Desde el pasado 22 de febrero un grupo de profesores se encuentra
encerrado al verse visto excluido del proceso de estabilización
pactado por la Administración vasca con tres de los sindicatos
de la enseñanza con más peso en el sector, STEE-EILAS,
ELA y LAB. El acuerdo establecía que las condiciones
para lograr la estabilidad en los puestos de trabajo de los
docentes para 2006 pasaban por lograr el perfil dos en lo
referente al dominio del euskara. Un perfil que permite impartir
las clases en la lengua vasca, aunque el dominio de la lengua
no sea el más indicado.
Los trabajadores al servicio de la Administración tienen que
cumplir con los requisitos lingüísticos en una comunidad en
la que las dos lenguas son oficiales. En este caso, además,
es la propia evolución del sistema educativo vasco quien condiciona
la preparación de los docentes en lo que corresponde a la
lengua. Año tras año, la demanda educativa de los modelos
únicamente en euskara ha ido subiendo imparablemente,
hasta el punto de que prácticamente es necesaria la euskaldunización
total del profesorado para cubrir la demanda.
A nadie escapa, sin embargo, que la protesta de los profesores
que temen perder la estabilidad de sus puestos de trabajo
está condicionada por diversos factores políticos. La precampaña
electoral -como siempre en Euskadi la más importante desde
la llegada de la democracia- ha sido un acicate que PP y PSE
han sabido aprovechar. Estos dos partidos siempre han tenido
una actitud reticente sobre los planes lingüísticos del Gobierno
vasco. Han actuado de freno ante la Administración y han sido
quienes se han encargado de dar esperanzas a los docentes
castellanos parlantes.
La posición tímida y titubeante de los sucesivos gobiernos
también ha ayudado a que las manifestaciones de rechazo a
su política hayan calado en algunos sectores. El querer huir
a toda costa de dar una imagen de imposición ha llevado al
Gobierno vasco en muchas ocasiones a dar precisamente la imagen
que quería evitar. Su silencio a las propuestas de los encerrados
también contribuye a ello.
Quien realmente pagará los platos rotos será el euskara.
Aceptado por todos que es conveniente para su normal desarrollo
dejar al margen del rifi-rafe partidista, los intereses electoralistas
de algunos lo están imposibilitando. Lo escandaloso no es,
como sugieren algunos voceros del PP y del PSE, que un grupo
de docentes pueda perder la estabilidad de sus puestos por
no haber alcanzado el conocimiento de la lengua exigido, sino
que a otros trabajadores de la misma Administración no se
les exija el conocimiento del euskara para desempeñar su labor.
El Gobierno puede ampararse en que las demandas en un sector
o en otro no son comparables y eso permite flexibilizar la
exigencia del conocimiento de la lengua vasca. Pero ese argumento
no satisface ni a quienes después de haber estado liberados
del trabajo dos años no han podido conseguir el perfil exigido
ni a quienes exigen una política firme y que no esté al albur
de los acontecimientos políticos.
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