En semejante contexto, creo que Convergència i Unió ha procurado en todo momento aportar serenidad al debate político. Forma parte de nuestra trayectoria contribuir sin apriorismos a todo cuanto favorece al interés general. En anteriores épocas de crispación, promovidas por unos o por otros, CiU siempre ha sido un bastión de estabilidad y un puntal seguro para los grandes objetivos: la superación de la crisis económica, el cumplimiento de los criterios de Maastricht... nada de ello hubiera sido posible si CiU se hubiese sumado alegremente a las políticas de confrontación y de desgaste. En este sentido, cabría afirmar que CiU ha sido la fuerza política con mayor sentido de estado desde el advenimiento de la democracia.

El 2006 marca el presumible ecuador de la actual legislatura. Lo que empezó siendo una promesa de cambio y de nuevas formas no ha sabido cuajar en proyectos concretos. La política efectiva no se reduce sólo a declaraciones y a la exhibición de propósitos encomiables. Empieza a ser hora ya que el talante se concrete en obra de gobierno. Existen muchísimas políticas sociales y económicas que abordar, entre ellas, por ejemplo, el tantas veces prometido Estatuto del Trabajador Autónomo. Resulta inaplazable una reforma fiscal, como mínimo en el impuesto de sociedades, que permita a nuestras empresas competir en igualdad de condi ciones con el resto de empresas europeas. Debemos emprender políticas serias y efectivas de investigación y desarrollo; debemos promover la estabilidad en el empleo, políticas de vivienda, de protección a la familia; medidas, en suma, que contribuyan al efectivo progreso y al bienestar de la sociedad. Y sin embargo, todas estas materias no se resuelven sólo con palabras ni tampoco con promesas. Tanto el tejido económico como la sociedad en su conjunto exigen seguridad y estabilidad, y uno de los grandes objetivos de cualquier Gobierno pasa por asegurarlas.

La serenidad también sería útil para debatir el Estatuto de Cataluña con objetividad y sin demagogia. El Estatuto de 1979 ha quedado notoriamente desfasado. El pacto territorial contenido en el Título VIII de la Constitución ha sido interpretado a menudo con cicatería desde las instituciones del Estado, y hoy en día Cataluña padece una situación que debe ser revisada sin demoras. En otros estados -por ejemplo la Alemania de los “lander”- el debate territorial se asienta sobre una clara información de los derechos y obligaciones, especialmente económicos, de cada parte. En España las balanzas fiscales resultan desconocidas y la inversión en algunos territorios se ejecuta sólo parcialmente y con retraso. Sin embargo, unos y otros hemos abordado la cuestión con demasiados apriorismos, a veces sin sensibilidad respecto de los sentimientos ajenos, sin empatía. Hemos sustituido el diálogo por los eslóganes, y el entendimiento por la demagogia. El 2006, también en este punto, debería ser un año de encuentros y de provechoso consenso.

En definitiva, hay mucho trabajo por hacer y muchas líneas por enderezar. Convendría iniciar el año invocando al sentido común: cada uno, desde su particular parcela, haría bien en rehuir el enfrentamiento y en buscar fórmulas útiles para al interés general. Las sociedades realmente avanzadas no tienen un gobierno que se instale en las vaguedades ni una oposición que, e n lugar de ejercer su cometido de control y alternativa, se dedique a crispar y se ubique en la demagogia. La sociedad no puede avanzar si cada formación política abandona sus responsabilidades y se dedica a pensar sólo en estrategias electorales de poco alcance. A corto plazo, este 2006, deberíamos dedicarlo al sentido común, es decir, a la única vía para ganar el futuro.