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Si el tango decía
aquello de "que veinte años no
es nada", cien días es un lapso
irrelevante para el análisis, aunque
se tenga por generalmente aceptado
como un período suficiente para
que un gobierno apunte las líneas
más importantes de su proyecto político.
Pero si difícil es vislumbrar -más
allá de las palabras que, como todo
el mundo sabe, se las lleva el viento-
las líneas generales del proyecto
político, la dificultad se multiplica
en el caso de la cultura, concepto
asaz impreciso y siempre escurridizo
a la hora de determinar los límites
de su territorio. Porque llevar
a cabo una reforma en Defensa, tomar
una medida como, por ejemplo, el
regreso de las tropas de Irak, tiene
unas consecuencias inmediatas y
un eco social importante, además
de una definición clara sobre el
comportamiento del Gobierno ante
ese conflicto; pero no ocurre tal
cosa en sectores tan evanescentes
como el cultural, en el que medidas
tomadas hoy darán frutos, más o
menos sanos o podridos, a medio
y largo plazo. Cesar a los generales
bajo cuya jerarquía se produjo el
dislate del Yakolev-42 tiene una
repercusión inmediata que no se
produce, por ejemplo, tras la sustitución
del intertextualizador Luis Racionero
como Director de la Biblioteca Nacional
por Rosa Regás, cuyas consecuencias,
positivas o negativas, se verán
con la perspectiva del tiempo. En
relación a este caso, no obstante,
hay que convenir en que, cuando
menos, algo había de disparate en
el hecho de mantener a un "copiador"
confeso al frente de una institución
cual es la Biblioteca Nacional,
la Casa de todos los Libros, intertextualizados
e intertextualizables o no.
Apenas balbuceos, buenas palabras
en todo caso, vehículos de mensajes
cuya bondad está por ver. Así ocurre
con el nombramiento de César
Antonio Molina, ex director
del madrileño Círculo de Bellas
Artes, como Director del Instituto
Cervantes; suponer que eso conlleva
una mejora automática sobre la gestión
del director anterior, Jon Juaristi,
sería sólo eso, una suposición,
porque la inmensa e importantísima
labor que tiene por delante el Instituto
Cervantes escapa a la capacidad
del director del mismo, ya que es
responsabilidad de la ministra Carmen
Calvo y de su equipo, de lo
que el Gobierno esté dispuesto a
hacer por difundir la cultura española
en el extranjero.
A los pocos días de tomar posesión
de su cargo, la ministra anunció
una medida relativa al sector del
libro: la disminución del IVA, del
5 al 1%, para esos objetos de papel
llenos de letras que tan poco se
venden por estos pagos donde la
industria editorial es, sin embargo,
la más poderosa de Europa y la segunda
del mundo, después de Estados Unidos,
cuyos habitantes son también, al
parecer, poco aficionados a la lectura.
La medida desgravatoria tiene por
objeto, según la ministra, fomentar
la lectura y ha sido aplaudida por
el conjunto de las empresas editoras.
¿De verdad cree la ministra que
bajando el precio de un libro de,
por ejemplo, 12,02 € a 11,54 € los
ciudadanos españoles que compran
libros van a comprar más y que los
que no compran van a empezar a hacerlo?
Y por otra parte, ¿la compra de
qué libros es la que supuestamente
fomenta esa medida? Porque el libro
en sí mismo no es sino un objeto
comercial y mercantil y una gran
parte de los libros que se editan
anualmente en España merecerían,
en aras de la cultura, una mayor
carga impositiva y no al contrario.
La consecuencia cierta de esa medida
desgravatoria es que el Estado recaudará
menos impuestos a emplear en beneficio
del conjunto de los ciudadanos,
mientras lo más probable es que
se venderán igual o menos libros
(lo que siempre es posible, aunque
no lo parezca) y que las empresas
que detentan el oligopolio del sector
editorial no verán mermados sus
beneficios, al ser el IVA un impuesto
aplicado sobre el comprador, es
decir, sobre el mismo ciudadano
contribuyente de ese Estado que
renuncia a recaudar un 4% para que
los ciudadanos lean más. Esa medida
tendría un relativo sentido si se
marcara un precio fijo para el libro,
inamovible durante un determinado
período de tiempo. En cuanto a medidas
industriales, o se interviene o
se respetan las leyes del libre
mercado; en cuanto a la escasa afición
lectora de los españoles, este es
un tema que, la verdad, se encuentra
enquistado mucho más profundamente,
mucho más allá de cuatro puntos
de IVA.
Otra medida anunciada en grandes
titulares es la de destinar el 5%
de los beneficios de las televisiones
a la producción cinematográfica,
a la financiación de películas hechas
en España por españoles, una forma
de "solucionar" la crisis
del cine español. Es esta una medida
continuadora -y por tanto ineficaz-
de anteriores políticas relativas
a este sector que, año tras año,
levanta su voz para llamar públicamente
la atención sobre la situación de
crisis en que se haya; productores,
directores, actores y técnicos aportan
datos irrefutables. Y llevan razón:
el cine español está en crisis,
no existe una industria sólida.
Lo que ocurre es que siempre ha
sido así, la crisis del cine español
es ya casi legendaria; ¿cuándo ha
habido una industria cinematográfica
sólida en España? ¿Dónde la hay,
salvo en Estados Unidos e India?
Por otro lado, es coherente que
el cine español esté en crisis y
no exista industria de sector: ¿acaso
no están en crisis otros sectores
industriales españoles, acaso no
existe precariedad generalizada
en el empleo? Con ese 5% obligatorio
no se van a solucionar los problemas
de un sector incapaz de luchar contra
el gran enemigo de las distribuidoras
multinacionales estadounidenses
que controlan el mercado internacional
y copan las salas de exhibición
con sus paquetes de productos fílmicos.
El cine es un producto cultural,
un producto artístico; pero también
un producto industrial; y aún más,
una película es reflejo de alguna
parte más o menos explícita o recóndita
de la sociedad en la que se produce
y que, por ello, atrae a los espectadores
a la sala de exhibición. Y lo que
es cierto y sencillamente verificable
es que las películas que se hacen
en España no interesan a la inmensa
mayoría de espectadores españoles,
como muestran las recaudaciones
de taquilla obtenidas por películas
de aparente éxito y hechas por afamados
directores.
Queda, pues, la subvención directa
del Estado o a través de medidas
como la que ha anunciado la ministra
con connotaciones de solución salvadora.
Pero la experiencia dice que todo
seguirá igual; es decir, se financiarán
proyectos de largometrajes con créditos
públicos que habrán de ser devueltos
si la película no alcanza un mínimo
de venta de entradas en taquilla,
lo que nunca ocurrirá porque hay
trampas para conseguir esos mínimos;
de tal manera que se estará financiando
el trabajo de los equipos de rodaje
de un producto que, salvo excepciones,
será olímpicamente marginado por
los espectadores de cuyos bolsillos
salieron esos créditos públicos.
Nada nuevo bajo el sol.
Queda el tan traído y llevado concepto
de la excepción cultural, acuñado
por Francia y puesto en marcha con
valentía y decisión en el país vecino,
protegiendo firmemente al cinema
francés y plantando cara a las multinacionales,
lo que, por cierto, tampoco ha terminado
con la crisis del cinema francés.
Hace pocos días, la ministra Carmen
Calvo se refirió de una manera positiva
a esa excepción cultural en un foro
latinoamericano. Algo es algo; pero,
de momento, poco.
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