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Ilusión
Cuando una nación sufre un atentado
salvaje como el del 11 de marzo
en víspera de unas elecciones generales
es más que lógico que entre la ciudadanía
se produzca una acusada pérdida
de confianza hacia el partido en
el poder. También es lógico que
el nuevo Gobierno, salido de las
urnas tras un vuelco electoral inesperado,
sea el encargado de devolver la
esperanza sustraída por la barbarie
terrorista y sea el depositario
del deber de recuperar la ilusión
perdida. No puede ser de otra manera.
En materia de Justicia hubo dos
factores que indujeron a pensar
que el cambio podía tener fuertes
raíces: el nombramiento de Juan
Fernando López Aguilar como
Ministro de Justicia y el programa
electoral socialista, que contemplaba
un aumento de medios materiales
y humanos y un plan de choque de
actualización de la Justicia.
La trayectoria de López Aguilar
era de sobra conocida: un jurista
de reconocido prestigio y una personalidad
abierta y dialogante. Además, se
unía a esto que fue impulsor, junto
Ángel Acebes, del Pacto para
la Reforma de la Justicia, suscrito
por el Partido Popular y el Partido
Socialista Obrero Español el 31
de mayo de 2001, cuyo objetivo era
poner al día en todo a una Justicia
que se había quedado anticuada.
Sus palabras, ante la Comisión de
Justicia del Congreso de los Diputados,
el 25 de mayo pasado, nos indujeron
a pensar que López Aguilar tomaría
el testigo y reimpulsaría el Pacto,
aunque llamándolo de otra forma
y con alguna modificación añadida.
Entonces se refirió al "penelopismo",
ya saben, la estrategia que aplicó
Penélope, la mujer de Ulises,
para ganar tiempo y evitar casarse
de nuevo porque creía firmemente
que su marido no estaba muerto y
que algún día volvería a Ítaca.
"El día que termine de tejer
el sudario de Laertes me casaré",
anunció Penélope a todos sus pretendientes.
Lo que no contó es que durante el
día tejía y por la noche lo destejía,
con lo que nunca terminaba.
López Aguilar se mostró como un
pragmático. Lo suyo no era el "penelopismo".
No eran dos pasos adelante y uno
atrás. Ni tampoco la búsqueda del
impacto mediático a toda costa.
"Ni legislar precipitadamente",
dijo. "La primera meta de cualquier
gobierno progresista y solidario
ha de ser que la justicia funcione
como un servicio de calidad, rápido,
eficaz, ágil, pero también y sobre
todo, no discriminatorio, es decir,
igualitario". Son palabras que
pronunció aquel día ante sus señorías,
los diputados.
Sorpresa
El problema con las palabras es
que el que las pronuncia se convierte
en su esclavo. De ahí mi sorpresa
cuando López Aguilar, garante como
Ministro de Justicia del principio
de legalidad constitucional de los
proyectos de Ley preparados por
el Gobierno, apoyó de forma incondicional
e incondicionada el polémico proyecto
de Ley Integral contra la Violencia
de Género, sobre el que el Consejo
General del Poder Judicial emitió
un informe crítico. ¿Por qué? Porque
entendimos que era un proyecto de
Ley "poco hecho", poco jurídico
-técnicamente hablando-, y precipitado
en su elaboración. Tenía que ser
presentado a toda costa ante el
Parlamento antes del 30 de junio
porque así lo había comprometido
José Luis Rodríguez Zapatero,
el presidente del Gobierno.
En este sentido, la calidad y claridad
de las leyes es elemento imprescindible
para alcanzar ese bien tan preciado
que es la seguridad jurídica. Una
cosa es el debate político, con
su carga retórica, y cosa bien distinta
es el sentido común y rigor que
debe inspirar la acción de gobierno
de cualquier poder del Estado. Creo
que desde el CGPJ hemos dado muestras
de que este principio ha motivado
nuestra actuación.
No hay duda de que nos encontramos
ante un grave problema que afecta
básicamente a las mujeres y que
una sociedad moderna no puede tolerar.
Tampoco hay duda de que desde el
Consejo no se ha discutido la necesidad
y oportunidad de una "iniciativa
ambiciosa" que pretende atajar
de forma integral este lacra social.
Es decir, compartimos la filosofía
y urgencia del proyecto; compartimos
la necesidad de discriminar positivamente
a favor de las mujeres maltratadas
con la idea de modificar hábitos
de conducta; compartimos la inclusión
en una Ley de medidas de sensibilización
e intervención social para erradicar
esta locura; compartimos la oportunidad
de establecer un catálogo de derechos
de las mujeres víctimas de la violencia;
en conclusión, compartimos muchas
cosas.
Las discrepancias se refieren exclusivamente
al concepto, mal concebido, de discriminación
positiva que produce desigualdad
y a la idoneidad de los mecanismos
penales y judiciales diseñados por
el actual Gobierno, para combatir
este grave problema, basados más
en la espectacularidad que en la
eficacia y la racionalidad.
