Manuel Molina
Andalucía: Pendientes del Estatuto catalán
06/11/2005

La financiación autonómica y los cambios que para el actual modelo pueda suponer la redacción final y la posible aprobación del Estatuto catalán admitido a debate por el Congreso de los Diputados parece el tema central de la posición andaluza en el Debate sobre el Estado de las Autonomías de esta semana, mientras buena parte de las miradas de la oposición en esta Comunidad estarán tanto en él como en el ya tradicional asunto de la deuda histórica.

Una posición que a priori no aparece demasiado clara, porque mientras recientemente algunos miembros del PSOE andaluz se habían mostrado partidarios de avanzar en el autogobierno de la Comunidad en áreas y materias como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, servicios meteorológicos, aeropuertos y otros, este mismo fin de semana José Blanco, secretario federal de Organización del PSOE, puso freno a esas aspiraciones al recordar que cualquier intención o avance en ese sentido debe tener en cuenta el interés general del país porque por muy legítimas que sean deben tener en cuenta el marco constitucional y adaptarse a él.

Algo que, aunque suponga un revés para los deseos de los andaluces viene a arropar sus temores en otros sentidos, porque con el Estatuto catalán como fondo del escenario, durante los últimos días algunos de los líderes socialistas andaluces, entre ellos el gaditano Alfonso Perales, secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del Comité Federal, han llamado la atención sobre la importancia que el tema de la financiación tiene en el debate de ese Estatuto, que rompería el modelo actual, alcanzado por consenso, por lo que parece ineludible que para la aprobación del texto remitido por el Parlamento de Cataluña sus promotores tengan que ceder en ese capítulo.

Pese a ello, para la oposición hay síntomas de sumisión por parte del Gobierno de la Comunidad a las directrices centrales, como la inclusión en los Presupuestos de Andalucía para 2006 de una partida de 120 millones de euros con cargo a la denominada deuda histórica, partida que sin embargo no recogen los Presupuestos Generales del Estado, por lo que tradicionalmente se incluía en los presupuestos comunitarios acompañada de un recurso de inconstitucionalidad de los PGE… hasta que Rodríguez Zapatero se instaló en la Moncloa en 2004.

Un recurso de inconstitucionalidad de los PGE que la oposición en el Parlamento andaluz pidió por no incluir alusión alguna al pago de esa deuda histórica y que fue desarrollada en el Pleno de la Cámara autonómica gracias a la mayoría absoluta del Grupo Socialista, con lo que una vez más el manido concepto se convirtió en polémica y caballo de batalla de un Partido Andalucista para el que la inclusión de esa cantidad (no abonable) en 2005 disminuyó las inversiones del Servicio Andaluz de Salud y otras seis Consejerías, entre las que el Partido Popular considera las más perjudicadas en su capacidad de inversión a Salud (cuyo SAS dejó de recibir 48 millones de euros) y Obras Públicas y Transportes.

Pese a todo ello, el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, ante la inminencia del debate sobre el Estado de las Autonomías, ha asegurado este mismo fin de semana que espera que el presidente andaluz y del PSOE Federal decida plantarse en el mismo y recordar la importancia que tiene para Andalucía la cohesión nacional que a su juicio tanto peligro corre con el Estatuto catalán y que defienda a ultranza que los andaluces no son ni más ni menos que los catalanes y que ninguna Comunidad puede poner a través de sus reformar estatutarias en peligro la financiación autonómica andaluza, evitando con ello que tanto el propio Chaves como Rodríguez Zapatero traicionen los votos recibidos en estas tierras.

Y mientras tanto, desde Izquierda Unida en Andalucía se sigue propugnando una reforma del Estatuto en pie de igualdad con cualquier otro, o lo que es lo mismo, que no importa cómo pueda salir del Congreso cualquier estatuto siempre que esta Comunidad reciba lo mismo en denominación, derechos y competencias, olvidando con ello que la financiación no sería tan beneficiosa para este territorio y aprovechando para descalificar al PP o cuando menos a su capacidad para aceptar un Estatuto de máximos para la Comunidad andaluza.

En esta ocasión, los que menos preocupados por el asunto parecen son los andalucistas, quizás porque les llega en un momento en el que vuelven a vivir sus ya lamentablemente tradicionales problemas o debates internos que han provocado hace tan sólo unos días la dimisión de su portavoz en el Parlamento de Andalucía, José Calvo Poyato, basada en unos motivos personales y profesionales… para admitir pocos días después que su salida de la política había venido provocada por la victoria de Julián Álvarez en el último Congreso del partido.

Demasiadas incógnitas pues para definir cual puede ser la postura de los socialistas andaluces en un debate antes del cual algunas de sus aspiraciones expresadas en voz alta sobre más autogobierno y competencias han sido frenadas desde el Comité Federal, o al menos a través de la voz de algunos de sus miembros, justo antes de que se llegara a su comienzo.