No corren buenos tiempos para el proyecto europeo. Y, como
algunos ya hemos repetido hasta la saciedad, no porque no
haya una mayoría de ciudadanos y ciudadanas que quieren ese
espacio de libertad y de justicia, de valores compartidos
que debe representar la Unión Europea, sino porque una y otra
vez las autoridades de los estados miembros se empeñan en
hacer las cosas de modo y manera que es difícil que la ciudadanía
europea se identifique con ese proyecto.
Es cierto que la construcción europea es un proceso complejo,
que no se puede comparar miméticamente con la construcción
democrática de un espacio más reducido como es el de un solo
estado, por ejemplo. En un artículo que escribí en octubre
del 2004, cuatro meses antes de celebrarse el referéndum sobre
el Nuevo Tratado Europeo, yo señalaba lo siguiente a este
respecto: "Es cierto que tanto el nacimiento de la CEE
como el posterior desarrollo de la llamada "integración europea",
son procesos singulares, sin parangón en la escena mundial,
y que, por lo tanto, configuran la construcción de un espacio
económico, político y cultural supraestatal de indudable alcance
e importancia. Es, por lo tanto, un proceso al que en principio
resultaría no aplicable un método de construcción y de cambios
estructurales como el que se aplicaría a escalas estatales.
Así ha sido durante décadas. Debemos ser conscientes de ello.
Pero no hasta el punto de aceptar una suerte de determinismo
o fatalismo europeísta que pretende convencernos de que esto
es lo que hay y que, como aquello de la democracia, no hay
otro modelo mejor, y, por lo tanto, procede aceptarlo, sin
más explicaciones".
Sin embargo, no solamente es cierto sino que resulta evidente
que algo se está haciendo mal cuando la ciudadanía europea
da la espalda a sus dirigentes en las urnas, protagonizando
unas cifras escandalosas de abstención, tanto en los comicios
europeos como cuando más recientemente, en el estado español,
se les llama a ratificar un texto del que se dice nada menos
que va a ser su Constitución. Hay pues una tremenda contradicción
entre los propósitos de aquella cumbre de Laeken que marcaban
el camino para la reforma estructural de la Unión, y los resultados
que se están obteniendo en términos de identificación de la
ciudadanía europea con el proyecto que representa la Unión
Europea. Parece que nadie escarmentó tras aldabonazos como
el rechazo de Irlanda al Tratado de Niza, por ejemplo. Es
cierto que se emprendió el camino de la Convención Europea
para acabar con el método Intergubernamental de cambio de
los Tratados de la UE, pero, al final, quienes decidieron
fueron los de siempre, reunidos a puerta cerrada, desfigurando
a su antojo los trabajos de más de 2 años de Convención Europea,
para ajustarlos, en gran medida, a los intereses prevalentes
de los estados. Nada de compromisos en materia social que
vayan más allá de enunciados voluntariosos, nada de hincar
el diente a la política fiscal común, nada de aventuras en
materia "regional", y tantas otras cosas.
Si se quiere que la ciudadanía europea apruebe un nuevo texto,
llamado constitucional, ¿cómo es posible que ni se les ocurriera
a los dirigentes europeos pasar ese texto por el Parlamento
Europeo, aunque solamente fuera para guardar las apariencias?
¿Cómo pretenden luego que vayamos como corderitos a elegir
un Parlamento que no puede más que dar su opinión a un texto
constitucional, cuando las constituciones, salvo las de las
dictaduras, deben salir de los Parlamentos?
Dos acontecimientos de calado
Y tras ello, se producen dos acontecimientos que en modo alguno
han de pasar desapercibidos. El primero se refiere al Pacto
de Estabilidad, y el segundo al terremoto que han significado
las encuestas sobre el posible resultado del referéndum sobre
el Nuevo Tratado en Francia.
Acerca del primero, resulta revelador que se cambien las reglas
de juego cuando los problemas afectan a Alemania y a Francia.
Ya casi nadie recuerda los debates que se suscitaron por la
falta de disciplina presupuestaria, por ejemplo, de Portugal
o de Italia, y mucho menos de los rifirrafes que mantuvo la
República de Irlanda cuando pretendió mantener su modelo de
crecimiento. Entonces primaba aquello de que las reglas son
para todos las mismas. Y yo lo recuerdo especialmente, puesto
que como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
del Parlamento Europeo me tocó encargarme del Informe sobre
adaptación del método de cálculo del déficit excesivo.
Ahora no. Ahora la prioridad es sacar de apuros a algunos
estados, y flexibilizar las reglas, reglas cuya observancia
tantos sacrificios ha costado a otros estados miembros. Y
eso tiene una lectura demoledora, y hace el discurso más fácil
a quienes se oponen a un proyecto europeo fuerte y compartido.
Y ahora que toca referéndum en Francia, les tiemblan las piernas
no solamente al Presidente Chirac y al secretario general
del Partido Socialista francés, François Hollande,
sino a los burócratas de Bruselas. No será porque no se les
advirtió a tiempo. El ex primer ministro francés Laurent
Fabius ya dijo en su día que había que tener cuidado con
determinadas directivas de liberalización a ultranza, por
ejemplo en materia de servicios públicos, y exigió medidas
cabales para despejar las incógnitas que la deslocalización
industrial arrojaban sobre la ciudadanía. El debate en el
seno del socialismo francés evidenció que un 40% de los socialistas
votaría en contra del Nuevo Tratado de la Unión. Y más tarde,
la votación interna en los Verdes de Francia arrojó un preocupante
42% de opositores al Nuevo Tratado. Nadie se debe sorprender,
en consecuencia, de lo que dicen los sondeos sobre el próximo
referéndum en Francia.
El proyecto europeo ha de ser un proyecto sostenible, no solamente
porque la sostenibilidad se mencione en sus políticas sectoriales,
como valor del siglo XXI, sino porque la propia Unión se proyecte
como modelo estructuralmente sostenible. Para ello se requiere
actuar de otra manera, hacer realidad el protagonismo de la
ciudadanía, acabar con las reuniones a puerta cerrada, dar
protagonismo a los pueblos europeos. Giscard d´Estaing,
presidente de la Convención Europea, cuando conoció los resultados
obtenidos por el 'no' a la Cosntitución Europea en Euskadi
y Cataluña, dijo que no tenemos un enemigo en Bruselas, que
tenemos que resolver nuestros problemas con Madrid. De acuerdo.
¿Pero qué hacemos cuando una Convención Europea que ha estado
reunida durante más de dos años, solamente fue capaz de dedicar
una mañana al llamado "tema regional", y porque se insistió
en ello hasta el aburrimiento? ¿Alguien se cree que esta Europa
de los 25 es realmente sostenible cuando pueblos como el nuestro,
o como importante regiones y estados federados son relegados
a simples observadores, mientras pequeños estados tienen papel
estelar en el reparto y cuentan con europarlamentarios, comisarios
europeos y votos en el Consejo?
Siempre estaremos a tiempo de cambiar las cosas, a condición
de que haya voluntad política para ello. Pero los dirigentes
europeos, enfrascados en sus propios intereses internos y
entrampados en sus estrategias electorales, no parecen estar
por la labor. Se aventura una Europa insostenible, a la que
se le irán poniendo parches, como ha sucedido hasta ahora,
y una ciudadanía europea cada día más alejada, y quizás resignada,
con respecto al proyecto de la Unión. Una ciudadanía a la
que le llegue a parecer, parafraseando a lo que Hippolyte
Taine decía sobre un fumador de opio, que el único medio
eficaz para soportar a Europa sea acaso olvidarse de ella.
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