Lo que nos movió a los miembros
del CGPJ fue el hecho de que el
proyecto de Ley introducía el principio
de desigualdad penal y judicial
por razón de sexo. Si fuera aprobada
tal como nos llegó es evidente que
habrá una "Justicia de Primera",
más rápida y con más medios, para
las mujeres víctimas de maltrato
en el seno de la familia, y una
"Justicia de Segunda", más
lenta y con menos medios, para el
resto. Da lo mismo que la persona
maltratada sean el cónyuge, mayores
o menores, que convivan dentro de
la familia. Tales colectivos, asimismo
maltratados en el ámbito intrafamiliar,
aún siendo pocos respecto a las
mujeres, también existen.
Las leyes, si queremos que perduren,
no pueden hacerse desde el sentimiento
y la premura sino que hay que elaborarlas
desde la razón y la reflexión, aunque
con un cierto grado de sentimiento.
El ordenamiento jurídico es un sistema
armónico que debe ser mimado y cuidado
en aras a la seguridad jurídica.
Es sorprendente que López Aguilar
no sepa verlo así. Tampoco creía,
es cierto, que vería a un Partido
Socialista conseguir, consecuencia
de un progresismo mal entendido,
que una Ley necesaria que debería
unirnos a todos esté dividiendo
a la sociedad española.
Como he dicho antes, la apuesta
del Partido Socialista era por una
Justicia como servicio público de
calidad, rápido, eficaz y ágil y
con medios económicos y humanos
suficientes.
Efectivamente, en su programa electoral
se decía que el gasto directo en
Justicia aumentaría de "modo
inmediato" en no menos de 180
millones de euros anuales (30.000
millones de las antiguas pesetas)
y proseguiría de modo sostenido
con la mira puesta en conseguir
a medio plazo un dos por ciento
del total del Presupuesto del Estado.
Por otro lado, el Ministro manifestaba
en una entrevista del diario Expansión
(15 de junio de 2004): "Una buena
Justicia mejora el crecimiento económico
y su estabilidad". Todo indicaba
que el actual Gobierno iba a apostar
por los Juzgados de lo Mercantil,
en los que se dirimirán los conflictos
propios del ámbito empresarial de
una manera rápida y diligente, de
acuerdo con las nuevas realidades
sociales.
Muchos empresarios así lo creyeron.
En el mundo moderno que nos ha tocado
vivir la Justicia es una garantía
de seguridad jurídica para todos,
ciudadanos y también empresas. Es
un signo que todos los países serios
y solventes poseen.
La sorpresa ha sido mayúscula cuando
hemos encarado esta "asignatura
pendiente". Desde el CGPJ pedimos
que se crearan 48 nuevos Juzgados
de lo Mercantil, y lo apoyamos con
un informe serio y riguroso en el
que describíamos las necesidades
existentes en toda España. El Gobierno
nos respondió con el anuncio de
la creación, este año, de 24 Juzgados
exclusivos y 12 que, aunque denominados
Juzgados de lo Mercantil, son realmente
mixtos ya que sus competencias abarcarán
asuntos de lo mercantil, civil y
en ciertos casos penal.
Desde mi punto de vista, existe
cierto "miedo escénico" por
parte del Ministerio de Justicia
dado que los conflictos de empresa
no son tan populares ni tienen tanta
trascendencia como aquellos de contenido
social, que afectan a un número
superior de ciudadanos. No obstante,
hay que reconocer que el mundo empresarial
ayuda a generar riqueza y crear
puestos de trabajo, lo que hace
necesario establecer el marco adecuado
que permita las mínimas condiciones
de seguridad que contribuyan a un
crecimiento y desarrollo económico
sostenido.
El número de los Juzgados de lo
Mercantil es, a todas luces, insuficiente
para la carga de trabajo esperada,
sobre todo en las grandes ciudades
donde, previsiblemente, nazcan colapsados
desde el principio.
No ha habido ganas, a pesar del
apoyo de las Comunidades Autónomas
(que son las que realmente soportarían
el 85 por ciento del coste), de
las expectativas generadas en el
mundo empresarial, de dotar a este
proyecto, desde su inicio, con los
medios necesarios para que tenga
éxito.
Otra "sorpresa" fue el anuncio
de la modificación del proceso penal
en el que la instrucción, la investigación
de los delitos, pasaría del actual
modelo, de juez de instrucción,
a otro en el que el fiscal asumiría
esas funciones, al estilo anglosajón.
López Aguilar llegó a anunciar,
en la mencionada comparecencia ante
el Parlamento, la creación de 600
nuevas plazas de fiscales en la
actual legislatura.
Con independencia del debate dogmático,
cualquier decisión en materia de
justicia debe contemplar dos aspectos
fundamentales: Cuánto va a costar
y qué efectos va a producir sobre
la Administración de Justicia básicamente
en cuanto a las dilaciones y retrasos
(la lentitud es la principal "enfermedad"
que aqueja al sistema judicial).
