El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, anunció en el debate de investidura que una de sus prioridades sería la de realizar una política social que respondiera a las necesidades de los ciudadanos. Ese había sido el compromiso electoral adquirido y ese sería el principal criterio de actuación. A cumplir ese empeño, precisamente, nos hemos dedicado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en los últimos veinte meses. Y lo hemos hecho gustosos, con dedicación y esfuerzo, y conscientes de nuestra gran responsabilidad.
Aunque los objetivos eran ambiciosos y queda aún mucho por hacer, la “apuesta social" de este Gobierno ya ha dado sus primeros frutos: en empleo se ha producido uno de los mayores avances de las últimas décadas y tenemos la tasa de paro más baja desde los años setenta del siglo pasado (8,4%); las pensiones más bajas han experimentado la mayor subida de la historia (casi un 16 % desde abril de 2004) y, gracias a una política de inmigración firme y dialogada, ha sido posible legalizar a 600.000 inmigrantes que se hallaban en España en situación de plena ilegalidad.
Se ha avanzado asimismo en la lucha contra la siniestralidad laboral, en la que se ha emprendido un Plan de Actuación para la mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se ha fortalecido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en las políticas contra la violencia de género y por la igualdad entre sexos y en las de atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Sobre todo, fieles a la palabra dada, y tras un intenso proceso de diálogo, entramos en el nuevo año con el anteproyecto de la Ley de Autonomía Personal y de Atención a las Personas Dependientes sobre la mesa.
La trascendencia para la sociedad española de este gran proyecto, que ya ha aprobado el Gobierno, es mucha. No es exagerado decir que nos encontramos en un momento histórico: más de 1.350.000 personas dependientes, mayores o con discapacidad, se beneficiarán de un nuevo derecho social, llamado a constituir el “cuarto pilar” del estado del bienestar. Es el pago de la deuda que tenemos con aquéllos que no pueden valerse por sí mismos y con sus familias, que, hasta ahora, venían soportando sin apenas ayudas públicas la carga que supone su atención. Por fin, se han sentado las bases del Sistema Nacional de Dependencia que, además, contribuirá a la mejora económica de nuestro país con la creación de más de 300.000 empleos
En 2006, todas estas políticas se van a mantener y redoblar. Los Presupuestos Generales del Estado contemplan un crecimiento del gasto en políticas sociales de casi un 11 %, con respecto a 2005. La “apuesta social” tiene su más claro exponente en que, por segundo año consecutivo, los Presupuestos Generales del Estado dotan a estas políticas con más del 50 % de sus recursos.
La traducción inmediata de este significativo incremento se va a ver, por ejemplo, en que tres millones de pensionistas, los que perciben las pensiones más bajas, se beneficiarán, por segundo año consecutivo, de una subida similar o, incluso, mayor a la del año pasado; que la formación continua alcance a tres millones de trabajadores y la formación para el empleo a más de 400.000 desempleados; que con los programas de turismo social viajen un millón de personas mayores en 2006 o que las mujeres españolas vean mejorada su situación con un presupuesto diez veces mayor que en 2004, 243 millones de euros, 200 de ellos para la puesta en marcha de la futura Ley de Igualdad.
En definitiva, aunque todavía queda camino por recorrer, podemos estar seguros de que lo hacemos por la senda correcta. El cumplimiento del compromiso adquirido con los ciudadanos en periodo electoral es la “estrella” que nos marca el destino de nuestra empresa: dar respuesta a las necesidades sociales de los españoles. Así, entre todos, haremos una sociedad más justa y solidaria.
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* Jesús Caldera es ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
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