La peor herencia de Aznar, asumida además sin reparos
por Rodríguez Zapatero, es la normalidad y la naturalidad
con que se están recortando derechos y libertades fundamentales
en lo relativo a la política vasca. Las elecciones autonómicas
están a la vuelta de la esquina y Batasuna ya ha sido excluida
sin que nadie fuera de Euskadi parezca haberse escandalizado
a pesar de que esa medida supone arrebatar sus derechos civiles
y políticos a miles de personas. Por cierto, Batasuna es perfectamente
legal en el Estado francés. ¿Curioso, no?
Pero lo que ya es rizar el rizo es lo que está ocurriendo
con Aukera Guztiak. Han sido, hemos sido, investigados las
más de 27.000 personas que con nuestra firma hemos apoyado
su derecho a participar en el proceso electoral. ¿Con qué
derecho son, somos, investigados miles de vascos contra quienes
no pesa ninguna acusación? España, está visto, se está convirtiendo
en un Estado policial, más propio de regímenes como el turco
o de cualquier república bananera de película de Woody
Allen.
Una investigación que presenta a bombo y platillo un diario
nacional que no duda en asegurar que Aukera Guztiak es la
'lista blanca' de Batasuna. A eso se le llama periodismo objetivo
basado en el contraste de la realidad. Y añaden que una parte
de los firmantes tiene relación con Batasuna o con la kale
borroka. Y ya tienen la prueba que tanto busca el Fiscal General
del Estado. De risa. A esos supuestos firmantes, quienes,
que se sepa, ni están perseguidos por la Justicia ni han sido
condenados por ningún juez, se les condena porque la Policía
tiene indicios, también supuestos. ¡Viva el Estado de Derecho!
Y además, aunque tales indicios fueran ciertos, ¿qué? La carga
de la prueba en ningún caso podría recaer sobre Aukera Guztiak,
que ninguna responsabilidad tendría en ello.
Y hablan de espionaje telefónico a ciudadanos sobre los que
no pesa ninguna acusación y se quedan tan anchos. Curiosa
democracia. Y muestran esas conversaciones como prueba de
no sé qué connivencia. Cualquiera que conozca mínimamente
la sociedad vasca, su fortísimo movimiento social y ciudadano,
no puede extrañarse de que el secretario general de LAB hable
por teléfono con el presidente del Consejo Económico y Social,
uno de los impulsores de Aukera Guztiak, o que un miembro
de Batasuna hable con otro portavoz de la lista que pretenden
ilegalizar, compañeros ambos de la plataforma contra el Tren
de Alta Velocidad. ¿Con qué pruebas tan birriosas nos quieren
engañar?
Porque, además, la gran excusa se les ha venido abajo. Aukera
Guztiak ha dicho por activa y por pasiva que rechaza toda
vulneración de derechos humanos. Toda. ¿A qué viene exigir
una condena expresa de ETA? Se lo explico, porque sólo tiene
una explicación, que quienes eso exigen simplemente tratan
de reducir la violencia existente en Euskadi a la que ejerce
ETA. Y se olvidan, y no condenan, la tortura en comisarías
y cuartelillos, denunciada cada año por acreditados organismos
internacionales. ¿Y no es una forma de violencia mantener
a un chaval preso durante cuatro años sin ni siquiera haber
sido juzgado? Y qué decir de la dispersión de los presos,
simple venganza que se traduce en la muerte de familiares
y amigos en accidentes de carretera cuando recorren miles
de kilómetros para visitar en la cárcel a sus seres queridos.
Por cierto, que quienes diseñaron y ejecutan la dispersión
bien harían en ir dimitiendo porque se ha demostrado que no
sirve para cumplir su teórico objetivo, sí, aquel de separar
a los presos de la organización y facilitar su repudio a ETA.
Ya son muchos años y casos como el de Soares Gamboa, arrepentido
para unos, traidor para otros, se pueden contar con los dedos
de una mano.
Lo que está claro es que, ilegalicen o no a Aukera Guztiak,
el carácter democrático del Estado español está en entredicho
en Euskal Herria, donde con iniciativas como la del Gobierno
del PSOE y la del Fiscal General del Estado cada vez cuesta
más pensar en un horizonte sin violencia de ningún tipo. Porque,
guste o no, con las impugnaciones y las ilegalizaciones sólo
logran una cosa: cargar de argumentos la mochila de quienes
ven en la violencia la única expresión posible de sus aspiraciones
políticas.
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