En el fondo de lo que se llama “nuevo escenario” creado por el gesto de ETA hay un choque frontal. Ahora político-jurídico, que parece destinado a sustituir al de la violencia. Ya es un paso importante este cambio de terreno de juego, siempre que se confirme que va en serio y que detrás no seguirán estando intactas las pistolas -como están- tutelando las demandas etarras en una posible negociación. El choque, o enfrentamiento, en este caso sería incruento -¡ojalá!, sin víctimas-, pero seguiría, o seguirá, siendo radical.
Los dos comunicados de ETA reclaman insistentemente “la democracia”, y las “vías democráticas” para lograr sus objetivos. El Gobierno y los partidos políticos hablan también de democracia, y de vías democráticas para todo hipotético proceso negociador. ¿Es que hay dos democracias y dos vías democráticas: la de los etarras y la constitucional? Esta es y seguirá siendo el fondo de la cuestión, aunque haya una tregua “permanente” de la violencia. A parte de la ambigüedad de la palabra “permanente”: cuando alguien va a la peluquería a hacerse la “permanente” sabe que ésta no es definitiva, y que deberá volver al cabo de un tiempo. No confundir los términos.
El choque, aunque sea en el terreno de ausencia de violencia –¡bien venida sea!- se producirá, pues entre las dos ideas de “democracia”: la etarra y la de la Constitución.
No parece que las dos coincidan, ni puedan coincidir. Ni como objetivo, ni como punto de partida, ni siquiera como camino para la “pacificación” y resolución del llamado “problema vasco”. Resulta difícil vislumbrar un punto de arranque o de encuentro para el verdadero “inicio del principio del fin” del conflicto. Alguna de las dos concepciones de “democracia” habrá de ceder ante la otra. Como ETA considera irrenunciables sus objetivos soberanistas, por los que tanta sangre ha derramado, y para garantizar la consecución de los cuales no entrega aún las armas, ni lo anuncia, todo apunta que, en esta situación o escenario, algún “precio político” habrá que pagar; y un “precio político”, en este caso, no parece pueda ser otro que alguna renuncia substancial (que difícilmente podrá ya ser encubierta) por parte de la democrácia constitucional.
Es decir, el actual Estado de derecho, que conforma la democrácia en que vivimos, votada por la soberanía popular de los españoles, puede verse amputado en alguna concesión (“precio político”); por tanto nuestra democracia cedería, de alguna manera, a la pretendida “democracia” reclamada por los terroristas. El “precio político” -difícilmente evitable- significaría como reconocer que no estamos “en democracia” o que se renuncia a parte de ella para satisfacer a la reclamada “democracia” etarra.
Quizás estrenos en tiempo de no violencia -¡bienvenido sea!-, de lo que no saldremos indemnes probablemente es del choque frontal de dos concepciones y realidades políticas, jurídicas y vitales antagónicas. Es la hora de la verdad.
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* Wifredo Espina es periodista y ex director del Centre
d'Investigació
de la Comunicació, Generalitat de Cataluña
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