Era un secreto a voces desde hace mas de una década pero todos miraban a otro lado. El olor a podrido en Marbella era tal que se había hecho incluso imperceptible para quienes con su voto quitan y ponen alcaldes. Ahora después de la detención de la alcaldesa y su clan de mafiosos los ciudadanos han salido a la calle para manifestarse contra la corrupción y, sin duda, muchos de los que gritaban habían ayudado con su voto a que Marisol Yagüe, la alcaldesa detenida, llegara al poder al igual que en su día lo hizo el fallecido Jesús Gil y luego Julián Muñoz. Marbella es una ciudad sin ley donde 'todo vale' al amparo de las irregularidades urbanísticas.

Ahora la fiscalía anticorrupción ha tomado cartas en el asunto, y según nos cuentan el valor de los bienes incautados a las 23 personas detenidas se ha cifrado en la impresionante cantidad de 2.400 millones de euros. En los registros se ha intervenido de todo: obras de arte de los mas prestigiosos pintores, caballos de pura cepa, armas, helicópteros, grandes cantidades de dinero... en fin todo eso que representa el lujo en su versión hortera al estilo de las series televisivas americanas.

Todo el mundo sabía que lo de Marbella iba a estallar tarde o temprano, porque esa zona del sur era una disfunción, una aberración demócratica en toda regla, pero han sido demasiados años en los que no se ha querido remover la mierda para no tener que entonar el 'mea culpa'. Los distintos gobiernos de la nación se han limitado a cruzarse de brazos y la Junta de Andalucía ha hecho lo propio. Es verdad que el gobierno regional de Chaves ya arrebató al ayuntamiento las competencias urbanísticas pero no se decidió a dar el paso que ahora obligadamente debería dar: disolver la corporación y convocar elecciones. De hecho un asunto como este, está contemplado en la ley de régimen local, que establece que el consejo de ministros, previo acuerdo del Senado, podrá proceder a disolver un ayuntamiento en el supuesto de que su gestión sea gravemente dañosa para los intereses generales y suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. ¡En fin! un artículo hecho como anillo al dedo para este caso.

Algunos argumentan que hay razones jurídicas que impedirían en este momento- hasta que nos se aclare la participación de los detenidos en graves delitos de malversación, cohecho y tráfico de influencias- dar un paso en este sentido, pero hay que hacer todo lo legalmente posible por disolver la corporación. Si se nombrara una gestora hasta las elecciones municipales, esta quedaría integrada por los mismos partidos y pseudopartidos que ganaron las últimas, sobre los cuales recae la sospecha de corrupción e incluso podrían poner serios obstáculos para que se ejerciera fácilmente la acción de la justicia. Convocar o no elecciones es solo una cuestión de voluntad política y la Junta de Andalucía debería ser la primera interesada en no alargar por mas tiempo esa imagen corrupta y denigrante de una de las localidades más turísticas de España, acorralada y empozoñada por la corrupción y donde la mafia campa a sus anchas.