Entre las ventajas están el estatus protocolario que conservan, la posibilidad de ser miembros del Consejo de Estado, un sueldo vitalicio del ochenta por ciento del que cobraban cuando estaban en ejercicio, un despacho y un reducido equipo de apoyo que incluye secretaria, coche oficial conductor y escolta.

Entiendo que es una previsión correcta y adecuada a la dignidad del cargo que ostentaron y, en consecuencia, nada que comentar.

A partir del momento en que dejan de ser Presidentes disponen de todo su tiempo para dar conferencias con un nada despreciable caché, viajar y convertirse en asesores -a veces en conseguidores- de empresas multinacionales o grandes capitostes mundiales. Aquí sí tendría algo que comentar, pero hoy no toca.

El problema de algunos ex Presidentes es que no contentos con todas esas ventajas echan de menos que se tengan en cuenta sus opiniones dentro de lo que es la política interna del país y, de vez en cuando tiene una salida de pata de banco que compromete a su propio partido, porque la gente entiende que sus opiniones influyen en la toma de decisiones que ya no les competen.

Para ser justos los dos únicos ex presidentes que han tenido la prudencia de guardar silencio han sido Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo.

Felipe González, que ha vuelto a ser prudente, tuvo un tiempo de incontinencia verbal.

En cambio Aznar disfruta sentando cátedra y, aunque como ciudadano libre, está en su derecho de decir lo que le venga en gana, hay cosas que por coherencia política y democrática nunca se pueden decir.

El ex Presidente del PP se ha manifestado a favor de que se ejecute la condena a muerte en la horca del dictador iraquí Sadam Hussein, con el argumento de que “ un tribunal independiente lo ha decidido así, y porque Sadam tiene las suficientes culpas para pagarlo de esa manera" .

Las dudas sobre la independencia y no contaminación del tribunal que ha juzgado al criminal Sadam, son más que razonables, y así lo han expresado no pocos juristas internacionales, pero hay más: la pena de muerte es inconstitucional en España y nadie, salvo la ultraderecha, defiende su reposición legal.

G uardar silencio es una virtud y en ocasiones una obligación a la que se deberían atener los ex presidentes, porque sus opiniones salpican al país que representaron y a la opción política a la que pertenecen.