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Una nueva forma
de hacer política caracteriza los
primeros cien días de Gobierno socialista,
la negociación y el consenso frente
a la prepotencia y las imposiciones
de los ocho años del PP. Desde este
punto de vista, el resultado es
acusadamente positivo porque se
ha avanzado en la renovación democrática,
en la recuperación del respeto a
la legalidad internacional y en
el compromiso de imprimir carácter
social y progresista a la política
que se desarrolla dentro y fuera
de España y en el impulso del diálogo
social como motor de progreso.
En este corto periodo de tiempo,
se ha puesto fin a la política de
oídos sordos y los ciudadanos comienzan
a percibir cómo se están dando respuesta
a sus demandas.
España ha retirado sus tropas de
Irak, conflicto bélico injusto que
había marginado a la ONU y violado
la legalidad internacional, y en
el que nuestro país se había implicado
en contra de la voluntad de la gran
mayoría de los españoles. Se ha
aprobado la moratoria de la Ley
de Calidad de la Enseñanza (LOCE),
paralización necesaria hasta conseguir
el mayor y más amplio acuerdo político
y social para elaborar una nueva
Ley que sitúe la educación como
una prioridad real, al margen de
vaivenes políticos. Y se está trabajando
para cumplir con los compromisos
del Protocolo de Kioto que España
ratificó en mayo de 2002, y que
el Gobierno del PP ignoró, pero
que desde nuestro punto de vista
debe realizarse manteniendo el empleo
y la actividad productiva en los
sectores incluidos en la directiva.
Se ha retirado el Plan Hidrológico
Nacional y se han presentado alternativas
que apuestan por una gestión más
sostenible del agua, con mayor racionalidad
económica y más contribución a la
mejora de la calidad de vida y del
medio ambiente.
Destaca también un importante giro
social que se pone de manifiesto
con medidas como el incremento del
6,6 % del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) hasta situarlo en 490,50€,
primer paso para alcanzar el objetivo
de los 600 € prometidos para esta
legislatura y que ha permitido que
sus perceptores, aquellos trabajadores
que no tienen un convenio colectivo
de aplicación, en particular jóvenes
y mujeres, y los perceptores de
subsidio por desempleo recuperen
el poder adquisitivo perdido de
forma injusta durante la etapa del
Gobierno del PP.
El Gobierno ha mostrado también
desde el principio (incluyendo la
creación de un Ministerio específico)
su voluntad política para solventar
los problemas existentes en el acceso
a la vivienda. La entidad del problema
precisará, sin duda, de actuaciones
de calado, aún sin definir, pero
el recientemente aprobado Plan de
medidas urgentes supone un primer
paso que incluye medidas de ayuda
directa a inquilinos y propietarios
en alquiler, y crea las condiciones
para poder acometer las actuaciones
de mayor incidencia.
En este empeño de dar respuesta
a las preocupaciones de los ciudadanos,
no hay que olvidar el trabajo que
está desarrollando para erradicar
la execrable lacra de la violencia
doméstica, impulsar la igualdad
de los ciudadanos en todos los aspectos
de nuestra sociedad y destacar el
reconocimiento de la migración desde
un punto de vista laboral y no de
seguridad ciudadana, al asumir sus
competencias plenas el Ministerio
de Trabajo. De esta forma se podrá
desarrollar una política migratoria
eficaz y evitar que se condene a
la ilegalidad a la mitad de la población
inmigrante.
Además este Gobierno nos ha vuelto
a involucrar plenamente en la construcción
de Europa. Ha participado de forma
decisiva en la negociación y posterior
aprobación de la Constitución Europea,
que supone un avance inequívoco
porque, pese a que existen aspectos
criticables y claramente mejorables,
establece los valores, los objetivos
y la carta de derechos fundamentales
de los europeos.
Se están cumpliendo compromisos
y éstos se alcanzan desde el diálogo,
teniendo en cuenta la opinión de
todas las partes. Pero queda mucho
camino por andar si queremos construir
una España más moderna, con una
concepción menos centralista del
Estado, con mayores oportunidades
para todos, más riqueza y mejor
redistribuida, así como mayor protección
social. Es imprescindible garantizar
pensiones dignas, extender la protección
por desempleo, desarrollar una política
de familia que permita conciliar
la vida laboral y familiar, atender
a aquellos colectivos con mayores
dificultades, personas con discapacidad
y dependientes.
Y para ello es preciso asentar el
futuro económico del país con medidas
que ayuden a equilibrar nuestro
modelo de crecimiento sobre bases
sólidas, una vez demostrada la ineficacia
de un modelo basado en los bajos
costes laborales. Tenemos que corregir
los grandes desequilibrios de nuestra
economía y de nuestro mercado de
trabajo para poder competir en el
nuevo escenario europeo. Es necesario
implantar un modelo productivo que,
sin dogmas ni fundamentalismos,
permita el desarrollo de la economía
real, potencie la inversión productiva
y la mayor aportación del sector
exterior y prime el objetivo de
crecer pero con mayor avance de
la productividad.
Y hacia ese camino avanza el proceso
de diálogo social que se ha iniciado
entre Gobierno, patronal y sindicatos.
La "Declaración para el diálogo
social 2004", que firmamos el 8
de julio pasado abre un proceso
no carente de dificultades en el
que, salvando las diferencias, nos
posibilitará alcanzar un acuerdo
para mejorar la estabilidad del
empleo, reforzar la cohesión social
y mejorar la productividad de las
empresas.
Con esta negociación se abren nuevas
expectativas, que no debemos defraudar,
para muchos trabajadores, todos
aquellos que pretenden un empleo
estable y dignamente retribuido,
los desempleados, los jóvenes, las
mujeres, etc. Todos ellos, colectivos
más perjudicados por la actual situación
de nuestro mercado laboral, donde
será preciso poner en marcha estrategias
para reducir el elevado empleo temporal,
que perjudica el acceso a la formación
profesional y eleva a límites insoportables
la siniestralidad laboral, potenciar
los servicios públicos de empleo
y aumentar la participación de los
representantes de los trabajadores,
entre otros aspectos.
En este sentido, será preciso abordar
reformas, tanto en lo referido a
la mejora y la ampliación de la
negociación colectiva, en la que
el Gobierno se ha comprometido a
respetar la autonomía de sindicatos
y patronal, como en lo referente
a una reorientación del modelo productivo
para basarlo en mayor nivel de productividad,
más empleos, seguros y de mayor
calidad, inversiones públicas y
privadas en tecnología e investigación
(I+D+i), educación y cualificación,
y una política industrial activa,
con capacidad de anticipación para
evitar la deslocalización de empresas.
Sólo así España será capaz de conseguir
un crecimiento sostenible y estable
de la actividad económica y un mayor
bienestar social para afrontar los
retos que se plantean tras la ampliación
de la UE.
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