Durante largo tiempo, con toda probabilidad, asistiremos al debate sobre si Zapatero logró el acuerdo básico acerca de las cifras de la financiación sanitaria o si los populares arrancaron los 1.700 millones de euros anuales, tan alejados del planteamiento inicial del Gobierno, de 500 ó seiscientos nada más. Esperanza Aguirre, que a menudo ejerce de líder del PP, compendió perfectamente el sentido y mensaje de su partido, con su refrán: "A caballo regalado..." O sea, aceptemos sin rechistar esa cantidad de dinero pero neguemos que se haya conseguido el consenso básico que se atribuye Zapatero.

En ocasiones, los políticos, que sólo son administradores y gerentes del dinero de los contribuyentes, piensa y actúan como si esos dineros fueran propios. Lo malo del caso es que, tal y como están produciéndose los acontecimientos, y tal y como funcionan los debidos controles, no resultará fácil que el ciudadano votante y contribuyente termine conociendo con suficiente detalle si esos administradores resultan leales o resultan eficaces, y pueda actuar de acuerdo con esos criterios fundamentales para la marcha de la cosa pública como de los intereses privados, por igual. Nadie ha sabido ni querido explicar si de verdad eran imprescindibles esos 1.700 ó 1.800 millones anuales más, y de dónde deberán proceder esos dineros, si de lo que el Estado obtiene por todos los procedimientos en marcha o si procede a solicitar nuevas aportaciones a ese contribuyente que parece desvirtuado y olvidado en el planteamiento del problema y en la búsqueda de soluciones. ¿Se ha logrado trasmitir a ese contribuyente, ahora en forma de eventual paciente, que también se requiere de su colaboración para que los gastos sanitarios no se sigan desmadrando? Es evidente que el político se resiste a hacer ver a ese ciudadano esa necesidad de su contribución consciente: ni copago ni más impuestos sobre el tabaco, el alcohol, la gasolina o la tarifa de la luz, fórmulas que harían reflexionar sobre los costes reales de esa asistencia sanitaria que se traga miles de millones y siempre reclamará más y más.

En cualquier caso, la utilidad de la Conferencia de Presidentes, como la del Consejo de Política Fiscal y Financiera, parece bien comprobada para afrontar reales problemas y buscarle soluciones entre todos. Y poco a poco se van cumpliendo los requisitos mínimos: planteamiento del asunto a resolver, debate previo, soluciones de cada cual con su correspondiente argumentario, y debate final, incluso con votación.