El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, lanzó la idea en el debate sobre el estado de la región de 2004. “No tiene sentido que una comunidad con competencias sobre agricultura, vivienda, medio ambiente, gestión de suelo o turismo no pueda decidir sobre el destino de su propia agua”. En ese punto, Barreda lanzaba su gran objetivo político para el mandato que había estrenado apenas cuatro meses antes: conseguir que Castilla-La Mancha tuviera mucho más peso en los órganos de gestión del líquido elemento. El año había sido especialmente complicado, puesto que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, había evidenciado un doble rasero que le llevaba a derogar el trasvase del Ebro, por un lado, y a mantener el Tajo-Segura, por otro. Barreda había tomado la bandera del agua con firmeza y, desde entonces, ha hecho de esta reivindicación un asunto de Estado.
El presidente de Castilla-La Mancha ya expuso su idea en la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado mes de septiembre. Barreda, bajo la atenta mirada de los mandatarios murcianos y valencianos, que se sentaban a su salo en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado, realizó un encendido alegato para la ampliación de competencias de las autonomía en la gestión del agua.
José María Barreda entiende, y así lo expondrá en el debate que comienza este lunes en el Senado, que el Estado de las Autonomías ha consagrado para Castilla-La Mancha la etapa de mayor prosperidad y desarrollo. Al presidente regional le gusta utilizar la expresión ”acelerador histórico” para remarcar el impulso que ha supuesto este modelo de relación interterritorial para su comunidad autónoma. De ahí que Castilla-La Mancha no vaya a plantear grandes obstáculos para el Legislador en el proyecto de ley reforma de su Estatuto que remitirá al Congreso de los Diputados.
Aunque el proceso se ha iniciado de forma lenta, tras un verano agitado en los despachos del Ejecutivo regional, sí que da pasos firmes y seguros. A ello ha contribuido el Pacto firmado el pasado 6 de octubre en Toledo entre el propio Barreda y el presidente regional del Partido Popular, José Manuel Molina. En dicho acuerdo, ambos dirigentes se comprometen a que cualquier modificación del Estatuto se realice dentro del consenso y el respeto a la Constitución.
Quitar el polvo al Estatuto
Los partidos políticos de Castilla-La Mancha y el Gobierno autonómico tan solo apuestan por modernizar algunos puntos de la norma autonómica fundamental que han hecho que quede ”estrecha” para las nuevas realidades de la comunidad autónoma. Entre los cambios, se propone la redacción de una Carta de los Derechos de la Ciudadanía, que recogerá garantías sociales que ya disfrutan los ciudadanos. El objetivo es dar amparo legal y estatutario a la protección de los colectivos más dependientes, y que figuren en el Estatuto instituciones creadas en los últimos años como la Defensora del Pueblo de la región o el Síndico de Cuentas.
Es una vieja reivindicación de las comunidades autónomas exigir la posibilidad de intervenir en las negociaciones que España pueda entablar con la Unión Europea. Castilla-La Mancha también plantea esta demanda, y en su nuevo Estatuto pretende establecer un marco de relación con otras comunidades autónomas además de con las instituciones comunitarias. Finalmente, respecto a la financiación, el presidente autonómico apuesta por una fórmula que garantice la solidaridad entre los distintos territorios de España, un terreno pantanoso en el que Barreda no duda a la hora de censurar algunos aspectos de la reforma catalana.
El dirigente castellano-manchego ha querido que su Ejecutivo se mantuviera en permanente vigilancia a los movimientos que se han llevado a cabo en Cataluña. De hecho, fue José María Barreda el último presidente autonómico que se entrevistó con Pasqual Maragall antes del debate del miércoles en el Congreso de los Diputados. Sin alcanzar la beligerancia de Rodríguez Ibarra ni la precisión de Bono en sus críticas, en Castilla-La Mancha se entiende que el Estatut ”se debe enmendar y mucho”. Aunque el presidente entienda que la toma en consideración de la iniciativa supone ”un ejercicio de normalidad democrática”, no duda Barreda en reconocer que ”no todo lo que ha entrado” en la Cámara Baja es de su agrado.
Aún así, el dirigente castellano-manchego confía en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haga prevalecer durante la presentación de enmiendas parciales al texto la ”libertad, igualdad y solidaridad” que enmarcó como principios esenciales para la reforma catalana. En resumen, ”que desde la ley se llegue a la ley pasando por la ley” o, con otras palabras, ”que desde el Estatuto se llegue al Estatuto pasando por la Constitución”.
Por tanto, Castilla-La Mancha llega al debate sobre el estado de las autonomías con el compromiso de no hacer demasiado ruido en la reforma de su Estatuto pero con el firme propósito de hacer valer sus derechos en la gestión del agua. Como dice Barreda, la escasez de este medio no puede ser ”un factor limitante” para el desarrollo de la autonomía. El mismo planteamiento que hacen desde Murcia, por ejemplo, cuya reforma estatutaria será vigilada estrechamente desde territorio castellano-manchego.
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