagonismo
del Parlamento, que hay que vigorizar,
creando una nueva y más estrecha
relación entre la política y la
sociedad.
Se ha adoptado la decisión más esperada
y demandada por los ciudadanos,
esto es, la salida de tropas españolas
de Irak, acompañada de una decisión,
en mi opinión, estratégica, la de
que sea el Parlamento el que decida
sobre la participación militar española
en misiones de paz en el extranjero.
Es cierta y hay que reseñarla, la
existencia de una excesiva ansiedad
a la hora de plantear nuevas iniciativas
en el terreno económico, social
y político, no exenta de contradicciones
en determinadas áreas de gobierno,
quizá lógicas por el escaso tiempo
transcurrido, pero que requieren
de correcciones políticas que eviten
contradicciones y, con ello, continuismo
en determinadas acciones, fundamentalmente
en el terreno económico.
Estos primeros cien días de Gobierno
han culminado con una importante
declaración, la suscrita por Gobierno
y agentes sociales, que es, además,
un compromiso necesario en materia
de diálogo social, y que prioriza
en el terreno económico y sociolaboral
el abordaje de cuestiones tan importantes
y estratégicas para la economía
española y el mercado de trabajo,
como son la competitividad, el empleo
estable y la cohesión social.
Declaración que ha estado precedida
de un fuerte incremento en el Salario
Mínimo Interprofesional que, aún
con algunas e importantes insuficiencias,
ha supuesto un avance; de la necesaria
y positiva Ley Integral contra la
violencia de género, que requeriría
también de una nueva Ley sobre igualdad
en los terrenos social y laboral.
La declaración supone, en primer
lugar, impulsar el diálogo social,
después de varios años en el que
éste ha estado presidido por la
unilateralidad del Gobierno, quebrantando
los mecanismos de negociación, fundamentalmente
con los sindicatos, adoptando medidas
regresivas en materia social y laboral,
que han supuesto un repunte de la
precariedad, una regresión importante
en materia de derechos para los
trabajadores y una importante disminución
del gasto social.
Sin duda, esta declaración no exime
de complejidad y de dificultades
también al proceso de negociación
que se va a iniciar y que debe pivotar
sobre la necesidad cada vez más
urgente de proceder a un cambio
en el modelo de crecimiento y desarrollo
económico en nuestro país, lo que
requiere del impulso de la iniciativa
e inversión pública, que debe estar
acompañada, y no a la inversa, de
la iniciativa e inversión privada,
lo que exige favorecer y priorizar
la inversión productiva y el tejido
industrial, adoptando iniciativas
frente a la deslocalización industrial
y la desinversión económica y productiva,
incrementando de manera importante,
por estratégica, la inversión en
I+D+i, factor éste fundamental para
hacer una economía más competitiva.
Reducir los altos niveles de temporalidad
y precariedad que tiene nuestro
mercado de trabajo es otra de las
prioridades sobre las prioridades,
lo que requiere de cambios legales,
de la devolución del principio de
causalidad a la contratación, de
la eliminación de la rotación, del
fraude también en los contratos.
Todo ello, además, va a exigir de
mayores dotaciones en materia de
Inspección de Trabajo, de mecanismos
de regulación en materia de contratación,
de nuevos espacios en materia de
negociación colectiva, superando
ese cierto anquilosamiento que se
viene padeciendo desde hace algunos
años, así como de la adopción de
medidas positivas con relación a
los trabajadores autónomos dependientes,
que, cada vez más, se mueven en
la nebulosa existente entre dos
legislaciones: la laboral y la mercantil.
Abordar una política económica que
favorezca la inversión, el desarrollo
y la renovación, la competitividad
de la propia economía, vinculada
a un mercado de trabajo y a un empleo
estable con derechos, apoyada en
una política de formación continua,
es la mejor de las bases para ganar
en niveles de productividad.
Es un handicap para ganar en productividad
la existencia de un mercado de trabajo
precario, con unos niveles de precariedad
tan altos como los existentes y,
por el contrario, sí es compatible
la creación de empleo estable y
con derechos con unos mayores niveles
de productividad.
La política social, la cohesión
y la superación de las desigualdades,
es otro de los grandes retos a abordar,
y que exigirá, en primer lugar,
de un cambio en la tendencia en
las prioridades y en el gasto social,
en momentos como los actuales, en
los que el gasto social en España
está muy alejado de lo que ha de
ser nuestro referente: la Unión
Europea de los 15.
En definitiva, comienza una etapa
que requiere de diálogo y negociación
y, sobre todo, de compromisos con
nuevas propuestas, que corrijan,
hasta cambiar, las tendencias que
se vienen produciendo en la economía
y en el mercado de trabajo.
Una etapa que ha de estar acompañada,
en lo político, de ese nuevo talante
que ha de tener consecuencias positivas
en la vida económica y política
del país, en su relación también
con la Unión Europea, haciendo una
apuesta por más Europa, superando
los déficits democráticos y políticos
que en la misma existen y que requieren
de un amplio debate en lo que ha
de ser una cuestión fundamental:
la futura Constitución Europea.
|