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Hace cien días tuve
el honor de asumir el Ministerio
de Justicia. Para acometer sus retos
es aconsejable evitar dos posibles
inercias igualmente contraproducentes:
el adanismo, creer que se está partiendo
siempre de cero, haciendo tábula
rasa de todo lo anterior; y su reverso,
el penelopismo: un continuo
tejer y destejer. Así, con prudencia,
abriendo el debate sobre nuestras
iniciativas a todas las otras fuerzas
políticas y sectores implicados
y con total conciencia de lo muchísimo
que queda por andar, hemos tomado
nuestras primeras decisiones.
Es muy poco el tiempo transcurrido,
por lo que sería ilusorio alardear
de que se han hecho muchas cosas
en un sector de la actividad pública
tan singular como es el de Justicia.
La Justicia, como ninguna otra,
es una materia que requiere de políticas
continuadas durante años para dar
sus frutos y de ahí que todo lo
positivo que se realice en esta
Legislatura sólo se podrá visualizar
claramente cuando hayan pasado tres,
cuatro o cinco años desde su finalización.
Pero cumpliendo con la tradición,
una vez culminado este tramo de
cien días, se suele hacer el primer
balance de la gestión del Gobierno
constituido tras una nueva mayoría
emanada de la libre voluntad de
los ciudadanos. Desde la responsabilidad
que estamos ejerciendo al frente
de este Ministerio, tenemos muy
claro que son muchos los aspectos
que deben cambiar en nuestra Justicia
para adaptarla a las necesidades
de la sociedad española del siglo
XXI. Y a ello hemos empezado a contribuir
con nuestro trabajo. No sólo debemos
aprobar nuevas leyes -y aquí hay
que destacar el Proyecto de Ley
Integral contra la Violencia de
Género, en cuya elaboración este
Ministerio ha participado activamente-,
sino que también es imprescindible
modificar hábitos. Por eso hemos
iniciado acciones para hacer más
transparente nuestra Administración
de Justicia, con la puesta en marcha
de una nueva oficina judicial integrada
por profesionales motivados y volcados
en el mejor servicio de los ciudadanos.
Por eso también hemos creado nuevos
órganos judiciales especializados
en materia mercantil y , por eso
en tres meses hemos desarrollado
el reglamento de la Ley Penal del
Menor, una medida que había sido
demorada durante cuatro años por
el anterior Gobierno, y que demandaban
con insistencia todas las comunidades
autónomas.
En estos cien días también hemos
avanzado en el ámbito de la construcción
del espacio de libertad y seguridad
en Europa. La firma de un acuerdo
para la interconexión de los registros
de antecedentes penales de España,
Francia y Alemania garantizará un
mayor grado de eficacia en las investigaciones
policiales y pondrá aún más difícil
que cualquier delito, pero en especial
los referidos a terrorismo, libertad
sexual y tráfico de drogas, quede
impune.
Los objetivos están claros y su
núcleo esencial ha de ser compartido
por todos. Tenemos que lograr una
Justicia ágil y de calidad, y para
conseguirlo es indispensable avanzar
en su modernización. Con ese fin,
daremos un impulso a las nuevas
tecnologías, que tanto pueden ayudar
a que el sistema judicial sea más
rápido, y ampliaremos el horario
de atención al ciudadano. Pero además
incrementaremos los medios personales,
creando mil nuevas plazas de jueces
y fiscales, y pondremos en marcha
los juicios rápidos en materia civil.
Nuestra meta es aproximar la Justicia
a los ciudadanos y conseguir que
confíen en ella. Una Justicia ineficaz
no es sólo un lastre económico y
social, un obstáculo en la eficiencia
de los mercados, del tráfico y de
la vida económica; una Justicia
ineficaz constituye, además, una
fuente de erosión al crédito del
Estado y un déficit democrático
potencialmente insoportable para
una sociedad avanzada. Debemos transformar
la Justicia para mejorar la sociedad.
Y a ello debemos dedicarnos en los
próximos cuatro años.
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