Josep A. Duran i Lleida
De la nebulosa a la concreción
22/07/2004

Cuatro meses después del catorce de marzo y tras más de cien días de nuevo Gobierno, es evidente que la política española ha experimentado un cambio más que notable. Los cien primeros días de nuevo talante ofrecen luces y sombras pero el balance, hoy día y sin que ello prejuzgue consideraciones futuras, puede calificarse como moderadamente positivo.

Positivo por cuanto la VIII Legislatura deberá encauzarse necesariamente por el diálogo y así parece haberlo entendido el Gobierno aunque sea sólo por razones de estricta aritmética parlamentaria. Positivo también porque, a diferencia de la inactividad clamorosa que caracteriza el actual gobierno socialista catalán, Rodríguez Zapatero ha procedido a adoptar decisiones desde el primer día, aunque no siempre acertadas, y positivo también porque no ha dudado en abordar algunas cuestiones complejas. Tal vez de manera precipitada y sin proponer alternativas, pero lo cierto es que ha actuado con decisión al derogar el Plan Hidrológico Nacional o la Ley de Calidad de la Educación.

El nuevo talante fundado en el diálogo y de espíritu componedor puede parecernos una virtud -y sin duda lo es comparándolo con el áspero endiosamiento precedente- pero también entraña aspectos preocupantes. Ningún gobierno puede mantener indefinidamente una política que quiera complacer a unos y a otros. El PSOE puede afirmar que es distinto del PP y que Rodríguez Zapatero dista mucho en modos y maneras de la prepotencia 'aznariana'. Sin embargo, la política antiterrorista fue y sigue siendo un pacto entre PP y PSOE, ni modificado ni ampliado, y actualmente el PSOE parece dispuesto a ejecutar alguno de los despropósitos anteriores. Pero además de todo ello, el nuevo ejecutivo no puede ser centralista y autonomista a la vez. No puede decir que apoyará el nuevo Estatuto catalán que apruebe el Parlament y, al mismo tiempo, mantener las posiciones de Santillana del Mar. No puede, ni debe, pactar los presupuestos a la vez con Izquierda Unida o con Convergència i Unió. El mayor problema del nuevo ejecutivo es que desgranó su programa de investidura sin asegurarse antes los votos que lo puedan hacer posible. El PSOE accedió al gobierno impensadamente, más por reacción que por acción, con un programa difuso y disperso. Y ahora, ante las nuevas responsabilidades, mientras busca tiempo para definirse, intuimos lo que pretende hacer, pero no sabemos con quién. La cuestión no es en modo alguno irrelevante.

Lo señalé días atrás con claridad: en materia de presupuestos, por ejemplo, el Gobierno puede buscar apoyos alternativos en el Congreso, pero en el Senado el voto de CiU es decisivo. Por tanto, si existe intención de dialogar o pactar con nosotros, que nadie espere al último minuto ni pretenda dialogar con los presupuestos hechos. Nuestra formación no ha dado ningún voto en blanco al PSOE ni se ha comprometido con su Gobierno.

Por simples y evidentes razones, el Gobierno debería abordar esta cuestión sin demora. Ciudadanos y empresas esperan saber con detalles qué medidas entrarán en vigor próximamente. No es lo mismo mantener en el IRPF la deducción por adquisición de vivienda que suprimirla. No es lo mismo un tratamiento de plusvalías que otro. La claridad política en materia de autónomos o de pequeñas o medianas empresas, por ejemplo, es indispensable para la creación de nuevos puestos de trabajo. Nadie invertirá si el Gobierno, en lugar de ofrecer respuestas concretas, se dedica a lanzar globos sonda o a contradecirse entre sí. No es lo mismo la política de horarios comerciales que defiende algún ministro que la liberalización absoluta que plantean otros sectores del Gobierno. Las decisiones deben ser claras e inmediatas ya que nada inhibe más la economía que las dudas y la inseguridad.

Sería conveniente que muchas cuestiones decididas ahora por bandazos intuitivos se rigieran en el futuro por el máximo consenso, no ya en este periodo de sesiones ni en esta Legislatura, sino a medio y largo plazo. Des de Convergència i Unió, a la vista de la modificación súbita de la LOCE, propusimos de inmediato la necesidad de un gran pacto de Estado en materia de enseñanza. Los currículos no pueden variar cada cuatro años, en función de quien gobierne. En este ámbito, el consenso sustancial resulta indispensable. Y también debería extenderse a otras muchas cuestiones. La política exterior tampoco puede girar como una veleta según soplen las mayorías, porque su consolidación y el establecimiento de posiciones y alianzas sólidas requiere tiempo y sentido de Estado. La posición española ante la Unión Europea no puede variar de un día a otro como lo ha hecho en estos meses. Ni el empecinamiento anterior era aconsejable ni la supeditación actual resulta conveniente para el interés del conjunto de la sociedad. En una legislatura que se inició con un candidato a la investidura proponiendo reformas constitucionales, el consenso y el diálogo son una necesidad política, no una concesión graciosa del nuevo talante.

Desde Catalunya todas estas indecisiones se perciben con mayor claridad. Ya conocemos la existencia en el partido socialista de un antes y un después del 14-M. Las balanzas fiscales de las comunidades autónomas fueron reclamadas por los socialistas con insistencia en las anteriores legislaturas, pero ahora el PSOE ha votado en contra de nuestra moción cuando semanas atrás las reivindicamos en el Senado. Andalucía vio compensada ipso facto su pretendida deuda histórica, pero en Catalunya sólo recibimos negativas a cualquier propuesta que mitigue el abrumador déficit fiscal que padecemos.

Por tanto, el Gobierno debe adoptar decisiones de manera inmediata. No basta con instalarse en la perpetua invocación nebulosa del diálogo, sino que el Gobierno debe decidir ya. Debe decidir políticas, establecer apoyos y generar seguridad. Las decisiones de escaparate o de cara a la galería pueden resultar vistosas, pero una labor de gobierno seria exige determinar prioridades y objetivos y afrontarlos con coherencia. Situarse en la indefinición y no desairar a nadie puede haber sido una política moderadamente positiva en estos primeros cien días, pero si perdura se convertirá en un grave error.