El calado de la reforma era de tal
magnitud que treinta y un día después,
el 1 de julio, se propuso que la
implantación del nuevo sistema se
retrasase hasta el 2010. Esto es
innegable que ha creado una imagen
de improvisación que no beneficia
a la Justicia.
Una nueva sorpresa es que ese incremento
de medios económicos para la Justicia
no se producirá de forma inmediata
sino que habrá que esperar hasta
el presupuesto del año 2005, habiéndose
dado instrucciones por el Ministerio
a los diferentes Tribunales Superiores
de Justicia en el sentido de que
no hay disponibilidad presupuestaria
para pagar a magistrados suplentes
y jueces sustitutos (jueces que
sustituyen a los jueces profesionales
por vacaciones, estudios, enfermedades,
etc), lo que ha generado una honda
preocupación en el sector de la
Justicia por los efectos distorsionadores
que esta medida pudiera generar.
Adicionalmente, el Ministerio de
Justicia ha enviado una carta al
Consejo General del Poder Judicial
y a todos los Presidentes de Tribunales
Superiores de Justicia en las que
nos ha dicho que tienen agotado
el presupuesto para medidas de refuerzo.
Eso quiere decir que, al menos temporalmente,
no va a haber jueces de apoyo para
continuar poniendo al día los tribunales
que tienen más retrasos de toda
España.
Por último, se percibe una cierta
lentitud en la puesta en marcha
de medidas adoptadas por el equipo
del Gobierno anterior en relación
con la nueva Oficina Judicial, la
modernización tecnológica de nuestra
Administración de Justicia así como
los juicios rápidos civiles, por
los que el Partido Popular hizo
una fuerte apuesta.
Controversia
Todas estas decisiones con incidencia
económica han sido justificadas
en la falta de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a
las necesidades de una Justicia
dinámica. Esto, evidentemente, ha
provocado una fuerte controversia.
La culpa de todo lo que está sucediendo
-y era de esperar-, es del anterior
equipo ministerial. Los que se han
marchado siempre tienen la culpa.
Son los "cabezas de turco"
perfectos, aunque sea la primera
vez después de ocho años de Gobierno
del Partido Popular que se paralizan
momentáneamente los Planes de Actuación
que estaban en marcha.
Estupor
El estupor nos ha llegado al filo
del verano por los mensajes lanzados
desde el Ministerio de Justicia
y manifestaciones realizadas por
el titular de esa cartera. Mensajes
para recordar que existen "técnicas
jurídicas" para forzar el consenso
en el seno del Consejo General del
Poder Judicial y manifestaciones
exigiendo a este órgano constitucional
"sensibilidad" hacia el pluralismo
existente en la sociedad española.
Son mensajes y declaraciones que
atentan contra el principio de división
de poderes y la independencia judicial.
Máxime si se tiene en cuenta que
este tipo de manifestaciones lo
que busca es una mayor capacidad
de presión y negociación en la política
de nombramientos del CGPJ para quienes
representan única y exclusivamente
el 10 por ciento de la carrera judicial.
Es decir, se pretende que una asociación
minoritaria pueda elegir al 40 por
ciento de los cargos discreccionales
a través de las mayorías reforzadas,
soslayando de esta forma el principio
de mérito y capacidad de los candidatos.
Las mayorías reforzadas en política
de nombramientos son, a mi juicio,
un tema planteable. Es un criterio
no rechazable per sé, siempre y
cuando se plantee como una medida
que garantice la toma decisiones
importantes. Sin embargo, es a todas
luces rechazable cuando lo que se
busca es defender intereses corporativos
dotándoles "ex lege" (por
imperio de la ley) de mayor capacidad
de presión y negociación que lo
que realmente representan dentro
de la carrera judicial.
Por otra parte, no debe olvidarse
que lo que el ciudadano reclama
es que a los tribunales de mayor
categoría accedan los mejores jueces
dentro de la carrera judicial y
que la diversidad política no sea,
en ningún caso, un mérito para obtener
este fin.
En este sentido se ha introducido
una dinámica que deslegitima las
tomas de decisión en el Pleno del
CGPJ. Se trata de dar la impresión
de que un nombramiento por mayoría
"no es bueno", "no es
democrático", que es producto
del "rodillo". Esto es muy
peligroso porque en esos discursos
explicativos, cuando los datos acreditan
que no existe rodillo, se suele
mezclar una pequeñísima porción
de verdad y un mucho de demagogia
que sin duda daña la imagen de la
Justicia.
El balance, cien días después, en
el tema de la Justicia no puede
ser más evidente: estupor rodeado
de controversia, vacunados contra
la sorpresa y a punto de perder
la ilusión. Sin embargo, la esperanza
es lo último que se pierde si existiendo
talento, y el Ministro aparentemente
lo tiene, hay ganas de escuchar
y dialogar a la vez que trabajar
de forma coordinada y pensando en
un objetivo común: "LA JUSTICIA".
*Vocal del CGPJ
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