El principal reto de la legislatura es el empleo en calidad y en cantidad. Ir atajando los ingobernables niveles de temporalidad y de siniestralidad laboral, además de abordar la necesaria y digna incorporación de la mujer al mercado laboral, junto a los jóvenes, discapacitados e inmigrantes, en condiciones de igualdad. Hasta hoy, cerca del ecuador de la legislatura, poco hemos avanzado. Persisten los problemas y las soluciones planteadas por el gobierno sólo son útiles para que las empresas puedan contratar de forma menos comprometida, despedir con menos trabas administrativas y judiciales y además pagar menos indemnización por destruir empleo. En suma, en un recorte de derechos laborales y en un mayor abandono de los trabajadores a su suerte.
Es más las propuestas realizadas por el ministerio de Trabajo, en el marco de la “cuasi fallida” Mesa de Diálogo Social han supuesto “un jarro de agua fr ía”, tanto para la izquierda social, como para la izquierda política que colaboró definitivamente para favorecer un nuevo gobierno y con él una nueva forma de reparto más justo de la riqueza que entre todas y todos generamos en un país que no ha dejado de crecer en los últimos 11 años.
El crecimiento ha sido desequilibrado y con un impacto muy desigual. Mientras los salarios vienen perdiendo peso en el conjunto del PIB, los beneficios empresariales conquistan cotas históricas. Es más, el crecimiento se ha sostenido fundamentalmente por el consumo interno y la especulación inmobiliaria en el sector de la construcción. Así, las familias trabajadoras ante el elevado precio del alquiler y el asequible precio del dinero, se han endeudado hasta niveles que dan escalofríos mediante la compra de viviendas en un periodo de plena efervescencia especuladora protagonista de la “burbuja inmobiliaria”. Ciudadanos que ya compraron sus viviendas por encima del precio real, y que ahora van a poder ver encarecidas sus hipotecas debido a la previsible variación al alza de los tipos de interés en los próximos meses.
En el plano fiscal tampoco es muy alentador el mensaje del gobierno, con promesas de reducciones fiscales a las rentas más altas, tal como hizo el PP en anteriores legislaturas, o en el Impuesto de Sociedades de forma indiscriminada, sin tener en cuenta ni el empleo, ni su calidad, ni el cumplimiento de las leyes en materia de contratación o de prevención de riesgos laborales. Un modelo que arropa la idea clásica de que seamos el país óptimo para aquellas empresas especuladoras que tienen como objetivo central conseguir el máximo beneficio a corto plazo, con mano de obra de bajos costes y empleo temporal, con un bajo nivel de exigencia de cumplimiento legal, con niveles de productividad laboral por los suelos, y todo ello con el ribete de país moderno en crecimiento.
Así no puede continuar la segunda parte de la legislatura. Un gobie rno progresista debe medir su eficacia en términos sociales y de calidad y cantidad de empleo. Izquierda Unida trabajará en esta dirección, favoreciendo un nuevo impulso para nuestra economía, y tratando de influir en el gobierno y en la sociedad en el sentido de crecer de forma sostenible y buscando la mayor equidad en este crecimiento.
Un primer paso será la futura Ley de Dependencias, de carácter universal, tanto por vertebradora de una nueva política social, que aproxime nuestros niveles de atención, cobertura y gasto al de la UE. Como por su capacidad de generar empleos estables y de calidad en las políticas de atención a los más de 3 millones de personas dependientes, hoy en gran medida desasistidas por el sistema. Esta es una puerta real para favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes a un empleo digno y de calidad.
En la lógica medioambiental de desarrollo de políticas energéticas alternativas, también deben favorecerse nuevas expectativas de empleo estable y con proyección de una sociedad que cuida su entorno y desarrolla de forma limpia las potencialidades de sus recursos naturales.
Y sin ser incompatible con lo último, en el próximo año deben sentarse las bases para una política industrial sostenible y solvente, bien ordenada, con participación de todos los niveles de la administración y las organizaciones sindicales, pegada a las posibilidades de nuestras regiones con mayor tradición industrial, con financiación mixta, con elevados niveles de inversión en Investigación, Desarrollo, e innovación. Es necesaria una política industrial propia, que ofrezca alternativas competitivas y genere empleos reales como alternativa del empleo que se deslocaliza o se amortiza, en función de proyectos empresariales meramente especulativos.
Por tanto el gobierno debe dar un giro a lo social y un compromiso por el empleo decente, como eje básico de un país moderno, solidario y comprometido con todas y todos sus ciudadanos, capaz de redistrib uir con justicia y sentido común la riqueza que genera.
___________________________
* Javier Alcázar Medina es Coordinador Ejecutivo Federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida.
|
