La Justicia es, debe ser, igual para todos. Para el delincuente común y para el delincuente político. El asesinato ha de calificarse por igual para unos y para otros, y por ello no resulta admisible para la sociedad española la excarcelación prematura de algunos asesinos múltiples de ETA, beneficiados por unos criterios de reinserción excesivamente benignos. Pero hay que cuidar también, a la hora de interpretar esta igualdad, de no extremar el rigor contra unos, por ser delincuentes políticos, frente a otros cuyas transgresiones tienen otro carácter.
Lo primero de todo, porque no debería existir distinción entre unos y otros. En España no hay delincuentes políticos: hay personas que violan los supuestos del Código Penal. No me parece, por tanto, que un personaje como Arnaldo Otegi, cabeza visible de un partido ilegalizado, deba ser tratado por el juez o por el fiscal de manera especial simplemente por ese carácter. Pertenecer, o haber pertenecido, a un partido ilegalizado no es delito si no se cometen actos delictivos. Otegi ha sido llamado por el juez porque, presuntamente, ha quebrantado las normas de la libertad condicional al haber organizado una huelga (bastante fallida, por cierto) de la que se derivaron disturbios.
¿Se encarcelaría con tanta premura y publicidad a alguien sobre quien pesase la misma presunción de haber cometido los delitos que se achacan a Otegi? No estoy seguro de que todos los jueces actuasen en un mismo sentido: unos se inclinarían por pedir prisión con fianza y otros no lo harían, probablemente. El magistrado Grande-Marlaska, en una sin duda a su parecer recta interpretación de sus atribuciones, y sin atender a petición fiscal, se inclina por el encarcelamiento del hoy aún enfermo Otegi. Probablemente acabe por llevarle a la cárcel, de donde el dirigente batasuno saldrá a las pocas horas o a los pocos días tras pagar la fianza, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. En todo caso, no me parece obligatorio llevar a Otegi a prisión, por más que mucha gente pudiera desear que se le prive de libertad: no es precisamente una figura que pueda suscitar simpatías en la sociedad española, y desde luego no las de quien suscribe.
Pero una cosa es una cosa y otra, otra. El juez, que decidió atender los informes médicos y aplazó hasta el próximo miércoles la comparecencia del líder batasuno, se inclina, parece, por una de las dos posibilidades: decretar prisión. Entonces se acusará al juez Grande-Marlaska de estar boicoteando el proceso de paz, cuyo inicio ha comenzado a apuntarse tras los dos comunicados de ETA de esta semana. Y sin duda que en el ánimo del juez no se halla producir tal boicot, aunque las consecuencias del encarcelamiento de Otegi pudieran derivar en algún tropiezo en el camino de la pacificación del País Vasco, algo que, por lo demás, Batasuna niega.
El debate sobre la aplicación estricta de la ley, o su adaptación a las circunstancias (y debemos convenir que estamos ante circunstancias verdaderamente extraordinarias), está planteado desde hace mucho tiempo: 'summa lex, summa iniuria'. El motivo de la aplicación de las leyes no es, no debe ser, de acuerdo con las teorías garantistas a las que España se acoge, la venganza de la sociedad contra el delincuente, sino procurar mantener un orden social justo, equilibrado y lógico, al tiempo que la reinserción de ese delincuente. Aunque sé que el tema es motivo de fuerte controversia, pienso que la ley no puede ser motivo de escándalo ni producir males mayores de los que trata de evitar. Juzgue el lector, a la vista de estas consideraciones, si Otegi, cuya vulneración de las normas ha sido tan frecuente de manera impune (cada conferencia de prensa, acto público o manifestación de un partido ilegal va, lógicamente, contra la ley), debe ser encarcelado ahora, precisamente ahora.
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