El actual Estatuto de Autonomía de Canarias, también en reforma, no contempla la disolución anticipada del Parlamento regional. Si así fuera, a lo largo de los últimos veinte años de autonomía se habrían presentado innumerables situaciones que harían aconsejable una decisión de ese tipo.
La inestabilidad ha presidido casi siempre la situación política en Canarias, especialmente desde que en 1991 un vicepresidente, Manuel Hermoso, encabezara una moción de censura contra su propio presidente, Jerónimo Saavedra. Fue el nacimiento de lo que hoy es Coalición Canaria, federación de partidos que atraviesa desde hace dos años la crisis más importante de su historia y que ha transmitido a la gobernabilidad de las islas sus propias tensiones internas, existentes desde su creación.
Adán Martín, el actual presidente del Gobierno de Canarias, inició su mandato gracias a una crisis de considerables dimensiones en el seno de CC. La naturaleza misma de esa formación obliga a sus dirigentes a continuos encajes de bolillos, y antes de las elecciones de 2003 había que relevar al hasta entonces presidente regional, Román Rodríguez, por el que hasta entonces había sido su vicepresidente, Adán Martín. La batalla fratricida, que tiene de trasfondo el pleito insular (secular enfrentamiento entre Gran Canaria y Tenerife) se saldó con el triunfo del segundo y la ruptura de CC en Gran Canaria con la salida de Rodríguez, que ha constituido un nuevo partido, Nueva Canarias.
Con CC rota, Adán Martín, líder de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI-CC) inició su mandato en 2003 apoyándose en el Partido Popular, tal y como venía ocurriendo en las últimas legislaturas. Con tres consejeros populares sentados en el Consejo de Gobierno, CC se las prometía felices hasta que se produjo el triunfo socialista del 14 de marzo de 2004. Entonces comenzó una nueva inestabilidad, producto de la quiebra de uno de los preceptos fundamentales de la formación nacionalista: gobernar siempre con el inquilino de La Moncloa. Sin embargo, las reticencias a un pacto con los socialistas, unidas a los férreos acuerdos sellados con el líder del PP canario, José Manuel Soria, dilataron muchísimo la crisis de gobierno, producida en abril de 2005, más de doce meses después de la derrota de Rajoy.
Esta dilatada crisis se debe a un hombre imprescindible para entender una parte de lo que pasa en la política canaria, José Carlos Mauricio, muy conocido en los ambientes madrileños gracias al protagonismo que siempre tuvo en los acuerdos entre CC y el PP de Aznar en la anterior legislatura. Mauricio selló en Canarias un sorprendente pacto con José Manuel Soria consistente en garantizarle un reparto territorial del poder al líder conservador. Ya que Soria tiene su granero de votos en las islas orientales y ATI, el partido de Adán Martín, lo tiene en las occidentales, Mauricio propuso a Soria una operación similar a la de la UPN navarra que garantizara la perpetuidad del pacto de centro derecha en Canarias.
Todavía no había llegado el 14-M, y como ocurrió en el resto de España, nadie lo esperaba así. Soria aceptó el acuerdo a cambio de frenar cualquier posible crecimiento de su propio partido en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como contrapartida, sería el amo de cualquier decisión del Gobierno en la provincia de Las Palmas. Además, tras la crisis de CC en la provincia oriental, su formación camparía a sus anchas, sin más estorbos que los del PSC, por entonces sumido en su enésima crisis de liderazgo.
Pero ese paraíso de la upenización canaria se quebró con la victoria socialista. Pronto empezó la pérdida de confianza de CC en su socio canario, el PP, que adoptó con la máxima firmeza el manual de Génova de crítica radical a los socialistas. Los enfrentamientos entre el Gobierno de Canarias y el de Madrid no tardaron en producirse.
Además, los negocios apoyados por Soria en la provincia de Las Palmas minaban la credibilidad del Gobierno de Adán Martín. Entre otros, cabe destacar un decreto de creación de cinco nuevos casinos sólo en la provincia de Las Palmas (la consejera competente era del PP) con el fin de otorgar al menos una de esas licencias a un empresario muy vinculado a los conservadores y a Mauricio. Pero el negocio que quebró la confianza en el PP fue una operación urbanística de 300 millones de euros en el istmo de Las Palmas de Gran Canaria, aprovechando terrenos portuarios.
El Ministerio de Fomento y la Unión Europea se opusieron a la operación, denominada La Gran Marina, por haberse hecho con absoluta opacidad, eligiendo a dedo a los empresarios que harían el negocio y convocando un concurso arquitectónico restringido a seis arquitectos estrellas del firmamento internacional. Un informe del Consejo de Estado anulando el concurso acabó con el sueño de Soria, Mauricio y la alcaldesa de Las Palmas, la también popular Pepa Luzardo.
Fue la gota que colmó el vaso, y en abril pasado, Adán Martín destituyó a los tres consejeros del PP, no sin antes garantizarse un apoyo del Partido Socialista Canario, que ha elegido la fórmula de respaldar al Ejecutivo en el Parlamento sin entrar a gobernar. Este pacto le ha estado acarreando muchos problemas a la cúpula socialista, que tiene que explicar muy a menudo a sus bases determinadas decisiones de apoyo al eterno adversario. Pero también se ve en la tesitura de estar calmando a sus socios nacionalistas ante el rechazo a algunas medidas y la crítica pública a otras.
La inestabilidad continúa en el Gobierno, si bien es cierto que gracias a los apoyos del PSC, que quiere evitar a toda costa una reedición del pacto de centro derecha, hacía años que no se disfrutaba de cierta calma en la gobernabilidad de Canarias.
Pero un nuevo capítulo se empezó a escribir esta misma semana, cuando se ha puesto de manifiesto que el presidente Martín ha perdido la confianza en José Carlos Mauricio. Dada la habilidad política de este último, es imposible determinar en qué acabará esta nueva crisis.
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* Carlos Sosa es Director del periódico digital Canariasahora.com
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