Ha pasado desapercibida la proposición de ley, aprobada por el Senado en sesión plenaria, que modifica la ley antitabaco en vigor. Nuevamente, Convergencia i Unió ha tomado la iniciativa, previamente consensuada con el PSOE a pesar de que el partido que sostiene al Gobierno votó en contra. La senadora Aleixandre i Cerarols, de CiU, defendió este texto que altera la disposición adicional quinta de la mencionada ley y que se refiere a la venta libre de tabaco en puestos fronterizos. Y para ello hizo dos preguntas en el pleno de la Cámara Alta: ¿Sabe la ministra de Sanidad, Elena Salgado, que desde hace unos meses vienen desde el Reino Unido a Gerona, en vuelos de bajo precio y dos veces por semana, exclusivamente a comprar tabaco? ¿Cómo lo va a evitar?
De nada sirvieron las razones que expuso el senador socialista Palacios, que fue contestado por la senadora nacionalista vasca Loroño, el senador Espasa (Entesa Catalana de Progrés) y por la senadora Mendiola (Grupo Popular). Así las cosas, resulta que la nueva disposición adicional quinta de la ley antitabaco dice, entre otras cosas, que “los establecimientos autorizados como puntos de venta con recargo, situados en municipios fronterizos terrestres con dependencias aduaneras, podrán continuar desarrollando su actividad de venta de tabaco”.
El 7 de abril termina el plazo de presentación de enmiendas en el Congreso a esta proposición de ley del Senado y no es aventurado predecir que el Partido Popular aprovechará para hacer ruido contra la ley antitabaco que, según reconocen algunos de sus dirigentes en privado, se equivocaron al votar a favor de la misma. ¿Aprovecharán esta ocasión Ana Pastor y Mario Mingo para insistir en que no es una ley sanitaria, sino política? Sin duda, no es el último capítulo que se ha escrito sobre la polémica ley 28/2005.
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