El Tribunal Supremo, por unanimidad de sus 16 miembros, estima
que la candidatura Aukera Guztiak es una continuación de la
ilegalizada Batasuna y está dirigida por ETA. Por tanto impide
que pueda concurrir a las elecciones para el Parlamento Vasco
del próximo 17 de abril. Es un titular de prensa contundente,
y por ahora quizás solo valga para eso, para consumo y para
condicionar el debate partidario del Aberri Eguna de mañana
domingo. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional
al que sin duda recurrirán. Hasta las doce de la noche del
31 de marzo no se sabrá si Aukera Guztiak podrá participar
en los comicios.
El presidente del alto tribunal, Francisco José Hernando,
y sus 15 compañeros no han tenido duda alguna en dar por buenas
las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del
Estado que sospechaban que Aukera Guztiak era la "lista blanca"
de Batasuna. Los indicios que el Supremo ha elevado a la categoría
de pruebas las aportaban la Guardia Civil y la Policía española.
Pruebas que sirven para ilegalizar Aukera Guztiak y que podrían
valer para hacer lo mismo con Aralar o cualquier otro partido
nacionalista si ese hubiera sido el impulso político del Gobierno
de Zapatero. No nos engañemos, ha sido el Gobierno quien ha
hecho todo lo que está en su mano para que Aukera Guztiak
no pueda concurrir a las elecciones.
¿Quién hace negra la lista de Aukera Guztiak, Rafa Díez, la
asamblea de Batasuna de Getxo, o quizás la agenda de algún
ilegal que contenía el teléfono de la cabeza de lista por
Álava, Ana Arbulu? ¿La ilegaliza que entre los avalistas se
encuentren candidatos que fueron legales en su día de Euskal
Herritarrok, por ejemplo? ¿Por qué no la deja fuera de la
ley la firma de Arzalluz y tantos y tantos abertzales de otros
partidos? ¿No convierte en sospechosos a todos aquellos que
apoyando a partidos nacionalistas legales han impulsado la
candidatura de Aukera Guztiak? ¿O a lo mejor hoy no pero mañana
vaya usted a saber?
El Tribunal Supremo no tiene respuestas para esas preguntas,
porque si las tuviera tendría que enviar al presidio a más
de uno. Al alto tribunal al que PP y PSOE rinden admiración
lo único que le importa es que los sospechosos no han podido
probar fehacientemente que nada tienen que ver ni con ETA
ni con Batasuna ni con el PNV ni con el PSOE, como si las
pruebas las tuvieran que presentar los acusados y no los acusadores.
Basta una reunión con dirigentes de la izquierda abertzale
para enviarlos a los leones. Hernando y sus compinches han
hecho oídos sordos a los argumentos de Aukera Guztiak. Quien
haya querido escucharles sabe que su objetivo no es hacer
la política que Batasuna ha desarrollado en el Parlamento
Vasco durante estos cuatro años. Quien quiera saber sabe que
Aukera Guztiak -como indica su nombre- pretende que todas
las opciones políticas, también Batasuna, puedan concurrir
libremente a los comicios sin que la Ley de Partidos pueda
impedirlo. Y eso no es una reivindicación exclusiva de Batasuna,
ni de ETA; es la exigencia de una amplia mayoría política
en Euskadi, de todos los nacionalistas, pero también de muchos
socialistas sinceros.
Pero Hernando y su Tribunal prefieren mirar hacia otro lado,
ignorar la realidad social que vive Euskadi. Sabe, al igual
que el resto del Tribunal Supremo, que populares y socialistas
aplaudirán su decisión porque, en nombre de la democracia,
no hay quien cuestione las decisiones de los jueces. Menos
aun cuando los políticos de turno les han puesto todos los
medios necesarios para facilitarles la labor. Pero con su
decisión, aunque sea tomada por unanimidad, empobrecen la
democracia, la devalúan. Ahora le tocará ratificar la decisión
al Tribunal Constitucional. Yo no apostaría un euro en favor
de Aukera Guztiak, por mucho que la presidente, María Antonia
Casas, planteara en su día un voto particular a la Ley de
Partidos, una ley hecha en exclusiva para ilegalizar Batasuna,
y por lo que se ve también a todo aquel sospechoso de tener
alguna relación con él y que no guste a Zapatero.
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